- Lizbeth Bravo
En el imaginario contemporáneo persiste una idea cómoda, que los derechos de las mujeres son un terreno conquistado, una batalla ganada en la historia reciente. Sin embargo, los datos (y la realidad) desmontan esa narrativa con crudeza. En el mundo actual, estos derechos no solo no están garantizados, sino que enfrentan un proceso activo de erosión.
El sistema patriarcal sigue operando como una estructura de poder que define quién accede a derechos y quién debe luchar por ellos. Por eso, los derechos de las mujeres no están dados por hecho, han sido conquistados históricamente y, como cualquier conquista política, pueden ser revertidos.
Afganistán es hoy el ejemplo más extremo de esta regresión. De acuerdo con ONU Mujeres, tras el regreso del régimen talibán en 2021, se ha producido “un asalto deliberado y sin precedentes” contra los derechos de las mujeres y niñas. Actualmente, cerca de ocho de cada diez jóvenes afganas están excluidas de la educación, el empleo y la formación, y el país presenta una brecha de género del 76%, una de las más amplias del mundo.
Las restricciones no son abstractas, son políticas concretas que expulsan a las mujeres de la vida pública. Hoy, niñas mayores de 12 años no pueden asistir a la escuela; mujeres están prohibidas en la mayoría de los trabajos y, en muchos casos, ni siquiera pueden desplazarse sin la compañía de un hombre.
Es un error pensar que Afganistán es una anomalía aislada. Es, más bien, la expresión más radical de una tendencia global. En los últimos años, el avance de discursos de ultraderecha en distintas regiones ha reactivado narrativas que buscan relegar a las mujeres al ámbito doméstico, limitar su autonomía y cuestionar derechos previamente reconocidos, especialmente los reproductivos.
El retroceso también se manifiesta en el debilitamiento de las estructuras que sostienen la igualdad. Un informe reciente de laONU Mujeres advierte que más de un millón de mujeres y niñas han perdido acceso a apoyo humanitario en el último año, mientras que casi el 90% de las organizaciones lideradas por mujeres no puede cubrir la demanda actual. Esto no es solo un problema de recursos, es un síntoma de un desinterés creciente y preocupante, por sostener las políticas de igualdad a nivel global.
La consecuencia es clara, cuando disminuye la inversión en derechos de las mujeres, aumentan la pobreza, la violencia y la exclusión. Según el mismo informe, el 92% de las organizaciones reporta un incremento en la pobreza de las mujeres, mientras que la deserción escolar de niñas y la violencia sexual en contextos de conflicto también han aumentado.
Defender los derechos de las mujeres, entonces, no es un gesto ideológico ni una agenda secundaria, es una condición básica para la democracia y el desarrollo. La lección es incómoda, pero necesaria, ningún derecho es irreversible. Los avances pueden desmoronarse con rapidez cuando cambian las condiciones políticas, económicas o culturales. Y en ese escenario, el discurso importa.
Por eso, la defensa de los derechos de las mujeres exige vigilancia constante, memoria histórica y acción colectiva. No basta con haber avanzado, hay que sostener, proteger y, sobre todo, entender que lo que está en juego no es solo la igualdad de género, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir.
Porque cuando los derechos de las mujeres se vuelven negociables, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la dignidad de todas las personas.
