LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
Antropólogo Pedro Martínez Lara pmtzlaraQhotmail.com
Desde el siglo XVI existen antecedentes, que numerosos esclavos de origen africano fueron traídos a territorio mexicano por los invasores españoles, quienes los traficaban desde distintas regiones del llamado continente negro. Posteriormente, en el siglo XVIII, se sabe que el comercio de esclavos se redujo de manera sensible, no obstante se estima que en ese tiempo había en la Nueva España, alrededor de 20,000 esclavos que eran utilizados para la realización de diversos trabajos forzados en las plantaciones agrícolas ubicadas en las zonas de clima tropical, toda vez que se consideraba que dicha población era más resistente para trabajar en tales condiciones.
Actualmente, la Región de la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca es una de las áreas del país donde aún persiste de manera importante la población Afrodescendiente, la cual convive con las comunidades indígenas Mixtecas, Amuzgas, Chatinas y Tacuates, así como con las poblaciones mestizas asentadas en su mayor parte en los centros rurales, semiurbanos y urbanos de esa franja que abarca a ambas entidades federativas.
Si bien es cierto que en Oaxaca , en el año de 1998, en que el Congreso del Estado promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 16 de su Constitución Política la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas , se reconoce que la denominada población afro-mexicana podrá acogerse igualmente a los mismos derechos reconocidos a los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad. Sin embargo, en opinión de numerosos representantes de los pueblos negros siempre demandaron el reconocimiento legal a su existencia como grupos sociales diferenciados, por lo que fue hasta el año de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionó el apartado C al Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se reconoció que los pueblos y comunidades afromexicanas, son parte de la composición pluricultural de la nación y con ello se garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión; no obstante lo anterior la lucha de estos pueblos continúa porque ellos demandan que de manera específica se promulgue una ley que les otorgue el verdadero reconocimiento constitucional y que en esta se especifique claramente la atención de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En el Censo de Población del INEGI del 2020 poco más de la mitad de la población afromexicana se concentraba en seis entidades federativas del país: Guerrero con 303,923; el Estado de México con 296,264, Veracruz con 215,435; Oaxaca con 194,474; la CDMX con 186, 914 y 139, 676 en el Estado de Jalisco. Se reconoce, asimismo, en dicho Censo, que en México, “la población afrodescendiente, reconocida como nuestra tercera raíz cultural, asciende a 2,576,213 personas (1,297,617 mujeres y 1,278,596 hombres), lo que significa que por cada 100 personas que residen en el país, dos se consideran afrodescendientes por su historia, cultura y tradiciones.”
Por otra parte, es bien sabido que las condiciones de pobreza y marginación, así como de exclusión social de que son objeto las y los habitantes de las llamadas comunidades Afrodescendientes, no varían en mucho con respecto a las que persisten entre los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país; sin embargo, hay que resaltar que en este importante sector social, aparte de las agudas condiciones socio-económicas ya mencionadas, se suma la injusta discriminación racial de que son víctimas por parte de otros sectores de la sociedad nacional, incluso, en aquellas áreas en las que su población es mayoritaria.
En los últimos años han proliferado numerosos estudios que abordan distintas temáticas acerca de la dramática realidad que viven las y los integrantes de estas comunidades, en las distintas entidades donde se encuentran ubicadas, por lo que resulta altamente prioritario que el Estado Mexicano no solo otorgue su reconocimiento legal como la tercera raíz que son de nuestra nacionalidad mexicana , sino que además genere y aplique con la participación de estos pueblos y comunidades, todas las políticas públicas y programas que sean necesarios, para impulsar el desarrollo con justicia y respeto pleno a su dignidad, al que históricamente han aspirado.
