- Isidoro Yescas
Desde que México y, Oaxaca en particular, ingresó a la fase dos de la pandemia, ya se advertía que eventos masivos como La Guelaguetza 2020 tendrían que cancelarse. Y hoy, con el inicio de los días más críticos de la fase 3 (del 5 al 12 de mayo, según la SSA) el gobernador Alejandro Murat ha anunciado la inminente suspensión de este evento que, más allá de los espectáculos colaterales de pan y circo que solía protagonizar el propio Jefe del Poder Ejecutivo, representaba una gran oportunidad para generar una alta derrama económica para beneficio de hoteleros, restauranteros y toda la población económicamente activa que vive del turismo.
Y al cancelarse La Guelaguetza organizada por el Gobierno del estado, obligadamente también tendrán que cancelarse otros eventos igual de masivos como el Bani Stui Gulal y Donají la Leyenda, ambos bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Por separado, también correría la misma suerte la tradicional Carrera Ciclista del Lunes del Cerro, organizado por la Federación Nacional de Ciclismo, con el apoyo de instituciones deportivas del gobierno federal y municipal.
Se esperaría que también la sección 22 del SNTE y las autoridades municipales de más de una decena de pueblos de los Valles Centrales, se abstengan de llevar a cabo sus propias presentaciones públicas de La Guelaguetza, pues no obstante que para el mes de julio ya se habrían levantado las medidas sanitarias que hoy están vigentes, se mantendrán restringidos los eventos masivos y otras actividades que impliquen riesgos de un nueva oleada de contagios del Covid-19.
Es ya del conocimiento público que, empezando por La Guelaguetza oficial, las otras Guelaguetzas, organizadas por la sección 22 del SNTE y municipios de Valles Centrales, son financiadas con recursos públicos. Por lo mismo, tanto el Congreso local como los cabildos municipales debieran estar atentos a su reprogramación y probable ejercicio, pues se entiende que son recursos etiquetados y fiscalizables y, por lo tanto, no debieran ser desviados a otros fines o, en el peor de los casos, justificarse como ejercidos.
En todo caso y, de manera específica, tratándose de los recursos estatales y federales (SECULTA) asignados a La Guelaguetza 2020 del Gobierno del estado, bien podría acordarse desde la LXIV legislatura local que dichos recursos se destinen para apoyar los hospitales reconvertidos para atender a los enfermos del Covid-19 y para la compra de insumos, o bien para impulsar un programa emergente para apoyar a trabajadores desempleados.
Por cierto, no deja de llamar la atención que pese a que buena parte de la administración pública estatal está paralizada, hace algunos días el gobernador Alejandro Murat declaró a dos diarios nacionales (La Jornada y El Universal) que con todo y la crisis generada por la pandemia su gobierno le estaba dando puntual seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
Si en los tres primeros años del sexenio el PED solo ha servido para “coberturar” los informes de gobierno, afirmar que en estos meses de pandemia se mantiene un ritmo normal de trabajo resulta a todas luces inverosímil, además que, en el fondo, tal pareciera que lo que se persigue es anticipar el supuesto ejercicio de recursos ya etiquetados y que, salvo los que corresponden al pago de sueldos y salarios, en los demás rubros la parálisis gubernamental ha impedido su aplicación.
En fin, que frente a la tentación para aprovechar la parálisis del Gobierno del estado y, en menor medida, de los gobiernos municipales, para pretender engañar a los oaxaqueños con anuncios como éstos o, para desviar los recursos públicos ya etiquetados para las Guelaguetzas a fines distintos y personales, órganos autónomos como el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO) o el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y, el propio Congreso local, debieran aplicarse y asumir sus funciones y responsabilidades.
Es lo menos que podrían hacer para responderle al pueblo de Oaxaca.
Twitter:@YescasIsidoro
