- Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Quienes tenemos como objeto de estudio el gobierno y los asuntos públicos no podemos desvincular la pandemia actual del ejercicio de un buen gobierno, ni de las legítimas aspiraciones y demandas de los ciudadanos y habitantes -aunque no estén todavía en edad de votar o la ley no les permita votar- para asegurar que dicho buen gobierno exista en su país -cualquier país, región, provincia, entidad federativa, departamento, ciudad, condado, municipio o alcaldía-, es decir, en todos y cada uno de sus niveles de gobierno, administración y gestión.
En el caso que ahora nos ocupa y preocupa, la responsabilidad de un buen gobierno empieza con tener y mantener una estructura y servicios de salud -públicos y privados- eficaces, eficientes, efectivos y suficientes para atender a toda la población que sea necesario atender, tanto en el aspecto preventivo como en el curativo.
Para saber si eso sucede son los informes periódicos de gobierno, en los que por cierto rara vez -si no es que nunca- se presentan estudios comparativos de la evolución de tales estructuras y servicios, pues con dichos informes más bien solo se trata de hacer propaganda y lograr o mantener alguna forma de legitimación.
La verdad es que en esta cultura política mediática el ciudadano promedio no se interesa por entrar a este tipo de detalles -que, paradójicamente, ahora resultan cruciales para nuestra supervivencia-. Por lo que, para cualquier gobernante, hasta le resulta ocioso perder tiempo en tanto detalle.
En México, hoy, se reitera cada mañana y cada tarde el discurso triunfalista de un gobierno federal que supuestamente tiene todo -todo- bajo control frente a la pandemia -y no solo frente a la pandemia-; sin necesidad, desde luego, de entrar en detalles. Distinta es la visión que tienen los gobernadores de las entidades federativas, no solo los provenientes de partidos opositores al del ejecutivo federal sino incluidos uno que otro de su propio partido.
En el caso de los ayuntamientos municipales y alcaldías en la Ciudad de México, la necesidad se acompaña con la imaginación a falta de recursos propios, federales o federalizados -explicar la distinción lleva su tiempo-, así como de la colaboración y coordinación con otras instancias de gobierno.
El caso es que ahora ha surgido el reclamo de revisar el Pacto Fiscal, piedra angular para el buen funcionamiento del Pacto Federal y del control democrático del ejercicio del poder público.
Al final de cuentas, el sistema federal es una compleja red de distribución de competencias para la prestación de servicios públicos y la obtención de recursos fiscales que les permitan funcionar. Todo esto para que, si cualquiera de nosotros se llegase a enfermar de Coronavirus, pueda llegar a un hospital público o privado y recibir la atención médica que le salve la vida. Pero todo indica que esto, hoy, no resulta tan sencillo; menos aún si se amenaza la normalidad democrática difícilmente alcanzada.
