DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
Atentar contra la libertad de expresión y contra los periodistas dinamita la democracia; secuestran a la periodista Roxana Guzmán en Veracruz
*Gracias a la libertad de expresión, han sido denunciados innumerables casos de corrupción, abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, nexos entre autoridades y grupos criminales, así como irregularidades en el manejo de los recursos públicos. * La democracia no solo se destruye con golpes de Estado o la cancelación de elecciones, sino cuando el miedo sustituye a la libertad y la violencia silencia voces críticas. Cada agresión contra periodistas es un ataque directo contra las instituciones democráticas.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin ella, el debate público se empobrece, la rendición de cuentas desaparece y los ciudadanos pierden una de las herramientas más importantes para vigilar el ejercicio del poder. Por ello, cualquier intento de limitar, intimidar o silenciar a periodistas y medios de comunicación representa una amenaza directa no solo contra quienes ejercen el periodismo, sino contra la democracia misma.
La democracia no se destruye únicamente mediante golpes de Estado o la cancelación de elecciones. También se erosiona cuando el miedo sustituye a la libertad, cuando la violencia silencia voces críticas y cuando informar se convierte en una actividad de alto riesgo. Por ello, cada agresión contra periodistas representa un ataque directo contra las instituciones democráticas.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz, constituye un nuevo y alarmante golpe contra la libertad de expresión en México. La gravedad de estos hechos trasciende el ámbito de la seguridad pública. La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático.
La organización Artículo 19 y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores condenó el secuestro y exigió a las autoridades implementar acciones inmediatas para localizar con vida a la periodista, además de investigar si el ataque está relacionado con su labor informativa. De igual manera, la Alianza de Medios MX demandó una respuesta contundente del Estado mexicano frente a este nuevo atentado contra la prensa.
En México, la libertad de expresión ha sido una conquista histórica construida a lo largo de décadas de luchas políticas, sociales y jurídicas. Gracias a ella, han salido a la luz innumerables casos de corrupción, abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, nexos entre autoridades y grupos criminales, así como irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Sin periodistas libres e independientes, gran parte de esa información permanecería oculta a la sociedad.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado un preocupante clima de polarización y confrontación entre diversos actores políticos y los medios de comunicación. La descalificación sistemática de periodistas, los ataques verbales desde espacios de poder, las campañas de desprestigio en redes sociales y las presiones directas o indirectas para inhibir el trabajo periodístico han contribuido a generar un ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de prensa.
Más grave aún resulta que México continúe figurando entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de comunicadores reflejan una realidad alarmante que evidencia la fragilidad del Estado de derecho en amplias regiones del país. Cuando un periodista es silenciado mediante la violencia, toda la sociedad pierde el derecho a estar informada.
La democracia no puede subsistir donde prevalece el miedo. Un periodista amenazado es un ciudadano menos capaz de investigar; un medio intimidado es una voz menos en el debate público; una sociedad desinformada es una sociedad más vulnerable a los abusos del poder. Por ello, la protección efectiva de quienes ejercen la labor informativa debe ser una prioridad nacional y no una concesión política.
Resulta particularmente preocupante cuando desde las estructuras gubernamentales se promueven iniciativas que pudieran interpretarse como mecanismos de control, censura o restricción de contenidos. Aunque toda democracia tiene derecho a regular ciertos aspectos de la comunicación, cualquier regulación debe respetar estrictamente los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión, evitando convertirse en instrumentos para inhibir la crítica o castigar la disidencia.
La crítica periodística, incluso cuando resulta incómoda para los gobernantes, forma parte esencial del funcionamiento democrático. Los servidores públicos, por la naturaleza de sus funciones, están sujetos a un mayor escrutinio ciudadano y deben tolerar niveles más amplios de crítica que cualquier particular. Pretender acallar las voces críticas equivale a debilitar los mecanismos de control social sobre el poder.
La experiencia internacional demuestra que los regímenes autoritarios suelen comenzar erosionando gradualmente la libertad de expresión. Primero desacreditan a los medios, luego cuestionan su legitimidad, posteriormente restringen su actuación y finalmente buscan controlar la información. Por ello, cualquier señal de intolerancia hacia el periodismo debe ser observada con especial atención por la sociedad.
México enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, corrupción, impunidad y desarrollo económico. Ninguno de ellos podrá resolverse debilitando a la prensa libre. Por el contrario, la transparencia, la fiscalización pública y el acceso a información veraz son herramientas indispensables para construir instituciones más sólidas y gobiernos más eficaces.
Defender la libertad de expresión no significa proteger privilegios corporativos ni blindar a periodistas frente a la crítica. Significa garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir información plural, contrastada y oportuna. Significa reconocer que una prensa libre es un contrapeso indispensable frente al poder político, económico o criminal.
Atentar contra la libertad de expresión y contra los periodistas es dinamitar los cimientos de la democracia mexicana. Allí donde se censura una voz crítica, se restringe el derecho ciudadano a conocer la verdad. Allí donde se intimida a un periodista, se debilita la transparencia pública. Y allí donde el miedo sustituye al debate libre, la democracia comienza a perder terreno frente al autoritarismo.
La defensa de la libertad de prensa no corresponde únicamente a los periodistas. Es una responsabilidad compartida por autoridades, instituciones, organizaciones civiles y ciudadanos. Porque cuando se protege la libertad de expresión, se protege también el derecho de la sociedad a saber, a cuestionar y a decidir libremente su futuro.
alfredo-daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
