- Por José Antonio Hernández Fraguas.
Un fideicomiso público es un contrato que el gobierno o las entidades gubernamentales constituyen para administrar recursos y responder a necesidades y fines específicos que requieren contar con recursos independientemente del ciclo presupuestal. En octubre de 2020, las y los diputados de MORENA y aliados, y posteriormente las y los senadores de los mismos grupos parlamentarios, aprobaron un dictamen que extingue 109 fideicomisos públicos.
Desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador anunció su intención de desaparecer a esos fideicomisos públicos con el argumento de la austeridad y por considerar que no servían para los fines creados y también por la “gran corrupción y la opacidad y discrecionalidad” con que se manejaban los mismos, aduciendo que los recursos de que disponían serían destinados a fortalecer los programas prioritarios del régimen. En total, la suma de los recursos con que contaban esos fideicomisos, ascendía a casi 68 500 millones de pesos y se estableció el compromiso de transparentar su destino, ofreciendo que en unas semanas se daría a conocer los malos manejos y la corrupción que había.
Han pasado tres años desde que el Congreso de la Unión aprobó la eliminación de esos contratos y todavía no sucede ni una ni la otra cosa.
Dentro de los 109 fideicomisos que desaparecieron, 65 de ellos eran fondos que recibía el Conacyt, y se destinaban desde la investigación sobre la pobreza, hasta la sustentabilidad energética, pasando por los apoyos necesarios y becas para el
desarrollo científico para el país, lo que se consideró, por un amplio grupo de la población, como un duro golpe a la ciencia, a la educación y a los investigadores, pues con esos recursos se apoyaba de manera decidida a ese sector tan importante. Pero además se desaparecieron otros fideicomisos muy necesarios como el FONDEN, fondo de desastres naturales; el Fondo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, o el fondo para apoyo al deporte de alto rendimiento, entre otros.
Pues ahora, en lo que parece mas una venganza que un propósito útil para el país, en la cámara de diputados se está planteando desaparecer también un número muy importante de fideicomisos de Poder Judicial Federal, con el discurso de que éstos sólo sirven para “mantener los privilegios de las y los ministros, magistrados y magistradas y jueces, que ademas de corruptos, son conservadores y están en contra de la cuarta transformación”, idea que se ha promovido por el oficialismo que se ha sentido agraviado por las decisiones que en defensa de la Constitución y de las leyes se han tomado por distintas instancias judiciales y destacadamente por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento de sus facultades y atribuciones.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha expresado ya su preocupación por el grave daño que se causaría a las funciones del Poder Judicial, en caso de aprobarse esa propuesta, y ha explicado que con ello, se afectaría a las y los trabajadores de ese poder, pues se ponen en riesgo una serie de prestaciones que se otorgan desde hace muchos años y también el adecuado desempeño de jueces y juezas o de funcionarios judiciales. También el sindicato de trabajadores del Poder Judicial, ha manifestado su inconformidad con esa propuesta y ha anunciado una serie de acciones en protesta, en todo el país, que ya iniciaron, pues sienten agraviados su derechos laborales,
aún cuando el discurso oficial diga que no se atenta contra el derecho de los trabajadores.
La desaparición de trece de los catorce fideicomisos que administra el Poder Judicial, implica una reducción superior a los 15 000 millones de pesos para el funcionamiento de ese poder para el próximo año, mismos recursos que según el coordinador de los diputados de MORENA, serían destinados a aumentar las pensiones para las personas con discapacidad y para beneficiar a quienes menos tienen, en un año electoral obviamente.
Y claro que es conveniente revisar el gasto del Poder Judicial, pero también el de los otros dos poderes, pues mientras se dice que hay que reducirle los recursos a los ministros, magistrados y jueces, para “quitarle el copete de privilegios”, en el proyecto de presupuesto federal para el próximo año, se consideran también muchos gastos superfluos para la alimentación, viáticos y difusión de las y los secretarios del gabinete federal, por ejemplo.
Lo deseable es que la sana austeridad, necesaria e irreversible en el gasto público, sirva para beneficio de la ciudadanía, pero que no sea utilizada como discurso para disfrazar lo que a todas luces parece una venganza política. Ojalá impere la prudencia y la responsabilidad en la toma de desiciones legislativas, aunque se ve imposible que las y los diputados del oficialismo piensen en el país y en la división de poderes, antes que en el cumplimiento de una instrucción. Seguramente veremos pronto una nueva decisión de la Corte que seguirá incomodando y dando pretexto para nuevos ataques y descalificaciones a la función judicial. Al tiempo.
