¿Otra reforma electoral?

El sistema electoral mexicano ha sido, y es, referente en distintas partes del mundo, por su historia, su organización, su regulación, sus reformas y su consolidación, lo que lo convierte en tema de estudio y en modelo a seguir o en ejemplo de lo que no debe hacerse. Desde el largo periodo de dominación de un partido hegemónico, pasando por la creación de reglas que, poco a poco, fueron abriendo la posibilidad de participación de otras expresiones políticas, hasta el logro de la transición democrática, hace solo 23 años, se fue dotando de certeza y credibilidad a los resultados electorales en el país, y como consecuencia se fortaleció nuestra democracia.

Todas la reformas electorales, tanto constitucionales como legales, fueron abriendo paso a importantes cambios en la conciencia ciudadana y en la propuesta ideológica de los partidos políticos, pues obedecieron a la exigencia de una oposición firme y decidida que logró un nuevo ambiente electoral y reglas cada vez más exigentes para evitar que el gobierno o las fuerzas políticas cometieran excesos en el desarrollo de los procesos electorales.

Así, nuestra democracia se fue sustentando en la desconfianza, hasta llegar a una sobre regulación en materia electoral, a veces absurda, que pareciera que no permite hacer nada a los partidos, a los candidatos, al gobierno y a los ciudadanos, pero que sirvió para que se eliminaran viejas prácticas y se diera confianza a la gente. Sin embargo, ese exceso de reglas también ha provocado la simulación y ahora se busca la forma de dar la vuelta a la ley, tratando de engañar a las autoridades, en lugar de ceñirse a su cumplimiento.

Pues ahora resulta, que muchos de quienes lucharon por esos cambios – destacadamente Andrés Manuel López Obrador – desde su postura opositora, son los que cuestionan lo que alcanzaron y se empeñan en no cumplir las normas que ellos mismos lograron, acusando a las autoridades electorales de enemigos o de adversarios, conservadores, autoritarios, retrógradas, cuando sancionan las conductas del gobierno y su partido, que violan la equidad y la imparcialidad, tal y como lo exigieron en su momento. Se volvió al uso indebido de recursos públicos para incidir en los procesos; volvimos a ver el acarreo de personas para llenar los eventos; el uso electorero de los programas sociales; la propaganda desde las más altas esferas del poder, hasta los espectaculares y bardas; las campañas abiertas y anticipadas, todo eso, prohibido por la Constitución o por la ley, pero cuando eso se castiga en términos de esa misma ley, entonces se descalifica a la autoridad y se alega libertad de expresión; se simulan procesos internos para disfrazar campañas y se autojustifica la violación a la ley permitida tímidamente por las autoridades.

¿Y cómo se podría terminar con esa simulación? Hay quienes plantean la necesidad de una nueva reforma, que sustente la democracia en la confianza, que retire una serie de limitaciones legales para que los actores políticos puedan desarrollar sus actividades más abiertamente y con mayor libertad, que retire candados y que brinde mayor certeza, que sancione severamente las violaciones a la ley, pero que permita más facilidades para la expresión de propuestas y ofertas políticas.

Una reforma que hiciera obligatorio el voto y la participación de la ciudadanía en los procesos, lo que evitaría seguramente la compra de votos y el acarreo de personas, y obligaría a los partidos y a los gobiernos a estar más cerca de la gente para ganar su confianza.

Una reforma que le dé más fuerza y consistencia a las autoridades electorales y que aligere sus tareas, apoyándose en otros órganos constitucionales autónomos, como la Auditoría Superior de la Federación para revisar el uso y gasto de recursos públicos por los partidos, o el IFETEL para regular los tiempos de radio y televisión para uso electoral, tanto de las autoridades como de candidatos y partidos.

Una reforma que reconozca que en México estamos preparados para la auténtica democracia y que deje totalmente en manos de los ciudadanos la organización de las elecciones, sin injerencia del gobierno en el nombramiento de quienes fungen como árbitro en las contiendas electorales.

En fin, una reforma definitiva, no regresiva, que se discuta ampliamente para buscar el consenso social.

Eso, claro, tendrá que analizarse y discutirse después de terminado el proceso electoral del próximo año, y si los resultados del mismo lo permiten, porque hasta ahora, no hay la seguridad de que sean aceptados esos resultados si no favorecen al oficialismo, pero creo que estamos ante una gran oportunidad para replantearnos la democracia que queremos y que hoy, lamentablemente, muchos vemos en un grave riesgo. Al tiempo.