RENUNCIA DE CONSEJEROS DE LA CNDH, EJEMPLO DE DIGNIDAD.
Pedro Martínez Lara
pmtzlara@hotmail.com
Al haberse dado a conocer el día de ayer la renuncia de las y los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, decidí posponer para la siguiente semana, la continuación del tema abordado en mi colaboración anterior, a fin de hacer algunas reflexiones sobre lo ocurrido en esa institución nacional que en los spots televisivos, anuncia que defiende los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Las y los Consejeros renunciaron por las arbitrariedades de su titular, la señora Rosario Piedra, quien los hizo a un lado y siempre los ignoró, para que no pudieran cumplir la importante encomienda que les correspondía, en la conducción de ese organismo que últimamente ha sido ampliamente cuestionado por sus actuaciones entreguistas. El referido hecho, nos obliga a echar un vistazo a lo que en Oaxaca viene ocurriendo con el Consejo Ciudadano del organismo que fue creado para defender los derechos humanos de las y los oaxaqueños; donde por ciertas informaciones que se tienen, es probable que pueda suceder algo similar, ya que sus integrantes (los que quedan), tienen clara conciencia de la preocupante situación que persiste en la operación de este órgano, que prácticamente está “congelada” desde la llegada de su actual titular, quien fue designada en dicho cargo, por recomendación expresa del Padre Alejandro Solalinde.
Antes de entrar en detalles, es importante dar el contexto de lo señalado por la ley de la DDHPO, en cuanto al papel que le corresponde a este órgano consultivo en materia de derechos humanos, el cual juega un rol fundamental para la aprobación de las políticas y lineamientos generales de la Defensoría, debiendo intervenir de manera directa en el impulso de reformas, modificaciones y adiciones a su normatividad; procurando además la adecuada y eficaz evaluación de sus programas, procedimientos y acciones para lograr el cabal cumplimiento de sus funciones.
El Consejo de la Defensoría, debe ser un auténtico espacio de participación ciudadana, donde estén representados los intereses y las necesidades de la sociedad oaxaqueña (personas y colectivos) debiendo, además, incorporar nuevos elementos que puedan enriquecer el dialogo con los diversos sectores, para ampliar la comprensión y la visión de la problemática estatal, al interior de la propia institución defensora de los derechos humanos.
Este Consejo como lo mandata la ley , deberá estar integrado por tres representantes mujeres y tres representantes hombres y ser presidido por el o la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ahora bien, acá en la entidad, dicho Consejo Ciudadano se encuentra incompleto, ya que desde hace varios años, el Consejero Bernardo Rodríguez Alamilla fue designado como titular de la DDHPO y el Congreso estatal no procedió a designar al Consejero sustituto.
Además de lo anterior, se tiene información que actualmente otra integrante del referido Consejo, pasó a desempeñar las funciones de la Secretaría Técnica del propio órgano ciudadano, debido a que la actual Defensora, sin tener la facultad para hacerlo, cesó de sus funciones a la Secretaria Técnica Silvia Bustamante, quien con anterioridad había sido ratificada en su cargo, por el mismo Consejo Ciudadano en funciones.
Aunque en la ley se mandata que mensualmente deben realizarse sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Ciudadano, que deben ser presididas por la titular de la DDHPO; se sabe que actualmente esta disposición no se cumple, como tampoco son cumplidas las funciones que la propia ley le otorga al Consejo, en el artículo 18 de dicho instrumento jurídico, para proponer diversas medidas que permitan mejorar la calidad de los servicios que presta dicho organismo. Asimismo, debe denunciarse que con la complacencia de la actual titular, actualmente viene operando como Consejera Ciudadana, una persona que es servidora pública del DIF estatal (mando superior), situación que la ley de la Defensoría prohíbe terminantemente.
Por otro lado, y aunque el Consejo Ciudadano es la máxima autoridad de la Defensoría, se sabe que la titular no lo consulta para la toma de decisiones cruciales, como las modificaciones de la estructura orgánica y la creación o reorientación de los servicios que son ofrecidos por el organismo, mucho menos, se ha permitido que el Consejo intervenga para diseñar un Plan Estratégico Institucional, que brinde direccionalidad a los programas y acciones de la Defensoría, documento rector que aún no existe.
No sería ocioso que quienes integran la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso del Estado en cumplimiento al mandato que les fue conferido por el pueblo de Oaxaca, realmente se pusieran a desquitar la jugosa dieta que mensualmente reciben y realicen urgentemente una revisión de lo que está pasando al interior de la DDHPO; que evalúen realmente su funcionamiento y el de sus oficinas Regionales o especializadas y que con base en el presupuesto que dicho organismo recibe anualmente, se pueda saber cuánto está costando la atención completa de una queja y la formulación de un Cuaderno de Antecedentes, además de determinar cuánto le cuesta al pueblo de Oaxaca una Recomendación de la Defensoría por la violación a los derechos humanos de la ciudadanía.
Habría que evaluar también cuantos recursos de inconstitucionalidad se han elaborado en contra de la promulgación de leyes o disposiciones arbitrarias que violentan derechos humanos de las y los oaxaqueños y por qué no se denuncia la inmoral impunidad de las autoridades de justicia, por los numerosos feminicidios que se cometen en las distintas regiones del estado y que colocan a la entidad en los primeros sitios de la estadística nacional?. En fin, el Consejo ciudadano de la DDHPO y la Comisión Permanente de Derechos Humanos deben cumplir con sus obligaciones y realizar la evaluación urgente del desempeño de este organismo autónomo, ya que las auditorias que realiza la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado, para nada tocan lo referente al desempeño y eficiencia programática.
Tal parece que, ahora, la DDHPO solo enfoca su presupuesto, personal y acciones programáticas para la atención de las y los migrantes centroamericanos, por recomendaciones directas del tutor de la Defensora; por todo ello, se ratifica la necesidad de que, tanto el Consejo Ciudadano o lo que quede de este, así como la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, vigilen muy de cerca las graves anomalías y deficiencias que se están dando al interior de este organismo, cuya titular actúa con las mismas actitudes arbitrarias y llenas de prepotencia, como lo hace a nivel nacional la Presidenta de la CNDH.
