Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el aparato federal de seguridad con Omar García Harfuch coordinó un operativo con la Fiscalía General del Estado que realizó 21 cateos en Oaxaca de Juárez y San Antonio de la Cal, y diez detenidos, ligados al Cártel de Sinaloa.
- Estados Unidos ha colocado el tráfico de fentanilo y de sus precursores químicos como su principal preocupación de seguridad. Por su importancia estratégica en el Pacífico y su conexión con las rutas comerciales con EU por el puerto de Salina Cruz ingresan precursores químicos.
El operativo no es menor. Tampoco puede reducirse a una fotografía más de detenciones, cateos y aseguramientos. Lo ocurrido en Oaxaca coloca nuevamente al estado en el radar de la seguridad nacional y, por extensión, de la preocupación de Estados Unidos por el tráfico de precursores químicos, la producción de drogas sintéticas y las redes financieras y políticas que pudieran hacer posible su operación.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el aparato federal de seguridad, bajo la conducción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinó un despliegue con autoridades estatales encabezadas por la Fiscalìa General del Estado que derivó en 21 cateos en Oaxaca de Juárez y San Antonio de la Cal, con la detención de diez personas que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionadas con investigaciones contra estructuras delictivas, ligadas al Cártel de Sinaloa.
Entre los detenidos aparece el porro universitario y síndico municipal de Oaxaca de Juárez, Ricardo Ramírez Pérez, “El Duck”, además de integrantes de la dirigencia de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). Aquí comienza lo verdaderamente importante.
Porque si la investigación federal acredita vínculos entre funcionarios, organizaciones gremiales, operadores políticos y estructuras criminales, Oaxaca estaría frente a algo mucho más grave que un episodio aislado de delincuencia organizada: la eventual infiltración de intereses criminales en instituciones y espacios de poder público.
Eso es, precisamente, lo que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Oaxaca, bajo la lupa de Washington. No puede ignorarse el contexto internacional. Estados Unidos ha colocado el tráfico de fentanilo y de sus precursores químicos entre sus principales preocupaciones de seguridad. México, por su posición geográfica, sus puertos y sus corredores logísticos, se encuentra en el centro de esa presión.
Y Oaxaca no es la excepción. El puerto de Salina Cruz, por su importancia estratégica en el Pacífico y su conexión con las rutas comerciales nacionales, merece una vigilancia particularmente rigurosa respecto del ingreso, traslado y destino de sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas ilícitamente.
Pero una cosa es investigar la posible entrada de precursores y otra, muy distinta, afirmar que éstos necesariamente están siendo utilizados para fabricar fentanilo en Oaxaca. La diferencia no es menor: corresponde a la Fiscalía y a los jueces acreditar cada vínculo con pruebas.
Lo que sí resulta indispensable es seguir el dinero, las mercancías, las comunicaciones, los inmuebles, las empresas fachada, los prestanombres y las redes de protección política. Porque el narcotráfico moderno no sobrevive solamente con sicarios.
Sobrevive cuando alguien le abre la puerta, alguien mira hacia otro lado y alguien desde el poder le garantiza impunidad. ¿Narcopolítica? Que se investigue hasta el fondo. La presencia entre los nombres relacionados con las investigaciones de Erika Suliana Muñozcano Martínez, regidora de Educación de San Antonio de la Cal, obliga a extremar el escrutinio.
No significa culpabilidad. Significa que, si existe una línea de investigación que la vincula con alguna estructura delictiva, debe agotarse con absoluta seriedad, independencia y transparencia. La ciudadanía ya no acepta investigaciones selectivas. Si hay funcionarios involucrados, que se proceda. Si son inocentes, que se demuestre y se les restituya plenamente su reputación.
Si existen responsabilidades penales, que enfrenten la justicia. Lo que no puede suceder es que las investigaciones terminen convertidas en un espectáculo mediático, en una negociación política o, peor todavía, en otro expediente condenado al archivo.
La pregunta incómoda: ¿y el asesinato de Alejandro? Y aquí aparece una coincidencia que no puede pasar inadvertida. La ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar continúa representando una herida abierta para el periodismo oaxaqueño y para una sociedad que exige conocer quién ordenó su asesinato, quién lo ejecutó y quiénes pudieron haberlo protegido o encubierto.
Por eso, el operativo adquiere una dimensión adicional. Si las investigaciones federales realmente están penetrando estructuras criminales con ramificaciones políticas, económicas y territoriales, también deben servir para esclarecer los homicidios que pudieran estar relacionados con esas mismas redes.
La pregunta es inevitable: ¿Puede este golpe abrir la puerta para llegar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Alejandro? Ojalá. Pero no basta con detener a operadores. Hay que llegar a quienes mandan. Hay que reconstruir las cadenas de mando. Hay que seguir el dinero.
Hay que revisar llamadas, comunicaciones, movimientos financieros, propiedades, vehículos, empresas y relaciones políticas. Y, sobre todo, hay que preguntarse a quién beneficiaba el silencio de Alejandro y quién tenía motivos para quererlo callado. No más chivos expiatorios
La sociedad oaxaqueña merece resultados, no únicamente boletines. Si el Gobierno Federal logró coordinar un operativo de esta magnitud, debe demostrar que también tiene la capacidad para construir investigaciones sólidas que resistan el escrutinio de los tribunales.
Porque detener no es sentenciar. Catear no es condenar. Ser señalado no equivale a ser culpable. La justicia exige, presunción de inocencia, pruebas, debido proceso y jueces independientes. Pero exactamente por la misma razón, el debido proceso tampoco puede utilizarse como pretexto para la impunidad.
El gran desafío para Harfuch, para la Fiscalía General de la República, para la Fiscalía de Oaxaca y para el gobierno de Claudia Sheinbaum es demostrar que esta ofensiva no será otro episodio de detenciones espectaculares seguido por investigaciones que se desinflan con el paso de los meses.
El mensaje debe ser contundente. Si Oaxaca está siendo utilizado como corredor para precursores químicos destinados a la producción de drogas sintéticas, hay que desmantelar las redes. Si existen organizaciones criminales infiltrando gobiernos municipales, hay que cortar sus tentáculos.
Si funcionarios públicos participan en actividades ilícitas, deben responder ante la justicia. Si existen empresarios, transportistas, sindicatos, policías o políticos involucrados, que caigan quienes tengan responsabilidad, sin importar nombres, cargos o padrinos.
Y si alguna de esas investigaciones conduce a la ejecución de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, entonces, el Estado tendrá una oportunidad histórica para saldar, aunque sea parcialmente, una deuda enorme con su familia, con el periodismo y con Oaxaca.
Porque la verdadera prueba de un operativo contra el crimen organizado no está en el número de detenidos que presenta un comunicado. Está en si finalmente se atreve a tocar a quienes se encuentran arriba de la cadena.
Si esta vez se llega hasta la cúpula, Oaxaca podría estar ante algo más que un golpe policial: podría estar ante el principio del fin de una red de complicidades. Y entonces sí, después de tanta sangre, silencio e impunidad, podría comenzar a hacerse justicia para Alejandro.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
