Rodrigo González Illescas
“La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces.”
—Jean-Jacques Rousseau
Crónica de una caída anunciada
La caída de Nicolás Maduro representa un punto de quiebre para América Latina.
La democracia, entendida no solo como un sistema de gobierno sino como un estilo de vida, se sustenta en la libertad y en el respeto a la pluralidad. Implica que, en elecciones libres y lo más equitativas posibles, compitan distintos proyectos de nación; pero también que, una vez declarado un ganador, se gobierne para todos, sin distingos, incluyendo a quienes perdieron la elección y a quienes piensan diferente. De eso se trata la democracia: después de una elección se gobierna con un solo propósito, construir mejores condiciones para toda la sociedad.
Venezuela es un claro ejemplo de cómo un país democrático puede, a través del acceso al poder de un liderazgo carismático, permitir que este se apropie de las instituciones y ejerza un control progresivamente absoluto. Desde ahí se violan leyes, se ignoran tratados internacionales y, bajo una democracia meramente formal, se consolida un régimen autoritario con vocación de permanencia. Todo ello con la intención de exportar el modelo populista bolivariano al resto de América Latina, como si se tratara de un manual sobre cómo destruir la democracia utilizando sus propias libertades.
En 1992, con un golpe de Estado fallido contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez —un joven mando militar— saltó a la fama. Dos años después, en 1994, tras ser indultado por el presidente Rafael Caldera, dejó el uniforme militar para enfundarse el traje civil. Seis años más tarde, utilizando los mecanismos de la democracia representativa, compitió en un proceso electoral y ganó la presidencia.
El chavismo se mantuvo en el poder y se prolongó con Nicolás Maduro durante más de veinticinco años. En un escenario político ampliamente anticipado por analistas y observadores internacionales, el 28 de julio de 2025 Maduro habría perdido la elección en un proceso marcado por sondeos, presión internacional y el desgaste propio de un régimen autoritario. Sin embargo, haciendo uso del control absoluto de las instituciones, se habría autoproclamado nuevamente presidente de Venezuela.
En ese mismo contexto, el sábado 3 de enero de 2026 se produciría una operación internacional que retiraría a Maduro del poder para enfrentar a la justicia norteamericana. Se trataría de un acto profundamente polémico, pues toda intervención de esta naturaleza genera cuestionamientos legales, éticos y políticos. No obstante, cuando el poder no emana de la soberanía popular, cuando no existe legalidad ni legitimidad democrática, el debate sobre la intervención deja de ser abstracto y se sitúa en el terreno de la restauración del orden democrático.
Es decir se puede cuestionar el método utilizado, más sin embargo es incuestionable el fondo que llevó a la intervención.
Lo que sigue para Venezuela no es venganza ni improvisación, sino reconstrucción. La asunción del presidente legítimamente electo, Edmundo González Urrutia, marcaría el inicio de la recuperación institucional, el restablecimiento del Estado de derecho y el regreso gradual a la normalidad democrática. Venezuela tendría entonces la oportunidad histórica de demostrar que las dictaduras pueden caer y que la democracia, aunque frágil y lenta, termina por imponerse.
