La niebla que dejaron los acordeones. Reflexiones a un año de la elección judicial
Edén Alejandro Aquino García
Participante en el proceso de elección judicial federal del 2025 en Oaxaca
A un año de la elección judicial, los llamados acordeones siguen presentes en la conversación del foro jurídico y de la ciudadanía, ya que una sentencia puede cerrar una controversia jurídica, pero no siempre cancela una sospecha pública. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por mayoría, que no existían elementos probatorios suficientes para anular el proceso por esa causa.
Ese punto debe reconocerse con seriedad, porque criticar la elección no autoriza a presentar como probado lo que jurisdiccionalmente no fue demostrado, pero la discusión tampoco terminó ahí.
Durante el análisis del proyecto, dos magistraturas sostuvieron una posición distinta, para ellas, los acordeones sí revelaban una irregularidad grave dentro del proceso electoral, esa diferencia no modificó el sentido final de la sentencia, pero sí explica por qué la duda no desapareció del debate público.
La sospecha no nació solo de rumores, también se alimentó de una tensión institucional visible, donde una mayoría concluyó que no había elementos suficientes para anular, mientras una minoría consideró que la irregularidad estaba acreditada.
Ahí empieza la niebla y no se trata únicamente de saber si una guía de votación influyó o no en determinado resultado, el problema es más profundo, lleva a la posibilidad de que una persona llegue a un cargo jurisdiccional impulsada por una lista ajena, una estructura externa o una voluntad política no declarada.
En ese mismo proceso también existieron candidaturas que decidieron no formar parte de las guías de votación, listas de apoyo o acordeones, no por virtud personal ni por superioridad moral, la razón era más básica: llegar a juzgar con una deuda de origen podía afectar la legitimidad futura de cada decisión.
Aceptar que alguien te coloque en una lista, te posicione y te empuje hacia un cargo judicial equivale a iniciar con una deuda invisible. Quizá nunca te pidan una sentencia o jamás te digan cómo resolver, pero el vínculo existe y esa sola posibilidad basta para poner una sombra sobre cada resolución.
Esa es la niebla que hoy acompaña a una parte de la nueva judicatura electa. Sería injusto concluir que toda persona electa carece de mérito, capacidad o independencia, porque no es así. El origen cuestionado de un proceso no determina automáticamente la calidad de quienes llegaron mediante él, y pensar lo contrario sería una forma cómoda de clasismo profesional, útil para desahogar frustraciones, pero insuficiente para construir una crítica institucional seria.
La calidad de una persona juzgadora debe medirse en sus decisiones, en la forma en que argumenta, en su independencia visible frente al poder, en el trato a las partes y en su capacidad para resolver conforme a derecho, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el poder.
Pero también debe decirse lo otro. Quienes quedaron públicamente vinculados a los acordeones cargan con una sospecha que no pueden ignorar.
La legitimidad que no se obtuvo en el origen solo puede construirse en el ejercicio. Eso exige un estándar más alto, no bastará con resolver correctamente. Tendrán que explicar mejor, motivar con mayor rigor y resistir mejor las presiones que aparecerán cuando sus decisiones afecten intereses políticos, económicos o institucionales.
La indignación no dicta sentencias. La toga no borra sospechas.
La discusión pública sobre nuevos ajustes al modelo de elección judicial confirma que el sistema necesita revisión. Se habla de filtros, fechas, boletas, evaluación y mecanismos de selección. Todo eso importa. Pero el problema de fondo no está solo en el diseño operativo. La pregunta central es cómo construir una justicia electa que no nazca atrapada entre la defensa automática y la descalificación absoluta.
De un lado están quienes defienden todo el modelo sin admitir errores. Para ellos, cualquier crítica es elitismo o resistencia al cambio. Esa postura es débil, porque ninguna reforma merece obediencia ciega.
Del otro lado están quienes descalifican a todas las personas electas sin leer una sola sentencia. Para ellos, el origen basta para condenar. Esa postura también es pobre, porque sustituye el análisis por el insulto. Ninguno de esos extremos construye instituciones.
Juzgar es una de las funciones públicas más delicadas que puede ejercer una persona. Por eso importa cómo se llega al cargo. Un cargo judicial no solo exige conocimiento. Exige confianza. Exige distancia frente al poder. Exige una autoridad que no dependa del aplauso, de la consigna ni de la lista que pudo circular antes de la elección.
La nueva judicatura electa no debe responder con victimismo frente a expresiones como “La Tremenda Corte”, usada para ironizar sobre las sesiones públicas y sobre quienes integran la nueva Suprema Corte, o “jueces del bienestar”, empleada para cuestionar la legitimidad e independencia de personas juezas y magistradas vinculándolas políticamente con el proyecto gobernante. Debe responder con sentencias, y no con cualquier sentencia.
El verdadero examen llegará cuando deban resolver asuntos que involucren al poder político, al uso de la fuerza pública, a los intereses del gobierno, a los abusos de autoridad o a personas que acudan ante los tribunales buscando protección frente al Estado. Ahí se sabrá si logran dejar atrás la niebla que hoy los acompaña y con ella etiquetas como “La Tremenda Corte” o “jueces del bienestar”, o si terminarán por confirmarlas con sus decisiones y con la forma en que se relacionen públicamente con el poder.
El respeto y el reconocimiento de una persona juzgadora no se obtienen solo al llegar al cargo ni al ponerse la toga. Se construyen en el ejercicio cotidiano de la independencia, en cada decisión que se firma, en cada asunto que se resuelve y, sobre todo, cuando el poder aparece como parte del conflicto.
Porque al final, la legitimidad judicial no se define por los discursos ni por las defensas que se hagan del proceso. Se construye sentencia por sentencia.
Y quizá vale la pena hacerse hoy esa reflexión con mayor seriedad, porque este año inicia en Oaxaca el proceso de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Lo que está por venir no solo pondrá a prueba un modelo electoral, también pondrá a prueba la confianza pública en la independencia con la que habrán de juzgar.
Edén Alejandro Aquino García
Participante en el proceso de elección judicial federal del 2025 en Oaxac
