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Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como E.M.R., por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de siete personas migrantes de origen venezolano, quienes fueron privadas de la libertad cuando transitaban sobre la carretera federal La Venta–Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2025, cuando las víctimas fueron interceptadas y privadas de su libertad para posteriormente ser trasladadas a un inmueble ubicado en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza. En ese lugar fueron despojadas de sus pertenencias y mantenidas en cautiverio junto con personas migrantes de otras nacionalidades.

Las investigaciones establecen que, entre el 28 y el 29 de enero de 2025, quienes mantenían retenidas a las víctimas les devolvieron temporalmente sus teléfonos celulares para obligarlas a comunicarse con sus familiares. Bajo amenazas de causarles daños físicos, exigían el pago de siete mil dólares por cada una de ellas como condición para recuperar su libertad.

Derivado de las investigaciones ministeriales, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo una orden de aprehensión en contra de E.M.R., mandato judicial que fue cumplimentado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes pusieron al imputado a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La FGEO mantiene una estrategia permanente para combatir los delitos que atentan contra la libertad y la integridad de las personas migrantes, mediante investigaciones sustentadas en inteligencia criminal, trabajo ministerial especializado y coordinación interinstitucional, con el objetivo de llevar ante la justicia a quienes vulneran los derechos humanos de este sector de la población.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y procuración de justicia para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas, privilegiando el respeto a los derechos humanos y el combate frontal a la impunidad.

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