Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- El hartazgo ciudadano frente al delito es legítimo; la violencia y el linchamiento no lo son. La justicia por propia mano es también un síntoma de la pérdida de confianza en las instituciones.
- Mandos y elementos de las corporaciones policíacas no desconocen la identidad de los padrinos políticos y de los delincuentes comunes y organizados que trabajan para ellos en Oaxaca.
Algo muy grave está ocurriendo en la capital oaxaqueña cuando los ciudadanos dejan de confiar en que la autoridad pueda protegerlos y comienzan a hacer justicia por propia mano.
El episodio registrado en el Periférico de Oaxaca, a un costado de la Central de Abasto, donde comerciantes y ciudadanos retuvieron, golpearon y amarraron a un poste de semáforo a un hombre señalado por presunto robo, no puede reducirse a la anécdota de un delincuente sometido por sus víctimas. Es, sobre todo, una señal de alarma.
Porque cuando la ciudadanía decide que la calle es tribunal, que el golpe sustituye a la investigación y que el poste se convierte en celda, el problema deja de ser únicamente la delincuencia: comienza a resquebrajarse el Estado de derecho.
Conviene decirlo sin ambigüedades: el hartazgo ciudadano frente al delito es legítimo; la violencia y el linchamiento no lo son. Una sociedad democrática no puede aceptar que la frustración acumulada termine convirtiéndose en licencia para castigar físicamente a una persona, sea culpable o inocente, sin investigación, defensa ni sentencia.
Pero tampoco sería serio quedarse en la condena moral contra quienes reaccionaron. ¿De dónde nace ese hartazgo?
Nace de comerciantes que todos los días enfrentan robos, extorsiones y pérdidas; de ciudadanos que sienten que denunciar no siempre significa obtener justicia; de víctimas que perciben que el delincuente puede regresar a la calle antes de que ellas hayan terminado de recuperarse del agravio.
Y ahí está la verdadera dimensión política del problema. La justicia por propia mano es también un síntoma de la pérdida de confianza en las instituciones.
Si un comerciante considera más eficaz amarrar a un presunto ladrón a un poste que entregarlo a la autoridad, algo está fallando. Si una víctima piensa que denunciar es perder tiempo, algo está fallando. Si una comunidad llega al extremo de asumir funciones policiales y judiciales, algo está fallando. La respuesta, por supuesto, no puede ser permitir la barbarie.
El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza precisamente para impedir que la violencia se multiplique. Si cada víctima se convierte en juez y cada ciudadano en ejecutor, la sociedad entra en una espiral donde mañana cualquiera puede ser señalado, golpeado y castigado sin pruebas.
Hoy fue un presunto ladrón. Mañana puede ser una persona inocente confundida con un delincuente. Por eso resulta indispensable distinguir entre la legítima participación ciudadana y el linchamiento.
La ciudadanía puede detener a una persona sorprendida en flagrancia y ponerla inmediatamente a disposición de la autoridad, conforme al marco legal aplicable. Lo que no puede convertirse en normalidad es golpearla, humillarla, torturarla o imponerle una pena anticipada.
La diferencia es fundamental: detener para entregar a la autoridad es participación ciudadana; golpear para castigar es justicia por propia mano.
Y Oaxaca no puede acostumbrarse a ninguna de las dos caras extremas del fracaso: ni al crecimiento de la delincuencia ni a la proliferación de los linchamientos.
El caso del Periférico debe ser una llamada de atención para los tres niveles de gobierno. La seguridad pública no se mide únicamente por el número de patrullas que llegan después de una emergencia. Se mide por la capacidad de prevenir el delito, responder con rapidez, investigar eficazmente, detener conforme a derecho y lograr que las víctimas encuentren justicia.
Porque una policía que llega tarde deja un vacío. Y cuando ese vacío permanece demasiado tiempo, alguien termina ocupándolo. Ese alguien puede ser una organización criminal. O puede ser una multitud. Ninguna de las dos alternativas es compatible con un Estado democrático.
La Central de Abasto y sus alrededores requieren una estrategia integral de seguridad, no únicamente operativos reactivos. Se necesita inteligencia policial, vigilancia preventiva, coordinación institucional, atención a las víctimas, investigación de los delitos y una política eficaz para recuperar los espacios públicos.
También hace falta algo que suele olvidarse: escuchar a los comerciantes. Ellos conocen las zonas donde ocurren los robos, los horarios, las modalidades y, muchas veces, los patrones que la autoridad tarda meses en identificar. Incorporar esa información a una estrategia de inteligencia puede ser mucho más eficaz que esperar a que el conflicto explote.
Tampoco los mandos y elementos de las diversas corporaciones policíacas desconocen la identidad de los padrinos políticos y gubernamentales, jefes reales y verdaderos de los delincuentes comunes y organizados que trabajan para ellos, así como de la identidad de estos últimos.
Pero la ciudadanía también tiene una responsabilidad. El cansancio frente a la delincuencia no puede convertirse en permiso para ejercer violencia. La indignación debe transformarse en organización, denuncia, vigilancia ciudadana y exigencia de resultados.
El gobierno, por su parte, tiene una obligación todavía mayor: demostrar que denunciar sirve, que investigar sirve y que la ley se aplica. Porque cuando la gente cree que la autoridad no puede o no quiere hacer justicia, la tentación de hacerla por cuenta propia crece peligrosamente.
El poste donde fue amarrado el presunto ladrón debería servirnos como símbolo de algo mucho más profundo: no es ahí donde debe estar amarrada la justicia; la justicia debe estar firmemente anclada en las instituciones.
Oaxaca no necesita ciudadanos convertidos en verdugos. Necesita ciudadanos protegidos por la ley. Y necesita autoridades capaces de hacer algo elemental pero decisivo: que quien robe sea investigado, juzgado y, si resulta responsable, sancionado; y que quien sea inocente tenga garantizado su derecho a demostrarlo.
Porque cuando la justicia abandona las instituciones y se traslada a la calle, todos terminamos perdiendo. La delincuencia no puede gobernar la ciudad. Pero tampoco puede hacerlo la turba. El único gobierno legítimo debe ser el de la ley.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
