DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- Michoacán volvió a amanecer bajo el terror. Más de veinte bloqueos carreteros, vehículos incendiados y vías paralizadas evidenciaron, una vez más, la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado y convertir amplias regiones en zonas sometidas a su capacidad de reacción.
- Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, presentó una denuncia contra Leonel Godoy ante la Fiscalía de Michoacán y lo ha señalado públicamente relacionado con el asesinato de su esposo. Godoy ha rechazado las imputaciones y sostiene que no existen pruebas que lo involucren.
Mientras el discurso oficial presume control, Michoacán vuelve a exhibir la realidad: narcobloqueos, vehículos incendiados y carreteras paralizadas. El crimen organizado no necesita conquistar el poder formal cuando es capaz de imponer, durante horas, dónde se puede transitar y dónde no.
Michoacán volvió a amanecer bajo el signo de la violencia. Más de veinte bloqueos carreteros, vehículos incendiados y vías paralizadas evidenciaron, una vez más, la capacidad de los grupos criminales para desafiar al Estado y convertir amplias regiones del territorio en zonas sometidas a su capacidad de reacción.
Y conviene decirlo sin propaganda partidista: esta crisis no comenzó ayer ni puede atribuirse exclusivamente al gobierno en turno. Michoacán lleva años pagando la factura acumulada de administraciones deficientes, instituciones debilitadas, corrupción, impunidad y una expansión progresiva del crimen organizado.
Ahí están, como parte de esa historia política, los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. El primero ocupa hoy la Jefatura de la Oficina de la Presidencia junto a Claudia Sheinbaum; el segundo es diputado federal de Morena. No se trata de responsabilizarlos automáticamente por cada hecho criminal ocurrido décadas después, sino de recordar que las condiciones institucionales que permitieron el crecimiento de la violencia tienen una historia política concreta y no pueden borrarse con un cambio de partido o de discurso.
En el caso de Godoy existe, además, una acusación pública particularmente delicada: Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán y lo ha señalado públicamente en relación con el asesinato de su esposo. Godoy ha rechazado las imputaciones y sostiene que no existen pruebas que lo involucren. Precisamente por eso corresponde a las autoridades investigar con rigor y determinar responsabilidades, no a la propaganda política dictar sentencias.
La paradoja es evidente. Fue precisamente en Michoacán donde, en diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, con participación de las Fuerzas Armadas, ante una ofensiva criminal que ya había alcanzado dimensiones extraordinarias.
Aquel episodio se convirtió después en uno de los principales argumentos para cuestionar la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores. Pero la historia tiene una incómoda virtud: vuelve una y otra vez a colocar los hechos sobre la mesa.
Hoy cambió el gobierno, cambió el partido y cambió el discurso. Lo que no ha cambiado suficientemente es la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado.
Los narcobloqueos de este miércoles son una demostración brutal. Si una operación federal contra objetivos criminales provoca que delincuentes puedan incendiar vehículos, bloquear carreteras y paralizar regiones enteras, el problema ya no es únicamente la existencia de grupos criminales: es la capacidad de estos para imponer costos inmediatos a la sociedad y presionar a las instituciones.
Eso debería preocupar mucho más que cualquier conferencia mañanera. Porque mientras desde Palacio Nacional se puede hablar de estrategia, coordinación y resultados, en las carreteras michoacanas la población experimenta otra realidad: terror, incertidumbre y la sensación de que el Estado llega después de que el crimen ya tomó la iniciativa.
Y aquí está el verdadero fracaso que ningún discurso puede ocultar: un Estado fuerte no es el que anuncia más operativos, sino el que logra que los ciudadanos puedan circular libremente por sus carreteras sin que un grupo criminal tenga la capacidad de cerrarlas.
Michoacán no necesita propaganda. Necesita inteligencia criminal, investigación financiera, policías profesionales, ministerios públicos eficaces, jueces independientes, coordinación institucional y una estrategia sostenida que ataque las estructuras económicas y territoriales del crimen organizado.
Porque perseguir sicarios sin desmontar sus redes financieras, políticas y logísticas es apenas administrar la violencia. Los gobiernos cambian. Los partidos cambian. Los discursos cambian. Pero Michoacán sigue pagando las consecuencias de años de instituciones debilitadas y del avance del crimen organizado.
La pregunta ya no es quién tiene la culpa de lo ocurrido ayer. La pregunta urgente es cuánto tiempo más se permitirá que el crimen tenga la capacidad de decidir cuándo Michoacán puede transitar, trabajar y vivir en paz.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
