Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- La historia reciente de México demuestra que la represión de los movimientos sociales rara vez resuelve los conflictos; por el contrario, suele profundizarlos, radicalizarlos y convertirlos en crisis políticas de mayores dimensiones sociales.
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La protesta social constituye uno de los pilares fundamentales de los regímenes democráticos. Está protegida por la Constitución mexicana y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.
La creciente presión social derivada de las movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México ha colocado nuevamente sobre la mesa un viejo y peligroso debate en vísperas del Mundial de Futbol: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar la libre circulación sin vulnerar el derecho constitucional a la protesta?
La respuesta parece sencilla en el terreno jurídico, pero se vuelve compleja cuando la irritación ciudadana, el desgaste político y la presión mediática alimentan la tentación autoritaria de recurrir a la fuerza pública para desalojar manifestaciones como ha ocurrido en la capital del país, condenada por la líder de la Sección 22, Yenny Pérez.
En medio del conflicto entre el Gobierno Federal y los sectores movilizados del magisterio vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han surgido voces que exigen una intervención policíaca contundente para liberar vialidades, desbloquear edificios públicos y restablecer la normalidad en la capital del país.
Sin embargo, la historia reciente de México demuestra que la represión de los movimientos sociales rara vez resuelve los conflictos; por el contrario, suele profundizarlos, radicalizarlos y convertirlos en crisis políticas de mayores dimensiones.
La molestia de millones de ciudadanos afectados por bloqueos, marchas y plantones es legítima. La afectación económica para comerciantes, trabajadores y empresas también es real. No obstante, la utilización de la fuerza como respuesta principal puede transformarse en un error estratégico de enormes proporciones para cualquier gobierno que pretenda mantener estabilidad política y legitimidad democrática.
La protesta social constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático. Está protegida por la Constitución mexicana y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. Cuando un gobierno opta por la represión antes que por la negociación, corre el riesgo de enviar un mensaje de intolerancia política incompatible con los principios democráticos.
México posee una larga memoria colectiva de episodios donde la utilización de la fuerza pública dejó heridas profundas en la sociedad. Desde los movimientos estudiantiles del siglo XX hasta conflictos magisteriales más recientes, las acciones represivas han terminado generando costos políticos superiores a los beneficios inmediatos que se buscaban obtener.
En este contexto, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una delicada prueba de gobernabilidad. La presión para actuar con firmeza crece conforme aumentan las afectaciones a la vida cotidiana de los habitantes de la capital. Pero actuar con firmeza no necesariamente significa actuar con violencia.
La verdadera fortaleza del Estado democrático se mide por su capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos, incluso cuando estos resultan políticamente costosos. Reprimir puede parecer una solución rápida; negociar requiere paciencia, habilidad política y disposición para asumir compromisos.
Existe además un elemento político que no puede ignorarse. Las imágenes de un eventual enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y maestros tendrían un impacto inmediato en la opinión pública nacional e internacional. En la era de las redes sociales, cualquier uso excesivo de la fuerza se multiplica instantáneamente y puede convertirse en un símbolo de abuso gubernamental.
Paradójicamente, una acción represiva podría fortalecer a los sectores más radicales del movimiento magisterial, otorgándoles una legitimidad que quizá no lograrían alcanzar mediante sus propias acciones de protesta. La victimización de los manifestantes suele convertirse en un poderoso catalizador de solidaridad social y respaldo político.
Por otro lado, tampoco puede ignorarse que los derechos no son absolutos. El derecho a manifestarse convive con otros derechos fundamentales, como la libertad de tránsito, el acceso al trabajo, la educación y los servicios públicos. La responsabilidad de las autoridades consiste precisamente en encontrar un equilibrio razonable entre derechos que, en determinadas circunstancias, entran en tensión.
El desafío consiste en evitar que el conflicto derive en una lógica de confrontación donde cada parte considere al adversario como enemigo. Cuando los gobiernos comienzan a ver a los manifestantes como amenazas y los manifestantes consideran al Estado como un aparato represor, el espacio para las soluciones institucionales se reduce peligrosamente.
La experiencia internacional demuestra que los conflictos sociales más complejos rara vez se solucionan mediante el uso de la fuerza. La negociación puede ser lenta, desgastante e incluso frustrante, pero suele producir resultados más duraderos que la imposición coercitiva.
Hoy, más que nunca, la prudencia política resulta indispensable. En un país marcado por profundas desigualdades sociales, tensiones económicas y desafíos de gobernabilidad, cualquier decisión que privilegie la represión sobre el diálogo corre el riesgo de echar gasolina al fuego de un conflicto que ya de por sí mantiene elevada la temperatura política nacional.
La disyuntiva no es entre orden o caos, ni entre autoridad o debilidad. La verdadera elección consiste entre fortalecer la democracia mediante el diálogo o debilitarla mediante la fuerza. Y esa decisión podría marcar el rumbo político del país durante los próximos años.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
