- Por: Mtro. José María Villalobos Rodríguez.
Ante décadas de descuido nuestro país se ha consolidado como un lugar muy rentable para aquellas personas que para delinquir utilizan su conocimiento sobre informática -tanto en el ámbito de lo púbico como del privado.
En sitios de turismo masivo como Riviera Maya, Cancún, Acapulco o Mazatlán sentaron sus reales mafias nacionales y extranjeras expertas en secuestrar información y robar a partir de las bases de datos de tarjetahabientes bancarios, usuarios de aerolíneas, huéspedes de hoteles y restaurantes.
La formación en sistemas computacionales es muy parecida la de la química en cuanto que lo que se aprende se puede usar indistintamente para el mal o para el bien. Un buen programador puede contribuir a encontrar relaciones entre variables del comportamiento humano para poder predecir con un margen de acierto que se demanda más o menos en un supermercado o en una farmacia.
Pero un programador “ciberdelincuente” puede utilizar su conocimiento para secuestrar identidades, robar información pública o privada para fines muy alelados de la ética. En México se conoce sobre el robo de información de todo el padrón electoral del entonces llamado Instituto Federal Electoral cuya base de datos se ofrecía a la venta por internet en el estado de Texas. De igual manera ha sido invadidos los servidores de Petróleos Mexicanos, Lotería Nacional o más recientemente los de la Defensa Nacional – que están ahora siendo divulgados por el grupo anónimo denominado GUACAMAYA.
En el sector privado los clientes de la banca y el crédito con frecuencia encuentran cargos a tarjetas de consumos que jamás hicieron o como en sucedió en gran escala en Cancún la ordeña de fondos en pequeñas cantidades que sumados ya eran millones de pesos.
Tanto en el caso del sector privado o en el gubernamental suceden estos “delitos cibernéticos” porqué poco se invierte en seguridad cibernética. Para acabarla México es de los pocos países que aún no firma en convenio internacional de protección a desarrollos de software (paquetería) ni tiene legislación sobre prevención y sanción de delitos cibernéticos.
Estamos los mexicanos indefensos ante la piratería de nuestra información y la protección a millones de usuarios está literalmente a la buena de Dios.
En cuanto a formación de mayor personal experto en programación e informática parece que tampoco hay prisa – y mucho menos en esta gestión federal más dedicada a las frivolidades y el ego que a tener una gestión que prevenga delitos y no que ande tapando alcantarillas una vez ahogadas en ellas las personas.
Si cada vez hay más usuarios de los llamados teléfonos inteligentes que pagan impuestos y tarifas exorbitantes en México pareciera ser que ni a las empresas o los reguladores fiscales o de telecomunicaciones les importe en algo lo que le suceda el usuario. La cantidad de robos a diario de celulares es un reflejo de que existe un muy voraz mercado para lo robado. Esta tarea de vigilancia corresponde a los gobiernos municipales. Si el celular robado es utilizado por un huésped carcelario para extorsionar o administrar su red delincuencial le corresponde tanto al gobierno federal como al estatal.
Si las empresas concesionarias del servicio de internet o telefonía fija o celular son omisas en cuanto a proteger la información de sus clientes o el buen uso de la red resulta que no son sancionadas en lo más mínimo.
Todos se dedican a ordeñar al cliente y si este hace mal uso de la telefonía celular o de la red pues ya no es asunto de ellos, ellos ya vendieron y nada les es sancionado puesto que las autoridades federales solo ponen atención al cobro de impuestos o derechos.
Los tianguis o mercados públicos están en nuestro país rebosantes de todo tipo de equipo robado – bien sea en todo o en partes. Computadoras extraídas de los automóviles, de las escuelas u oficinas, celulares, cables, etc. se ofrecen en venta con gran naturalidad. La oferta de todo lo cibernético pirata supera a lo legal.
No bien se estrena una película o un disco de música en la Ciudad de México cuando ya se oferta en CD en los mercados públicos o en el comercio ambulante. Como se ha hecho por décadas y prácticamente sin castigo ya es parte del folklore nacional a tal grado que a nadie le causa extrañeza. Cada mes tenemos información de nuevos delitos informáticos que dañan la economía de las familias, las empresas privadas o públicas o a los poderes legislativo, judicial y al ejecutivo. Que si se suplantó la identidad, que se exige un pago para no hacer del conocimiento público los mensajes entre funcionarios o políticos, que si se extorsiona por impagos a los prestamistas usureros.
La fragilidad de los sistemas de protección de información parece ser la norma en México. Después de la exhibida que recibió la SEDENA por parte de GUACAMAYA las autoridades han suplicado que no hagan caso de la información vuelta pública. Poco han dicho de invertir para corregir y no seguir teniendo nuestro país una vulnerabilidad tan amplia en el uso cotidiano de las tecnologías de la información.
Se ha vuelto tan rentable el mercado mexicano de la ilegalidad informática que se ha encontrado bandidos provenientes de Sudamérica, Rumania, Corea del Sur o Rusia que en unas semanas logran botines millonarios ante la falta de defensiva por parte de los usuarios cibernéticos nacionales.
Fraudes con ofertas de empleo, de crédito instantáneo, bots usados para desprestigiar productos, personas o marcas comerciales son frecuentes y solo muy de vez en cuando interviene alguien a frenarlos. La reciente sentencia a favor del Senador zacatecano Ricardo Monreal para que no se divulgaran sus conversaciones telefónicas o de redes no debiera de ser una excepción sino una regla. La privacidad es un derecho frecuentemente violado a lo largo y lo ancho de este país y denota el primitivismo en el que vivimos- independientemente de quien gobierne, quien esté en la Suprema Corte o en los tribunales o quien legisle. Somos una nación donde la piratería informática es tolerada a carta cabal. Donde la alta incidencia del hurto de celulares ya lo tenemos perfectamente asimilado a nuestros “usos y costumbres”.
