Los Órganos Autónomos Constitucionales
José Antonio Hernández Fraguas
En el primer evento masivo de esta administración federal, el 1 de diciembre de 2018 en el zócalo capitalino, todas y todos los mexicanos escuchamos un discurso alentador, con 100 compromisos que se cumplirían en los siguientes seis años, y que sumado a la esperanza de cambio expresada en las urnas electorales, marcaba la posibilidad de un México distinto, con un gobierno austero, respetuoso de la división de poderes, que terminaría definitivamente con la corrupción y que colocaba primero a los pobres como la ruta para reducir las desigualdades, entre otras ofertas políticas que cayeron muy bien en una ciudadanía ávida de un cambio verdadero.
El triunfo contundente en las elecciones, le dio al presidente AMLO, la legitimidad necesaria para iniciar una administración con su propio estilo y para que tomara las decisiones necesarias, con el respaldo popular para cumplir con las metas planeadas. Pero en muy poco tiempo, se fue configurando un gobierno de una sola persona, que quiso sustentar en la consulta popular amañada, la consulta popular amañada, la posibilidad de que fuera “el pueblo” quien tomara las decisiones más importantes, como cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, o la instalación de una planta cervecera en el norte del país, o la posibilidad –sin éxito– de enjuiciar a los expresidentes de la república y, al mismo tiempo, se inició un ataque directo a todas aquellas instituciones que no se plegaban a sus órdenes o que pudieran ser un contrapeso a esas decisiones.
Desde el principio, con el discurso de la austeridad, se descalificó la actuación de los órganos autónomos constitucionales, pues se dijo que solo representan un gasto excesivo para el pueblo. Esas instituciones públicas fueron creadas para atender aquellas áreas que requieren la necesidad de decisiones IMPARCIALES en las que ninguno de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) pudieran participar como juez y parte para el manejo, por ejemplo, del sistema monetario, la transparencia, el acceso a la información pública, los derechos humanos, las elecciones, la procuración de justicia, entre otras.
Esos Órganos Autónomos Constitucionales son: el Banco de México, que define la política monetaria del país; el INE, que organiza las elecciones y garantiza que el voto popular sea respetado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emite las recomendaciones necesarias para que las autoridades y los servidores públicos respeten los derechos humanos consagrados en la Constitución; la COFETEL, para regular las telecomunicaciones; el INEGI, que realiza las estadísticas y las mediciones para la definición de políticas públicas; la COFECE, que garantiza la competencia económica y evita monopolios; el INAI, que garantiza el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales; la FGR, procuración de justicia imparcial y apegada a derecho, y el CONEVAL, que evalúa las políticas de desarrollo social.
Pues ahora, y después de cinco años de descalificaciones, el presidente anuncia que presentará una iniciativa para la desaparición de esos órganos –no dijo cuáles o si serán todos– pues “no sirven para nada”, con lo que se pone en riesgo el sistema de contrapesos que la propia Constitución considera para asegurar a las y los ciudadanos la IMPARCIALIDAD en las decisiones que, por seguridad jurídica, fueron separadas de los poderes constituidos, principalmente para evitar decisiones unipersonales, arbitrarias o que atenten contra la normalidad democrática en nuestro país.
Si a eso se suma la iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por voto directo, lo que terminaría con la imparcialidad en la administración de justicia, pues el juzgador quedaría comprometido con la fuerza política que lo llevara al cargo o tendría preferencia la popularidad sobre el conocimiento jurídico y la experiencia para juzgar, se confirma la intención de ejercer el poder sin contrapesos ni limitantes, y eso, necesariamente, lleva a un régimen totalitario y unipersonal.
En las manos de las y los legisladores federales estará la decisión final, por eso, es imprescindible, conveniente y urgente que generemos la conciencia ciudadana para que revise con responsabilidad el sentido de su voto en las próximas elecciones. Si sabemos elegir a los diputados y senadores que integrarán el Congreso de la Unión, y también a las y los legisladores locales en cada estado, para que se conserve el espíritu de nuestra Constitución y que solo sea modificada para fortalecer la democracia y para asegurar más derechos ciudadanos y se garantice la división de poderes y el sistema de contrapesos en México, estaremos manteniendo un país de libertades y en democracia.
Como sociedad, independientemente de nuestras preferencias políticas y electorales, debemos estar muy pendientes del comportamiento de quienes hoy son los representantes en el legislativo y cuidar responsablemente, pensando en el país antes que nada, a quien se elegirá para las próximas tareas legislativas en el país.
Quiero agradecer a la revista Mujeres Shaíque, a Alfredo, a su familia y a todos los que hacen posible este medio informativo, por la oportunidad de aparecer en su espacio y, si me lo permiten, el próximo año seguiremos ocupándolo, son responsabilidad y compromiso. Muchas felicidades en estas fiestas navideñas y éxito para todas y todos en el próximo 2024
