Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* La Ombudsperson, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, reveló que las autoridades federales y locales que debían protegerlo extraviaron las denuncias presentadas por el periodista Alejandro Leyva Aguilar.
* La Fiscalía General de la República (FGR) y del Estado de Oaxaca (FGEO) extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas desde 2025 por el periodista ejecutado el pasado 22 de julio.
Con la condena internacional de la Unión Europea, Noruega y Suiza, por la ejecución del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar escala la presión contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum en México y de Salomón Jara en el Gobierno de Oaxaca. La demanda global es ¡JUSTICIA!
La condena global por el crimen, se sumó a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y Libertad de Expresión como Amnistía Internacional, ONU-Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Comité de Protección a Periodistas.
Son altamente explosivas por alarmantes las brutales revelaciones de la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de que extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas por el comunicador.
Durante una conferencia de prensa, la Ombudsperson denunció que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas por el periodista ejecutado el pasado 22 de julio.
La denuncia de la Ombudsperson pone el dedo en la purulenta llaga de la irresponsabilidad de las Fiscalías, sobre todo, de la General de la República y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Asimismo, exhibe la verdad desnuda sobre el verdadero problema de fondo en la procuración y administración de justicia en Oaxaca y en México, la impunidad agravada por la creciente inseguridad y cada vez más brutal violencia solapada por la escandalosa corrupción oficial.
Ante la evidente, pública y notoria negligencia, documentada por el organismo defensor de derechos humanos de Oaxaca, obligado es preguntar ¿Fue el Estado? ¿Es un crimen de Estado la ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar por la reiterada omisión de protección?
Los crímenes de Estado por omisión ocurren cuando las autoridades no actúan para proteger los derechos humanos, permitiendo daños graves o permitiendo la impunidad. El Estado tiene el deber legal e internacional de proteger a la población frente a riesgos y agresiones.
Comisión por omisión: No impedir un daño grave, cuando se tiene la obligación de evitarlo, equivale jurídicamente a causarlo. Violación de deberes: Incluye la falta de prevención, investigación negligente o la tolerancia de la violencia de terceros como el crimen organizado y el narcotráfico.
¿Quién ordenó su ejecución y por qué? ¿A quién beneficia el crimen?
No menos obligado es preguntar: ¿Quién ordenó su ejecución y por qué? ¿A quién beneficia el crimen? ¿Qué intereses políticos de continuidad o alternancia electoral afectó? ¿Qué callos económicos piso y qué negocios millonarios echó a perder con sus denuncias sobre narcopolíticos?
Desde julio de 2025, Leyva solicitó medidas de protección ante la FGR por las amenazas recibidas. La denuncia fue turnada a la Fiscalía de Oaxaca, sin embargo, la DDHPO, nunca recibió el seguimiento correspondiente, pese a sus insistentes gestiones realizadas en cinco ocasiones.
La omisión por negligencia alcanzó un nivel mucho más preocupante cuando, en abril de 2026, la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca sugirió al periodista volver a presentar una denuncia, al no localizar el expediente original, que finalmente apareció ante la presión de la Defensoría.
A pesar de las solicitudes del periodista oaxaqueño para ser incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tampoco obtuvo respuesta positiva para salvaguardar su integridad y vida.
Para evitar que se haga realidad la terrorífica pregunta que flota en el medio periodístico tras la ejecución de Francisco Alejandro Leyva Aguilar: ¿Quién sigue? Urge reforzar de inmediato las medidas preventivas, mientras se aprueba la “Ley Alejandro“ de Protección a Periodistas.
Un grupo de periodistas impulsamos una propuesta integral que involucra a pueblo y gobierno de con participación de todos los interesados en la elaboración de la Iniciativa la Ley de Protección a Periodistas, con enfoque de defensa de derechos humanos, libertad de expresión y de las mujeres.
Tomemos la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Salomón Jara que la ejecución del periodista Alejandro Leyva no quedara impune y que se agotarán todas las líneas de investigación hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y tope donde tope. ¡Justicia!
Es reclamo justo mejorar las medidas preventivas y protocolos de protección de la integridad física y vida de los periodistas, mediante la eficaz y eficiente coordinación de las corporaciones policíacas, y la aprobación de la “Ley Alejandro” de Protección a los Periodistas de Oaxaca.
Sería muy grave que el gobierno de la presidenta Sheinbaum y del gobernador Jara pasen a la historia como cómplices de los autores intelectuales y materiales de la ejecución de los periodistas oaxaqueños y mexicanos. Con Alejandro Leyva suman ya siete periodistas ejecutados este año.
Indispensable es reiterar a la presidenta y al gobernador que los periodistas críticos no somos enemigos del Estado y gobierno. Tampoco somos enemigos del crimen organizado y del narcotráfico. Nuestra obligación insoslayable es investigar, informar y formar opinión.
