- Por Mtro. José María Villalobos Rodríguez.
Comer un puño de pistaches no nos mata ni nos daña. Pero si ingerimos arsénico la muerte llega pronto. No hemos aprendido en México lo valioso que es contar con una recaudación tributaria sólida que se acompañe de transparencia y rendición de cuentas.
Por 50 años hemos optado por pedir prestado casi para todo: para los programas sociales, para energía, para infraestructura urbana, para modernizar las telecomunicaciones y las autopistas. El pequeño detalle es que al endeudarnos como país o como individuos comprometemos hoy los ingresos futuros. Así de simple. Vivimos a costa del ahorro externo, no del interno. Apostamos el bienestar de generaciones a que suban los precios del petróleo o los minerales. No innovamos en bienes o servicios como Corea del Sur.
Cuando en 1970 México tuvo 48 millones 225 mil 238 habitantes se tomaban decisiones fiscales y de deuda pública en una economía cerrada; en 2020 con 126 millones 14 mil 024 de población -77 millones 778 mil 786 más que en 1970- el manejo fiscal se dificulta en una economía abierta que por una pandemia registró una fuerte caída en calidad de vida, con problemática migratoria ríspida en ambas fronteras, con graves daños por inundaciones y desinversión en infraestructura básica y con señales preocupantes del avance territorial de grupos violentos fuera de la legalidad. ¿Cómo llegamos a esta situación tan riesgosa?
Estamos así por una serie de decisiones de endeudamiento en lugar de recaudación suficiente de recursos tributarios. Perdimos tres generaciones por andar pidiendo prestado- siempre un camino fácil, pero de graves consecuencias. Esta fue la secuencia sexenal:
1970-1976: Luis Echeverría Álvarez expropió industrias y pagó a los agricultores precios de garantía tres veces arriba de los internacionales. Terminó con alto déficit público, balanza comercial negativa, peso devaluado y una clase media dañada porque México ni se fue para arriba ni caminó hacia adelante. Distanciarse con Estados Unidos e Israel nos salió caro.
1976-1982: José López Portillo vendió un espejismo de abundancia soportada por Cantarell y PEMEX. El erario invertía con créditos en dólares al 18% – no con recaudación de impuestos. Los eventos de Irán desplomaron los precios del petróleo y al no aceptar México reducirlos pagamos alto precio. Instauró el Impuesto al Valor Agregado y aceptó la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) que a mediano plazo abriría mercados, pero que facilitaba la entrada de competidores obligaba a desmantelar el proteccionismo y subsidios públicos. Por decreto presidencial se expropió la banca privada concesionada. Con costos a fondo perdido quedaron truncas inversiones petroquímicas, puertos industriales, ferrocarriles y generación de energía
1982-1988: Miguel de la Madrid Hurtado negoció pagos con la banca internacional sacrificando gasto en educación y salud, el país cayó en hiperinflación y el peso se devaluó hasta 195 pesos (viejos) por dólar, desastres como terremotos de 1985, la planta gasera de Pemex en San Juanico pusieron a prueba la solidez de las finanzas públicas y tuvimos una suspensión de pagos. Para indemnizar a los banqueros el Gobierno Federal emitió Bonos de Indemnización Bancaria que a finales de 1983 significaban deuda por 105.6 miles de millones de pesos. A finales de 1998 se terminaron de pagar.
1988 – 1994: El economista Carlos Salinas de Gortari planea primero un acuerdo comercial y de inversión con la Unión Europea. Gracias a la burla que de ello hizo Helmut Kohl, Primer Ministro alemán conduce a la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Es tal el éxito de este Tratado que el centro y norte de México que en 25 años dan un gran salto en calidad de vida, exportaciones y, sobre todo, de mejores ingresos para millones de familias. Con sus reglas se volvió referencia «ganar -ganar» para el mundo.
Crea el llamado NUEVO PESO que le quita tres ceros al anterior y ejerce su poder de convencimiento para con los empresarios y la clase media urbana. Reforma la tenencia de la tierra permitiendo, ahora, que sea posible enajenar ejidos o comunidades. Con el esquema de BONOS CARRETEROS financia autopistas como la México – Acapulco
En 1993-1994 el gobierno federal de México incurre en faltar a la verdad a la comunidad financiera al colocar TESOBONOS sin respaldo de ingresos para su pago.
1994-2000: Ernesto Zedillo afronta el «error de diciembre», nueva crisis de deuda y devaluación originada en salida de capitales por eventos criminales y el impago de TESOBONOS. Por iniciativa del Presidente Clinton y con la anuencia de su Congreso México obtiene un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos. El fundamento fue que de no hacerlo sobrevendría un éxodo masivo por los puentes internacionales norteños – como el que hoy están haciendo haitianos, caribeños, centro y sudamericanos en nuestras fronteras.
La deuda por TESOBONOS se pagó en tres años y se volvió a sacrificar salud y educación.
Previa autorización del Congreso de la Unión se hizo pública la deuda privada para rescatar ahorradores y acreditados derivados de la fallida privatización bancaria.
Para este rescate se creó el FOBAPROA (hoy IPAB) que a finales de diciembre 1999 tuvo un adeudo registrado por 782 mil 844 millones de pesos; al 30 de junio 2021 asciende a 973 mil 419 millones de pesos. En 22 años ha crecido 190 mil 575 millones de pesos.
Con uso de Unidades de Inversión se reestructuraron hipotecas de una manera engañosa.
Zedillo efectuó, además, el llamado rescate carretero de concesionarios, para ello emitió deuda interna mediante Bonos Carreteros por un valor de Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). En 1997 la deuda bancaria por el Programa de Rescate Carretero ascendió a 36,646.1 millones de pesos, además de los 21,078.6 millones que se canalizaron al pago de indemnización de los participantes mediante los PIC, un total de 57,724.7 mdp.
A junio 2021 esta deuda federal tiene un saldo a pagar por 236 mil 146.9 millones de pesos contabilizados en el FARAC dentro del FONADIN de Banobras.
Para financiar nuevas plantas de energía eléctrica se creó la figura de Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (PIDIREGAS) que al cierre del año 2000 tuvieron un saldo de endeudamiento contratado por 150 mil 009 millones de pesos. A junio de 2021 el saldo de la deuda por PIDIREGAS alcanzó 125,204 millones de pesos.
2000 – 2012: Los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se aplicaron en que se desmantelaran organismos como la CONAGUA y pasaran de ser de operadores a simples recaudadores de cobros de agua. En Pemex y la CFE los presidentes panistas crecieron la nómina, prestaciones y pensiones de privilegio, pero redujeron la capacidad productiva y el mantenimiento de refinerías, ductos o plantas de generación eléctrica más eficientes. Calderón canjeó petróleo crudo por gasolinas con la India y facilitó en demasía la inversión privada en generación para autoconsumo industrial y en energías limpias.
Descremó la clientela rentable a la CFE y obsequió nichos de mayoreo a empresas privadas como la española Iberdrola financiadas, además, por Nacional Financiera o la española ABENGOA con fondos del INFONAVIT y créditos del Bancomext. Durante doce años crece exponencialmente la práctica en todo el país de empresas factureras y de outsourcing con daño al erario y al Seguro Social.
2012- 2018: Enrique Peña Nieto dejó en abandono las refinerías de PEMEX y concentró la inversión federal en el estado que lleva por nombre el de patria toda.
Con esos antecedentes de gasto, ingreso y deuda pública al sexenio 2018- 2024: ¿Cuál pudiera ser un gran acierto en política fiscal del actual gobierno federal? ¿Será el fin de privilegios a grandes empresas que lograban rebajas sustantivas en al pago de sus impuestos? ¿Será terminar con empresas fantasmas para la facturación o con las empleadoras simuladas? ¿Será momento de terminar con las pensiones de privilegio? ¿O poner un alto al costo fiscal de las influencias de grandes contribuyentes de organizaciones no gubernamentales o fundaciones con altos costos administrativos?
Una manera sería que a partir del 2022 sea exitosa la propuesta actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de crear un nuevo régimen de confianza para el causante medio o pequeño perteneciente en su mayoría a la clase media.
La propuesta consiste en que los pequeños contribuyentes y empresarios paguen menos impuestos – desde 1% hasta 2.5% de Impuesto sobre la Renta de manera rápida y fácil, sin necesidad de intermediarios, gestores, contadores o fiscalistas de banqueta.
México cuenta con un padrón de 79.5 millones de contribuyentes activos registrados, 77.3 millones son personas físicas y de ellas 2.2 millones son personas morales y solo 12 mil son grandes contribuyentes. De los 77.2 millones de personas físicas contribuyentes solo 7.3 millones tienen actividad empresarial. En el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) ya hay 3.4 millones de causantes absorbidos por el esquema de simplificación de confianza.
El nuevo régimen de confianza está diseñado para facilitarle el pago a pequeños contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial con ingresos anuales de menos de 3.5 millones de pesos, arrendadores, los causantes que ya están en el RIF y los agricultores. Solo deberán pagar cuando ganan y sobre sus ingresos efectivos entre 1 o 2% de ISR. Los contribuyentes seguirán pidiendo facturas por sus compras o expedirlos por sus ventas. A quienes rentan vivienda u oficinas les facilita tener un contrato y pagar entre el 1 o 2% del ISR para que en el caso de inquilinos morosos les apoye la alcaldía para que le devuelvan el inmueble. Para empresas que tengan ingresos hasta 35 millones de pesos anuales pagarán ahora ISR sobre el flujo de efectivo, o sea, sobre sus ventas que le sean pagadas, se incrementa la deducibilidad de sus inversiones y se acorta el número de años para depreciar.
Las metas del SAT son crecer la base de contribuyentes entre 15 al 30%, abatir los intermediarios y lograr trato directo con el causante sin gestores. El valor de este esquema es que para el personal que labora y que ha estado por años bajo el régimen de honorarios les pudiera permitir tener un pago de ISR mucho menor – aunque ya no serán deducibles gastos en servicios médicos, seguros o compra de bienes o servicios que causen IVA en contra.
A esta pandemia le debemos valiosas lecciones: desde cuidar nuestro peso con una alimentación más sana hasta valorar la coordinación estados-municipios–Federación en salud pública, el uso de las nuevas tecnologías de la información para trabajar, educarnos o recibir atención médica o financiera aprovechando el internet y los equipos de cómputo o los teléfonos inteligentes. Hace falta, ahora, que los gobiernos estatales, municipales y hasta los de usos y costumbres recauden más de sus ciudadanos y lo hagan con transparencia y rendición de cuentas. Un caso concreto es la baja recaudación por impuesto predial y las «generosas» exenciones o descuentos discrecionales que debilitan las finanzas municipales.
México ya no puede darse el lujo de tener empresas fantasmas factureras o más descalabros como el «error de diciembre», la insolvencia que trajo consigo la caída de ingresos petroleros, la apuesta a megaproyectos fallidos con fondos públicos, crédito externo de los sexenios con dinero público u otro FOBAPROA (hoy IPAB) o FARAC en Banobras.
Son grandes endeudamientos y quebrantos fiscales que en 50 años han sacrificado la inversión en salud y educación por varias generaciones con serias consecuencias en nuestro más valioso activo: el capital humano.
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