- Por José Antonio Hernández Fraguas.
Durante tres años, 2012-2015, tuve la fortuna de formar parte del Consejo General del IFE, y después de la transición, también en el INE, como representante propietario de mi partido. Ahí pude conocer ampliamente el funcionamiento de ese órgano autónomo constitucional, sus direcciones ejecutivas, su trabajo en todas las entidades de la república y su desempeño en la organización y realización de los procesos electorales. También pude conocer a las consejeras y a los consejeros electorales y a los representantes de las otras fuerzas políticas.
Como representante del partido que había ganado las elecciones en 2012, y luego en el poder federal, éramos sujetos de duras críticas en las discusiones en el Consejo y había que defender y debatir con argumentos y con la ley en la mano, para convencer a las y los consejeros que son quienes deciden, con su voto, el sentido de las resoluciones de ese órgano colegiado en esa mesa que llegó a llamarse la herradura de la democracia.
Fuertes debates en cada punto del orden del día, con severos y contundentes cuestionamientos, pero siempre con respeto y con apego al reglamento de sesiones, mismas que podían extenderse por varias horas y, al final, nos despedíamos de mano, para preparar las impugnaciones o defender jurídicamente lo que nos correspondiera.
Ahí en la mesa, junto a mi, del lado izquierdo, estuvo durante un tiempo Pablo Gómez ( actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ), como representante del PRD, y un lugar más allá, Horacio Duarte, ( hoy coordinador de la campaña de Delfina Gómez en Edomex ), como representante de MORENA. Los dos, con una gran capacidad para debatir enérgicamente y exigir,
siempre, que se respetara la ley y la Constitución demandando imparcialidad en las decisiones del Consejo con el argumento de que las reformas que se habían hecho a la normatividad electoral, en los últimos años, eran, precisamente, para garantizar objetividad en la realización de los procesos y en el conteo de votos, así como en la fiscalización de los recursos y en todos los acuerdos del Instituto.
Pues hoy, son precisamente ellos, quienes elaboraron y presentaron al presidente de la república la iniciativa para modificar la Constitución y, ante la falta de votos suficientes en el Congreso, las reformas legales hoy conocidas como “plan B”, y que cambian eso que defendían con tanta vehemencia unos años atrás. Decían, levantando la voz, que no se utilizaran los programas sociales con fines electorales y ahora proponen que no se sancione a quien lo haga, incluso usando los colores de su partido para los servidores públicos que distribuyen los recursos; decían que no se permitiera el uso de recursos públicos para promoción personal, y ahora no quieren que se sancionen las campañas que están haciendo dos integrantes del gabinete y la jefa de gobierno de cdmx; decían que había que cuidar la fortaleza de las instituciones electorales, y ahora pretenden desmantelar al INE; decían que había que profesionalizar el servicio electoral, y ahora pretenden despedir al 85% de los funcionarios del servicio profesional electoral; decían que el presidente no se involucrara en asuntos electorales y hoy defienden la abierta injerencia en ese tema, en fin, una total incongruencia. Y la pregunta que habría que hacerles es: ¿cómo se contestarían ellos mismos ahora ante tales propuestas? Y yo supongo que conocedores de la ley y de la norma suprema como lo son, estarán convencidos de que ese “plan B” es notoriamente contrario, en muchas de sus partes, a lo que dispone la Constitución General de la República.
Plantean eliminar lo que se había avanzado en materia electoral, y que fue propuesto y defendido por ellos mismos, o sea que, al
llegar al poder, se olvidaron de esa lucha intensa y brillante que daban con fuerza y pretenden que se regrese a como estaba en el pasado, tirando por la borda todo lo que habían logrado, hay que reconocerlo, en beneficio de nuestra democracia.
Así, con esa lógica, dieron indicaciones a sus diputados y a sus senadores para aprobar eso que ya es considerado como una aberración jurídica y que se ha convertido en la reforma electoral mas controvertida e impugnada.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como muchos otros destacados constitucionalistas y especialistas del derecho y las asociaciones y colegios de abogados y abogadas, han presentado sólidos argumentos para demostrar las fallas y las violaciones a la Constitución que contiene ese plan, y todos ellos han sido descalificados y hasta ofendidos desde los mensajes presidenciales apoyados por la estructura mediática de su partido, pero habrá que ver como se resuelven jurídicamente esas acciones de inconstitucionalidad, esas controversias constitucionales, esos juicios de amparo y hasta los juicios laborales. La pelota está en la cancha de los juzgadores y pronto conoceremos el desenlace que, seguramente, será dejar sin validez muchas de esas normas y con eso, proteger nuestro sistema constitucional y a la incipiente democracia mexicana.
Vale la pena leer completo el trabajo que presentaron destacados juristas investigadores de la UNAM, donde se pueden encontrar serios cuestionamientos al contenido de las mencionadas y controvertidas reformas, el libro se llama “Radiografía del plan B: La reforma electoral de 2023 a exámen” y es presentado por Javier Martín Reyes y María Marbán y contiene la visión jurídica de grandes abogados y conocedores del derecho. Ojalá esas y muchas otras observaciones sean tomadas en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de resolver con apego a derecho.
