LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; UNA PRIORIDAD INAPLAZABLE
PEDRO MARTINEZ LARA
(pmtzlara@hotmail.com)
Actualmente el tema nacional más discutido en los medios es sin duda el referente a la conveniencia de realizar o no la reforma del Poder Judicial de nuestro país, que sigue siendo el menos democrático de los poderes de la Unión, el cual está conformado por jueces y magistrados, además de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el órgano máximo en esa materia.
De entrada habría que explicar cómo se realizan actualmente las designaciones de las y los Ministros de la Corte que suman un total de once personas, todas ellas profesionales en materia del Derecho y algunos con estudios de posgrado o especializaciones adicionales, a fin de contar con las herramientas del conocimiento que les permitan ejercer, con la debida eficiencia, el importante rol que se les confiere de ser las y los más altos defensores del cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser la instancia responsable de impartir y administrar la justicia, con impecable imparcialidad, a todas y todos los mexicanos.
Las ministras y ministros que hoy conforman la SCJN, fueron propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal mediante ternas que son presentadas ante el Senado, en donde las distintas fracciones parlamentarias (de los partidos políticos existentes) deciden quiénes deben ser designados; aunque es importante mencionar que no siempre ha sido así, ya que en sexenios anteriores cuando el PRI o el PAN tuvieron en sus manos la Presidencia de la República, la SCJN en realidad actuaba como una instancia más del gabinete federal, encargada del rubro de la justicia, siendo importante señalar que llegó a darse tal dependencia de este órgano, respecto del Poder Ejecutivo, que incluso hubo un Presidente priista que al asumir el cargo, decidió de un plumazo renovar de manera total a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y nombrar a los ministros que según él debían ostentar dicha investidura.
Durante el presente sexenio ha sucedido algo inusual y por demás sorprendente, pues por vez primera en la historia, las y los actuales integrantes de la SCJN, encabezados por su Presidenta la Dra. Norma Piña, se han “rebelado” poniéndose de acuerdo para irse a “la cargada” y bloquear de manera conjunta y sistemática, toda iniciativa que surja del Titular del Ejecutivo Federal para reconocer los derechos o beneficiar a los sectores más desprotegidos del país, mismos que en su mayoría se encuentran en situación de pobreza y marginación.
Además de lo anterior hay algunas y algunos ministros que, aunque fueron propuestos y designados por el Presidente AMLO, le han vuelto la espalda para dedicarse a obstaculizar y votar en contra de las reformas legislativas que él promueve, bajo el argumento de que de esa manera, ejercen su autonomía y plena libertad como miembros del Poder Judicial de la federación.
Es ampliamente sabido en los medios de comunicación que en la actualidad es bastante común que los Jueces pongan en libertad de manera casi inmediata a peligrosos delincuentes, alegando anomalías o faltas al debido proceso y contando además con el respaldo de las y los ministros de la SCJN, también es normal que apoyen a personajes que violan la Constitución federal, incumpliendo con el pago de sus impuestos y afectando de manera severa el erario de la nación; al respecto el caso más sonado ha sido el de un ministro que escondió por nueve meses en su escritorio, el expediente del renombrado empresario Salinas Pliego, quien sigue empecinado en no cumplir con las disposiciones de la SHCP en materia del cumplimiento a sus responsabilidades fiscales.
Ahora bien, porque es pertinente la adecuada reestructuración de las diversas instancias del Poder Judicial?, simple y sencillamente porque la actuación de este Poder, tiene que ver de manera directa con el respeto a la Constitución y con el cumplimiento de los derechos del pueblo de México a vivir una vida mejor y libre de injusticias.
Algunas personas argumentan que la ciudadanía debe permanecer al margen de estos asuntos porque desconoce el funcionamiento de estos órganos y por lo mismo, no tiene los conocimientos sobre la aplicación de las leyes vigentes y sobre el papel que deben jugar quienes integran el Poder judicial de la federación; sin embargo, debe aclararse que el mal funcionamiento y la corrupción que impera en este, le está afectando enormemente a las y los mexicanos, ya que para el ejercicio pleno de sus derechos claman de una auténtica justicia que sea pronta, expedita y ampliamente eficaz, pues actualmente numerosas personas son víctimas del grave desastre interno que se ha venido dando a lo largo de muchos años, en las instancias oficiales responsables de impartir la justicia.
Solo por poner un ejemplo de un país vecino, los Estados Unidos donde la gran mayoría de los Estados de la Unión Americana, elijen por voto directo de la ciudadanía a los integrantes de los órganos de justicia. De igual manera y haciendo un símil de esta polémica decisión, con lo ocurrido en Suecia, donde hubo una consulta con todo el país, para decidir si estaban o no de acuerdo en la construcción de una Central eléctrica operada con energía nuclear. Ante esta medida los sectores más reaccionarios se opusieron a la participación popular argumentando que la gente no tenía los conocimientos necesarios en esa materia y por lo mismo no debía de opinar; pues finalmente se tuvieron “que comer sus palabras”, porque el Congreso resolvió que era procedente que el pueblo participara y opinara, ya que esa decisión les afectaba a todos y por lo mismo votaron en su inmensa mayoría para impedir la construcción de la citada planta nuclear.
Sobre las estrategias y mecanismos para operar dicha reestructuración prioritaria, quienes integran el Congreso de la Unión y la nueva titular del Poder Ejecutivo, tienen la obligación de realizar las consultas que sean necesarias para asegurar el mayor de los éxitos en dicha empresa, instrumentando una ruta o procedimiento, objetivo y claro, que sea el más idóneo para que todas y todos los mexicanos participemos de manera responsable para que el Poder Judicial Federal, realmente cumpla con la aplicación de nuestra Carta Magna, siendo todos activos vigilantes del proceso de reestructuración que se realice, pues solo de esa manera podremos acceder a la verdadera justicia por la que tanto lucharon nuestros abuelos.
