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El juez Francisco Martínez Ramírez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas colocar en zapoteco, además de español, la nomenclatura oficial y los topónimos de la ciudad. La resolución se dictó el primero de septiembre de 2026 dentro del juicio de amparo 12/2025, promovido por María Lubia Santiago Villalobos, mujer indígena zapoteca originaria de Juchitán, con el acompañamiento jurídico de Litigio Estratégico Indígena A.C.

El asunto parte de algo sencillo: en una ciudad donde el zapoteco sigue vivo en las casas, los mercados, las fiestas y las conversaciones diarias, los nombres oficiales de las calles seguían apareciendo sólo en español.

La sentencia señala que 52.9% de la población del municipio habla una lengua indígena. La ley establece que en los municipios donde al menos 20% de la población habla una lengua indígena, la nomenclatura oficial y los topónimos deben aparecer también en la lengua de uso en el territorio.

Para Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C., el caso va mucho más allá de cambiar placas.

“Durante décadas, la discusión sobre la preservación de las lenguas indígenas se quedó en las escuelas, en las leyes y en los programas públicos. Pero una lengua también vive en la calle, en el nombre de un barrio, en una esquina, en la forma en que una comunidad nombra su propio territorio”, explicó.

El seis de mayo de 2026, un actuario judicial recorrió la calle Valentín Gómez Farías, en la Octava Sección, y varias calles del centro de Juchitán. La inspección dejó constancia de que algunas vialidades sí tenían nomenclatura oficial, pero los nombres observados estaban escritos únicamente en español.

Esa constatación resultó clave.

El juez concluyó que el Ayuntamiento de Juchitán, el presidente municipal y el INALI habían omitido realizar las acciones necesarias para incorporar el zapoteco en la nomenclatura y los topónimos de la ciudad.

La quejosa sostuvo que esa omisión afectaba su derecho a la preservación y al uso de su lengua y que contribuía a su desplazamiento. El juzgado le dio la razón.

La sentencia ordena que, una vez que quede firme, el Ayuntamiento y el presidente municipal se coordinen con el INALI para realizar las gestiones necesarias y colocar los nombres de las calles y los topónimos en español y en zapoteco, en la variante propia de Juchitán.

Ese último punto tiene peso. No se trata de colocar cualquier traducción ni una versión genérica del zapoteco. La resolución reconoce que la lengua también tiene territorio, variantes y formas propias de nombrar.

Litigio Estratégico Indígena A.C. ha insistido en que los derechos lingüísticos no pueden quedarse en declaraciones legales. También tienen que verse. Leerse. Ocupar el espacio público.

En Juchitán, la sentencia lleva esa discusión a un lugar concreto: la esquina de una calle.

Y obliga a que la ciudad empiece a nombrarse también en la lengua que la ha acompañado durante generaciones.