Ernesto Ruiz
“La soberanía no es un concepto de escritorio; es la facultad de los pueblos para decidir qué entra a su cuerpo y qué se queda para siempre en su tierra”. Vandana Shiva
En el municipalismo y el derecho indígena en México se acaba de escribir un capítulo digno de análisis y discusión desde las montañas de Oaxaca. En un acto que debe sacudir a las cúpulas empresariales e incitar a la reflexión a los teóricos del derecho constitucional, la Asamblea General Comunitaria de Santa Catarina Juquila —máxima autoridad de este emblemático municipio de usos y costumbres— determinó prohibir formalmente la entrada, distribución y venta de productos de las marcas Bimbo y Barcel dentro de su territorio. La razón oficial detrás del veto es tan contundente como alarmante: el colapso de su sistema de limpia pública ante las toneladas de envolturas plásticas y metalizadas que asfixian sus arroyos, saturan el tiradero municipal y se fragmentan convirtiéndose en microplásticos imposibles de remediar.
La oportunidad, que desafortunadamente pocos tenemos, de recorrer las comunidades de nuestro bello Estado nos permite adquirir conocimiento sobre su cultura, saberes, situación actual, formas de vida y organización. Es este andar el que me permite decir que en aproximadamente el 90% de los municipios de Oaxaca existe un rezago peligroso en la gestión de residuos. Muchos sitios de disposición final se han convertido en pasivos ambientales y la mayoría de las autoridades municipales rehúyen asumir su obligación constitucional -muchas de las veces porque no les alcanza el presupuesto y hay otros ‘temas prioritarios’ que atender-¿Y qué decir del Estado, de la Federación y de las empresas productoras y comercializadoras? Estas últimas, verdaderas responsables de este fiasco, no asumen con seriedad la investigación científica para la innovación tecnológica, ni en el diseño de nuevos materiales sustentables ni en la disminución del impacto generado por los que ya existen.
No podemos sino celebrar el fondo de esta decisión. Desde hace tiempo, diversos especialistas y defensores del territorio hemos insistido en que el marco del Artículo Segundo Constitucional no es un adorno folclórico ni una concesión discursiva; es una herramienta de vanguardia jurídica. La libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios deben ser el escudo definitivo para proteger la salud colectiva y los ecosistemas frente a la invasión silenciosa de los microplásticos. Juquila ha demostrado que la soberanía comunitaria no se debate en los escritorios de la federación; se ejerce con el poder de la gobernanza comunitaria, decidiendo qué entra al territorio y qué no se debe quedar para siempre en nuestra tierra.
Sin embargo, el rigor analítico y la experiencia en la procuración de justicia nos obligan a encender las alertas y a mirar con desconfianza inteligente la letra chiquita de este fenomenal suceso. Cuando uno observa las tienditas de Juquila tras el veto, la paradoja salta a la vista de inmediato. Se fue el osito Bimbo, pero se quedaron los empaques de Sabritas; se prohibieron las papas de Barcel, pero los refrigeradores siguen repletos de botellas de Coca-Cola y PepsiCo. Las envolturas de polipropileno biaxialmente orientado de las empresas expulsadas son idénticas en su poder destructivo a las de Nestlé o a los plásticos de un solo uso de cualquier otra transnacional. Entonces, cabe hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Por qué solo ellos? ¿Qué pasó realmente tras bambalinas en esa Asamblea?
Parece que el detonante en Juquila no fue únicamente la conciencia ecológica colectiva, sino la flagrante negativa de estas dos empresas específicas a colaborar con la logística municipal en la gestión de los residuos. Mientras el ayuntamiento y el comercio local absorben los estratosféricos costos económicos y ambientales de gestionar la basura que dejan millones de peregrinos al año, las corporaciones se limitaron a levantar las ganancias de sus ventas sin aportar un solo peso o camión para mitigar el desastre de sus empaques. La Asamblea, haciendo un uso legítimo de sus facultades normativas, les cerró la puerta como una medida drástica de presión.
El riesgo de que esta histórica prohibición se quede a medias es sumamente alto. Al focalizar la sanción en solo dos marcas, la autoridad comunitaria camina por la cuerda floja, exponiendo una enorme vulnerabilidad regulatoria. Un veto selectivo corre el peligro de ser interpretado ante la opinión pública y los tribunales como un simple pleito comercial, un veto de proveedores, una revancha política local o un preocupante caso de extorsión, en lugar de consolidarse como una auténtica e integral política pública comunitaria contra la contaminación por microplásticos. Para que el precedente de Juquila sea el faro que ilumine a otros municipios indígenas y afromexicanos en la defensa de sus recursos, la regla debe ser pareja. El veneno plástico no se vuelve aceptable dependiendo de la marca que lo patrocine.
La lección que nos deja Juquila es tan clara como urgente. El camino está trazado y el Artículo Segundo Constitucional ha demostrado su vigencia para cerrarle el paso a los gigantes de la chatarra y el empaque eterno. Pero la soberanía ambiental exige congruencia absoluta, transparencia y visión de largo alcance. Si las comunidades van a legislar desde la autonomía para rescatar sus ríos y sus tierras del colapso ecológico, la prohibición debe ser general y sin concesiones. Las ventanillas de la simulación corporativa se cierran completas o no se cierran. Hoy, Juquila ha dado el primer paso, pero la gran incógnita queda flotando sobre Oaxaca: ¿Se atreverán a aplicar la misma ley a todos los demás, o nos conformaremos con una soberanía a medias donde el futuro de nuestros pueblos se siga fragmentando en partículas de plástico?
