Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidió que la situación mexicana fuera remitida a la Asamblea General de la ONU, ya que existen indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
- Las madres buscadoras son la expresión más dolorosa de la crisis: arriesgan su vida para hacer el trabajo del Estado. Human Rights Watch documentó que organizaciones de derechos humanos reportaron el asesinato de ocho personas dedicadas a buscar desaparecidos durante 2025.
El narco desaparece a 133 mil mexicanos, el Estado falla y las familias buscan. Detrás de cada registro hay una historia interrumpida, una madre que no se rinde y una deuda de justicia que atraviesa gobiernos, instituciones y discursos políticos. Es el rostro de una crisis humanitaria que el poder no puede ocultar.
La dimensión internacional de esta crisis quedó expuesta en abril de 2026, cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó que la situación mexicana fuera remitida a la Asamblea General de la ONU, al considerar que existían indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno mexicano rechazó las conclusiones del Comité y defendió las medidas adoptadas por sus instituciones.
La discusión no puede resolverse mediante descalificaciones entre el Gobierno y los organismos internacionales. Exige examinar las pruebas, investigar los casos, esclarecer las responsabilidades y evaluar con rigor los resultados de las políticas públicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe publicado el 11 de mayo de 2026, registró más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta junio de 2025, además de estimaciones independientes superiores a 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia estatal. La CIDH formuló 40 recomendaciones para fortalecer la prevención, la búsqueda, la investigación y la reparación a las víctimas.
El dato más perturbador no es solamente el número de personas ausentes. Es la dimensión de las tareas pendientes para localizar a quienes faltan, identificar restos humanos y garantizar que cada familia reciba respuestas verificables.
De acuerdo con el análisis de Data Cívica sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 16 de agosto de 2026 había 133 mil 788 registros de personas que continuaban sin ser localizadas. El mismo análisis contabilizó 406 mil 362 registros de personas que habían desaparecido en algún momento desde 1952, incluidas las posteriormente localizadas con o sin vida.
Esta precisión importa. No significa que todas las personas desaparecidas hayan sido víctimas del mismo delito, ni que todos los casos correspondan a hechos recientes. Tampoco permite atribuir automáticamente cada desaparición al narcotráfico o a una política deliberada del Gobierno federal.
Pero hay una obligación que no admite controversia: ningún ajuste administrativo puede sustituir la búsqueda efectiva de una persona ni justificar que un caso quede sin investigar.
El Gobierno tiene derecho a explicar sus metodologías, presentar sus avances y corregir registros inconsistentes. Lo que no puede hacer es pretender que una modificación estadística equivale, por sí misma, a una solución humanitaria.
Localizar a una persona requiere esclarecer dónde está, en qué condiciones fue encontrada y qué ocurrió. Si fue asesinada, hace falta identificar sus restos, investigar el homicidio y entregar respuestas a sus familiares. Si continúa desaparecida, la obligación de búsqueda permanece.
La rendición de cuentas debe medirse con resultados comprobables, no únicamente con anuncios oficiales.
Las madres buscadoras: el Estado que falta. En muchas regiones de México, las familias han tenido que organizarse en colectivos, aprender técnicas de búsqueda, identificar indicios y recorrer terrenos donde las autoridades deberían contar con capacidades profesionales suficientes.
Las madres buscadoras representan una de las expresiones más dolorosas de la crisis: mujeres que arriesgan su seguridad física y emocional para hacer el trabajo que la sociedad espera de sus instituciones.
Su labor no debería depender del sacrificio personal, las colectas ciudadanas o la exposición pública de su sufrimiento. Deben contar con protección, acompañamiento psicológico, recursos, asesoría jurídica y acceso oportuno a expedientes y resultados periciales.
La violencia también alcanza a quienes buscan. Human Rights Watch documentó que organizaciones de derechos humanos reportaron el asesinato de ocho personas dedicadas a buscar desaparecidos durante 2025.
Cada agresión contra una madre buscadora, cada amenaza contra un colectivo y cada obstáculo injustificado a una investigación constituyen motivos adicionales para exigir medidas de protección y rendición de cuentas.
No basta con reconocer públicamente su valentía. Las autoridades deben garantizar que puedan buscar sin convertirse en nuevas víctimas.
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