Las iniciativas y el juicio político
José Antonio Hernández Fraguas
Hoy, 5 de febrero, fecha en la que se celebra un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador presenta una serie de iniciativas para reformar varios artículos esenciales de la norma suprema, cambios que, como ya hemos dicho, estarán destinados al fracaso por su intención electoral y porque pretende terminar de un golpe con el sistema de contrapesos que la propia Constitución impone, y también porque la oposición unida ha declarado que no pasarán, y con ello, no se alcanzará la mayoría calificada que se requiere para hacer esas reformas.
De esas iniciativas, hay dos que probablemente pudieran ser atendidas, y en esos casos, la oposición le comió el mandado al presidente, pues anunciaron, primero, que sí están de acuerdo con que las pensiones se aumenten al 100% del último sueldo devengado por un trabajador, pero necesitan que se les explique de donde saldrán los recursos para soportar ese muy considerable gasto y cuáles serían las condiciones presupuestales para asegurar que podrá cumplirse con ese gasto año con año y, segundo, que también están de acuerdo en que el incremento al salario mínimo en ningún caso sea menor a la inflación. Pero una vez que se conozca el contenido de esas iniciativas, habría disposición para discutirlas, pues oponerse a esas propuestas tendría un alto costo político, por eso, hay que quitar la bandera electoral a esas iniciativas y, en el remoto supuesto, de que fueran aprobadas, sería solo con el apoyo de los demás partidos, por lo que el oficialismo no podría llevarse el mérito y capitalizarlo políticamente como parece ser la intención real de lo que se propondrá.
Todas las demás iniciativas definitivamente tienen un NO rotundo de toda la oposición, pues son las que tienen que ver con la desaparición de los órganos autónomos constitucionales; con la disminución de las autoridades electorales, el INE y el TEPJF, reduciéndoles facultades, sus estructuras administrativas y los recursos para su funcionamiento, hasta hacerlos inoperantes y que sea el estado quien se haga cargo de algunas de las tareas en la organización y calificación de las elecciones; con el debilitamiento del Poder Judicial de la Federación, reduciendo sus estructuras y sus capacidades para la impartición de justicia y la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros; con una nueva reforma energética para que la electricidad quede como “estaba antes, en la época de López Mateos” como lo declaró el presidente, entre otras.
Ese será el tema favorito del oficialismo en el tiempo que falta para el día de las elecciones en junio, tratando de justificar la propuesta presidencial y echándole la culpa a la oposición por no apoyarla y, de paso, evitar que se hable de los temas que realmente están afectando a la ciudadanía, como la inseguridad, la falta de medicamentos y de atención médica, la corrupción, la grave crisis del agua en todo el país, los resultados negativos en el campo, etc.
Y, por otro lado, en el caso de la campaña de desprestigio a la Suprema Corte y a todo el Poder Judicial, hay un tema que resulta definitivamente inaceptable, pues cuando un juez, un tribunal, una sala de la Corte o el pleno de ministros, emite un fallo que no favorece a los intereses del gobierno, además de las descalificaciones y los agravios desde la conferencia mañanera, se arranca toda una guerra mediática y en redes sociales, para tratar de probar que el Poder Judicial está “podrido” y que hay que cambiarlo, sancionarlo, y así evitar que decida en absoluta libertad y con criterios de legalidad y de respaldo a la Constitución en la impartición de justicia.
Pues ahora, no conformes con eso, resulta que ante la resolución que echó abajo – mediante un amparo y por notoriamente inconstitucional – a la reforma eléctrica aprobada en el 2021 y que dejaba a la CFE como prácticamente la única empresa en la materia, a los señores y señoras legisladores y legisladoras morenistas se les ocurrió quedar bien con el presidente y propusieron realizar un ¡juicio político!, en contra de un ministro de la Corte, lo que significa en la realidad, un golpe técnico de estado, un agravio insostenible a la división de poderes y un atentado a la independencia y autonomía judicial, pues se cierne una amenaza en contra de cualquier juzgador que, actuando en estricto apego a derecho, pudiera afectar al régimen con una sentencia. La propuesta de juicio político, que en términos reales no procede, pues el ministro actuó conforme a la ley de amparo, pudiera ser aprobada, arbitrariamente, por la mayoría de diputados y diputadas oficialistas y, con ello, se podría llegar a la destitución e inhabilitación de un juzgador. Ese es el peor caso de abyección, de entrega, de falta de dignidad, que nunca se había visto en la historia legislativa del país, con tal de quedar bien con el titular del Ejecutivo y eso sí es típico de un gobieRno autoritario.
Afortunadamente, hasta entre los propios legisladores y legisladoras morenistas y algunos de sus aliados, se comenta que eso sí es un verdadero exceso y ha causado un malestar e incomodidad con quienes propusieron tal infamia, y ya hay voces que dicen que no apoyarán la medida.
Habrá que ver el contenido de las iniciativas de hoy para conocer sus alcances y su futuro, también habrá que esperar que pasará con la intención de ese juicio político y hasta donde podrían llegar algunos en su necesidad de endulzar el oído de quien manda. Ojalá impere la prudencia, la responsabilidad, el patriotismo y el respeto a la ley y a la Constitución. Al tiempo.
