El derecho de los pueblos a decidir un territorio sin plástico
Ernesto Ruiz
“El territorio no es algo que poseemos, es el espacio que nos posee y nos da rostro. La comunidad no se define por la propiedad de la tierra, sino por la responsabilidad compartida de cuidarla.”
Floriberto Díaz
En Oaxaca, hablar del territorio no es solamente hablar de tierra. En la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas, el territorio representa memoria, identidad, espiritualidad, cultura, agua, alimentos y el eje de su vida comunitaria. Es el espacio donde se reproduce la relación colectiva con la naturaleza y donde subsisten formas ancestrales de organización social que, hasta nuestros días, continúan resistiendo frente a múltiples amenazas externas. Una de ellas —aparentemente cotidiana, pero profundamente destructiva— es la contaminación por plásticos.
Durante décadas, paulatinamente el plástico se introdujo en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria bajo la promesa de comodidad, modernidad y bajo costo. Sin embargo, hoy conocemos con claridad las consecuencias ambientales y sociales de esta dependencia: ríos contaminados, fauna afectada, suelos degradados, quema tóxica de residuos y una creciente crisis de salud pública asociada a los microplásticos y a la mala gestión de residuos sólidos. En regiones rurales e indígenas, donde muchas veces no existe infraestructura adecuada para el manejo de basura, el impacto es todavía más severo.
Esto conlleva a una pregunta fundamental: ¿pueden las comunidades decidir limitar o prohibir el uso de plásticos dentro de sus territorios? La respuesta es sí. Y no solamente desde una perspectiva ética o ambiental, sino también desde un sólido fundamento jurídico basado en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.
La libre autodeterminación es un derecho reconocido tanto por el derecho internacional como por la Constitución mexicana. El artículo 2° constitucional establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. De igual manera, instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen la facultad de estos pueblos para decidir sus prioridades de desarrollo y proteger sus territorios y recursos naturales.
Esto significa que en los 418 municipios y comunidades que se rigen por Sistemas Normativos Internos, no solamente pueden elegir a sus autoridades mediante asambleas según sus usos y costumbres; también tienen el poder para tomar decisiones colectivas que protejan su entorno ambiental y regular actividades que afecten su vida comunitaria. Bajo este principio, la libre autodeterminación es también una herramienta para construir territorios libres de contaminación.
En Oaxaca existen antecedentes importantes de comunidades que han tomado acuerdos internos para proteger sus bosques, restringir actividades extractivas o regular el uso del agua. Bajo la misma lógica, las asambleas comunitarias podrían acordar medidas para disminuir o prohibir plásticos de un solo uso, fomentar materiales tradicionales y promover formas más sostenibles de consumo. No se trata de una ocurrencia ni de una moda ambientalista; se trata del ejercicio legítimo de un derecho colectivo que no solo busca proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, también el derecho a la salud con una perspectiva intergeneracional; protegemos lo nuestro para nosotros y las futuras generaciones.
Además, esta discusión nos obliga a replantear algo más profundo: la relación entre modernidad y bienestar. Durante años, muchas prácticas comunitarias sustentables fueron desplazadas por productos desechables. Las jícaras fueron sustituidas por unicel; las bolsas de yute o palma por plástico.
Paradójicamente, en este momento nuestro pasado es el futuro.
Las comunidades indígenas poseen conocimientos, prácticas y formas de vida que históricamente han mantenido una relación más equilibrada con la naturaleza. Por ello, no resulta casual que muchos de los territorios mejor conservados del país y de Oaxaca coincidan con territorios indígenas y comunitarios. Reconocer su derecho a decidir sobre el uso del plástico no es únicamente una cuestión jurídica; también es reconocer que existen otras maneras de habitar y cuidar el mundo.
No obstante, llevar esto a la práctica implica serios desafíos. Muchas veces, las decisiones comunitarias son minimizadas o consideradas incompatibles con intereses económicos y comerciales. Existe también una enorme presión de industrias que trasladan la responsabilidad de la contaminación a las personas consumidoras, cuando el problema tiene raíces estructurales relacionadas con los modelos de producción y el consumo masivo.
Si de verdad queremos un cambio, es urgente que fortalecer la educación ambiental comunitaria, acompañar jurídicamente a las comunidades y generar políticas públicas que respeten sus decisiones. El Estado no debe obstaculizar estas iniciativas, sino respaldarlas. La crisis ambiental requiere soluciones profundas, y los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar sobre organización y decisiones colectivas, cuidado del territorio y responsabilidad intergeneracional.
Al final del día, prohibir o limitar el plástico dentro de una comunidad no es solamente una medida ecológica. Es un acto de autonomía, dignidad y defensa territorial. Es la afirmación de que las comunidades tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y qué futuro desean construir para las próximas generaciones.
En los tiempos en que el deterioro ambiental avanza aceleradamente, estoy seguro que una de las respuestas más poderosas no viene de las grandes corporaciones ni de huecos discursos internacionales, sino de nuestro propio origen, de la gran organización comunitaria ejerciendo los derechos que históricamente les han pertenecido: decidir sobre su territorio y proteger la vida. Pensando que todos los municipios decidieran prohibirlos, tendríamos aproximadamente el 72% del territorio oaxaqueño en vías de liberarse de micro y nano plásticos por el propio peso de sus acuerdos.
