Primero quiero ser muy claro: rechazo categóricamente haber dado instrucción alguna para fabricar delitos, detener o perseguir al periodista Ernesto Rojas Ayuzo.
Puede cuestionarme, criticarme y publicar lo que considere pertinente. Ése es su derecho y, como servidor público, mi obligación es respetarlo.
El oficio de la Secretaría de Gobierno que se ha hecho público tuvo una finalidad institucional y de protección: conocer si existían denuncias y medidas de protección, exclusivamente para efectos de coordinación entre las autoridades competentes y para contribuir a salvaguardar su vida y su integridad.
En ningún momento se solicitó acceso a una carpeta de investigación, ni información sobre su contenido, pruebas, declaraciones o líneas de investigación. Son ámbitos que corresponden exclusivamente a la Fiscalía.
Además, dado que existe un señalamiento directo hacia mi persona, actuaré con absoluta responsabilidad institucional: no intervendré en ninguna investigación relacionada con esas denuncias. Que sean las autoridades competentes las que investiguen y determinen lo que corresponda.
Lo que sí nos corresponde como Gobierno es contribuir a garantizar su protección. Por eso solicitaremos que la Fiscalía, la Defensoría y el Mecanismo Federal revisen las medidas existentes y, con base en una valoración técnica, determinen si deben reforzarse.
No voy a convertir este asunto en una confrontación con un periodista. Si existe un señalamiento contra mí, que se investigue. Tengo absoluta disposición para responder ante cualquier autoridad.
Nuestra responsabilidad es clara: garantizar que Ernesto Rojas pueda ejercer su labor con libertad y que su integridad y la de su familia estén debidamente protegidas.
