- Raymundo Ibáñez del Castillo periodismotrascendente2025@gmail.com
“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”: Benito Juárez.
La orden de las autoridades financieras del gobierno de Estados Unidos a las filiales mexicanas de bancos de capital extranjero, de investigar las cuentas personales y del entorno familiar de siete gobernadores mexicanos y que pudiera derivar en el congelamiento de las cuentas bancarias, ha aumentado la incertidumbre y el estado de alarma entre la narco política, el narco partido de morena y, por supuesto, con mucho más impacto dentro del círculo cercano a Claudia Sheinbaum Pardo, heredera del exacerbado autoritarismo totalitario para la imposición de la maldita dictadura comunista en México.
En medio de la abierta y decidida lucha que ha emprendido el gobierno estadounidense republicano de Donald Trump, en contra de los cárteles del narcotráfico y que desde hace más de un año, en febrero de 2025, el presidente norteamericano, emitió la orden ejecutiva, mediante la cual designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cuya directriz elevó las facultades discrecionales para el combate de estos grupos criminales, así como a sus socios y a sus facilitadores en primer, segundo o hasta tercer grado de relación, ahora son investigados los 7 gobernadores de igual número de entidades del país.
La orden de investigación financiera de los Estados Unidos en contra de los 7 gobernadores y que pudiera derivar en el congelamiento de cuentas bancarias, por presunto lavado de dinero y procedente de actividades ilícitas o pago de favores relacionadas con el narcotráfico, se refiere a los “mandatarios” de los Estados de Campeche, Coahuila, Durango, Morelos, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, como son: Layda Sansores Pérez, Manolo Jiménez, Esteban Villegas, Margarita González, Salomón Jara Cruz, Rocío Nahle y Clara Brugada.
La enérgica medida del sistema financiero estadounidense, se suma a las ordenes similares que se dieran con anterioridad para someter al escrutinio las cuentas bancarias, tanto del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya como del que está todavía en funciones en el Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Las presiones en contra del gobierno mexicano por parte de los Estados Unidos de Donald Trump, por la “guerra sin cuartel”, abierta y decidida en contra de los cárteles del narcotráfico, reconocidos como organizaciones internacionales narcoterroristas, se ha intensificado aún más en el último mes y medio, después de que el 28 de abril de este año, 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solicitara la detención, con fines de extradición del gobernador de Sinaloa en funciones y ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios y ex funcionarios más, entre ellos, el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, por tráfico de drogas, armas y vínculos de protección al Cártel de Sinaloa.
En respuesta, a la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el exacerbado autoritarismo totalitario para la imposición de la dictadura comunista en México, representado por Claudia Sheinbaum Pardo, se ha negado sistemáticamente a cumplir, contraviniendo el tratado de extradición vigente, que fue signado con el gobierno norteamericano, argumentando una serie de pretextos y utilizando la tan llevada y traída soberanía nacional para proteger a estos narco políticos y blindándolos de múltiples formas.
La negativa del gobierno de la cuatrote (4t), para detener al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y sus cómplices; dos de los cuales, ya se entregaron voluntariamente y a espaldas del gobierno de México a la justicia estadounidense, en calidad de colaboradores, ha provocado, incluso, cierta rivalidad entre el exacerbado autoritarismo y los narcoterroristas que están siendo juzgados en Estados Unidos, porque ellos fueron enviados de inmediato, a pesar de los acuerdos, pactos y de las campañas político electorales financiadas para que Morena llegara al poder, a diferencia de los narco políticos encabezados por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, con complicidades y lazos irrompibles con el sátrapa, Andrés Manuel López Obrador.
