Lizbeth Bravo
Las mujeres con discapacidad viven una doble discriminación, por género y por condición física, sensorial, intelectual o psicosocial. Esta intersección no solo incrementa su exposición a la violencia, sino que también limita profundamente su acceso a derechos básicos como la salud, la justicia, la educación y el empleo.
Los datos son contundentes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 11.9% de las mujeres de 15 años y más viven con alguna discapacidad en México, lo que representa millones de vidas atravesadas por barreras estructurales. A esto se suma que, según el Censo 2020, el 53% de las personas con discapacidad en el país son mujeres, confirmando que no se trata de una minoría marginal, sino de un sector significativo de la población.
En materia de violencia, las cifras evidencian una situación alarmante. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) revela que el 72.6% de las mujeres con discapacidad ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una proporción mayor que la de mujeres sin discapacidad. En el último año previo a la encuesta, 41.5% de ellas también reportó haber vivido violencia, lo que demuestra que no se trata de un fenómeno aislado ni pasado, sino persistente.
Además, enfrentan formas específicas de violencia intensificadas por su condición. Por ejemplo, presentan mayor prevalencia de violencia física (13.3%) y económica o patrimonial (18.8%) en comparación con mujeres sin discapacidad. A esto se suma la violencia psicológica, que sigue siendo la más extendida y una de las más invisibilizadas.
Pero la violencia no es el único problema, el acceso a derechos está profundamente restringido. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), el 33.4% de las mujeres con discapacidad reportó haber sido víctima de discriminación. Esta discriminación se traduce en barreras concretas, dificultades para acceder a servicios de salud adecuados, sistemas de justicia accesibles, espacios educativos inclusivos y oportunidades laborales dignas.
En la práctica, esto significa que muchas mujeres con discapacidad no pueden denunciar la violencia que viven. La falta de intérpretes, infraestructura accesible, personal capacitado o protocolos diferenciados en ministerios públicos y hospitales las deja en un estado de indefensión. La violencia, entonces, no solo ocurre en el ámbito privado, sino que se reproduce en las instituciones que deberían protegerlas.
Esta realidad obliga a replantear las políticas públicas desde un enfoque interseccional. No basta con hablar de violencia de género en términos generales, es indispensable reconocer que no todas las mujeres la viven de la misma manera. Las mujeres con discapacidad enfrentan riesgos más altos, menos redes de apoyo y mayores obstáculos para acceder a la justicia.
Visibilizar esta problemática no es solo un acto de justicia discursiva, sino una condición necesaria para transformar la realidad. Mientras la discapacidad siga siendo ignorada en la agenda de género, millones de mujeres seguirán atrapadas en una doble exclusión, invisibles para el Estado e indefensas frente a la violencia.
