VALOR AGREGADO
Reforma al Poder Judicial
Antonio Fourzan
antonio.faz2018@gmail.com
20 de junio 2024
El problema que adolece el Poder Judicial, según lo dicho por el propio Presidente López Obrador y, luego repetido por todo el coro de la 4T, es que hay corrupción, que sus integrantes están al servicio de los conservadores, de los neoliberales e, incluso, del crimen organizado, en consecuencia, no hay justicia para el pueblo. Vamos a conceder, sin aceptar, que el diagnóstico es correcto, entonces, la gran pregunta es ¿cómo abona a la solución del problema, el hecho de que jueces, magistrados y ministros sea electos mediante el voto popular?
Lo primero, es conocer los detalles del proceso, estarían en juego un aproximado de 1,700 cargos, entre los de primer nivel que serían los Ministros de la Suprema Corte, luego los Magistrados de los Tribunales Federal Electoral, de Justicia Administrativa, luego los Jueces de Distrito, que son la gran mayoría. Para el caso de los Ministros de la Suprema Corte, se presentarían “30 candidaturas, 10 propuestas por el Presidente de la República; 10 por el Congreso de la Unión, 5 por cada Cámara, mediante mayoría calificada (MORENA); y otras 10 por el Poder Judicial, mediante mayoría de 6 votos, a través del Pleno”. Luis Carlos Ugalde. “La Corte de las Mayorías” El Financiero, 18 de junio 2024.
De los 30 candidatos se van a elegir a 9, de acuerdo con el texto de la reforma que va a proponer el Presidente, porque actualmente son 11 Ministros. Dichos candidatos tendrán que hacer campaña, pero sin financiamiento público, solo tendrán a su disposición tiempos oficiales en radio y TV, además foros públicos en los que podrán debatir. Revisemos algunos temas de logística: ¿habrá una sola elección para elegir a los más de 1,700 jueces y magistrados y ministros?; durante cuánto tiempo seremos “bombardeados” con los spots promocionales de los aspirantes a los cargos; cuáles serán sus promesas y compromisos de campaña, si lo único que deben hacer es aplicar la Ley; quién va a organizar un debate entre 30 candidatos (sólo para la SCJN) y todavía más complicado, quién lo va a ver.
Para una campaña a nivel nacional se requieren aproximadamente de 7 a 9 millones de pesos. Si alguno o varios de los candidatos deciden invertir sus ahorros en la campaña, cuando lleguen al cargo van a buscar la forma de recuperar lo que invirtieron, para el caso de los que reciban apoyos y financiamiento externo, tendrán que pagar de alguna forma la ayuda recibida. Lo más probable es que la mayoría de candidatos sean acuerpados y apoyados en sus campañas por partidos políticos, como sabemos MORENA tiene mayoría en ambas Cámaras, es el partido dominante, en consecuencia, tendrá la posibilidad de “colocar” a jueces y ministros en las posiciones más importantes y el resultado final es que tendrá el control de todo el poder judicial, en otras palabras, el sistema judicial estará politizado y al servicio del Presidente y el partido en el Gobierno.
Los jueces electos mediante el voto directo de la ciudadanía, al igual como sucede con los diputados y senadores, no van a estar al servicio del pueblo “bueno y sabio” que votó por éllos, sino a las órdenes del partido y/o grupo político que los llevó al poder.
En la consulta popular para la revocación de mandato sólo participó el 17% del padrón electoral, la elección de jueces, por la complejidad del tema y el gran número de candidatos, no motivará la participación del electorado, en consecuencia, los que resulten electos no tendrán legitimidad.
Del análisis anterior se desprenden las siguientes conclusiones:
La elección de los integrantes del Poder Judicial no resuelve el problema de corrupción diagnosticado por el Presidente y la 4T, por el contrario, lo incrementa, ya que desde la postulación de los candidatos se pierde la imparcialidad que debe tener un juez.
No serán tomados en cuenta el profesionalismo y la especialización, así como tampoco la capacidad y experiencia de los aspirantes, porque “cualquier” abogado que tenga apoyo político podrá ser favorecido, la máxima de López Obrador de 10% de capacidad y 90% de lealtad será la que prevalezca.
La elección de los integrantes del Poder Judicial será una elección muy costosa y arrojará resultados ilegítimos por la poca participación del electorado.
La 4T mandó a hacer encuestas para conocer la opinión del pueblo bueno y sabio, sin embargo, el diseño de la encuesta esta sesgado porque no hace cuestionamientos sobre la problemática de fondo, por ejemplo, ¿sabe cómo se elige actualmente a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, apuesto que la mayoría no lo sabe, entonces si solo se preguntó por cuestiones de forma, el resultado era previsible: 7 de cada 10 está de acuerdo en que se requiere una reforma del poder judicial y es correcto, definitivamente, es necesario hacer mejoras para eliminar la corrupción, la impunidad, la dilación en emitir sentencias, etc. El 59% de los entrevistados está de acuerdo en que se elija por voto directo a jueces, magistrados y ministros, claro, porque desconocen lo que implica.
La 4T manifiesta que se llevará a cabo un parlamento abierto para escuchar a todos antes de emprender la aprobación de la reforma judicial, pero AMLO dejó muy claro en la “mañanera” del lunes 17 de junio, cuál será la tónica de dicho parlamento, al pronunciarse sobre un documento que elaboró el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que investigadores y expertos en el tema señalan que las reformas propuestas al poder judicial no van a solucionar los problemas de fondo, dijo textualmente: “para que se meten”, si, por más increíble que parezca, cuestionó prácticamente con un nivel de censura, la intervención del Instituto. Cómo que “para que se meten”, pues si es su tema, son académicos, investigadores, sino participan en este debate sobre la reforma al poder judicial, que es un acontecimiento de gran relevancia para la vida política, social y económica del país, entonces para qué están.
Finalmente, ante la amenaza de que la mayoría de MORENA aprobaría en “fast track” la reforma judicial, la Bolsa Mexicana de Valores se cayó y el peso perdió terreno frente al dólar. La respuesta de AMLO fue que “antes de los mercados está la justicia”. La pregunta es: la justicia para quién, porque si no se cuida el contenido de la reforma y el proceso de su aprobación, el resultado puede ser desastroso para la economía del país, una fuga de capitales provocaría una devaluación, lo que a su vez generaría inflación, entonces, todos perdemos y para variar lo más perjudicados serían los pobres.
