Al menos existen tres líneas que podrían encaminarnos hacia el o los autores intelectuales del crimen: la primera y más vendible socialmente apunta al gobierno del estado por las constantes críticas que el periodista vertía en contra de la administración actual sobre nepotismo, ineficacia y presuntas ligas con el crimen organizado; la segunda muy ligada con la anterior apuntaría hacia el propio crimen organizado pues Leyva acusaba a políticos de huachicoleros llegando incluso a señalar con nombre y apellido a líderes de cárteles que dominan amplias regiones del estado y la tercera, tal vez la más plausible, que tiene que ver con el fuego amigo entre morenistas, particularmente entre el clan de José Murat (hasta hace muy poco priista y ahora notable intelectual morenista) y la llamada «primavera oaxaqueña».
Me detengo con fuerza en esta tercera línea, porque aquí se concentra quizás el veneno más turbio de esta historia. Leyva fue funcionario durante el gobierno de Alejandro Murat; varios ex funcionarios de esa administración están siendo perseguidos legalmente por el gobierno de Oaxaca y la nuera de José Murat, esposa de Alejandro, busca abiertamente la posibilidad de alguna candidatura por Morena, la que le caiga, desde una regiduría hasta la del gobierno del estado, pasando por una diputación local o federal. Existe una guerra encarnizada entre los Murat y el gobierno actual que pocos quieren ver. El decrépito anciano que fue capaz de atentar contra sí mismo y de realizar un montaje que incluyó un disparo a su jefe de seguridad en la rodilla para hacer creíble lo increíble y su hijo Alejandro, libran una disputa feroz con el actual mandatario.
El gobierno de Oaxaca los acusa de orquestar campañas de desprestigio en medios como La Jornada —donde la familia Murat tiene influencia— y ha pedido a Morena que le retire la afiliación a Alejandro Murat, a quien senadores y diputados federales morenistas califican de «sinónimo de corrupción». Aquel pacto de transición que firmaron para no despedazarse en público voló por los aires. Hoy se desgarran las vestiduras mientras Oaxaca arde, y esta pelea no es sólo de egos: es una disputa por el control del estado, por las jugosas concesiones y por las plazas que deja el narco.
En medio de ese fuego cruzado, los periodistas han quedado atrapados como en un campo de batalla: mientras unos los usan para golpear, otros los estigmatizan por publicar los golpes. Y Leyva era un periodista que les caía mal a muchos: al gobierno, porque le señalaba mañas y lo acusaba por corrupción, nepotismo y vínculos con el narco; a los cárteles porque investigaba sus negocios.
La pregunta que flota en el aire es aterradora: ¿quién ganó con la muerte del periodista? ¿Quién podría beneficiarse del desprestigio de quienes dirigen los destinos de Oaxaca hoy? En una lucha de poder tan enconada, su asesinato parece más un movimiento de ajedrez que un crimen pasional.
Es probable que la Fiscalía General de la República —aunque lenta e inoperante— encuentre a los autores materiales; sin embargo, como ha ocurrido en otros casos, difícilmente identificará al autor o a los autores intelectuales. En consecuencia, será la sociedad la que termine otorgando credibilidad a una u otra teoría.
Lo grave, más allá de este reprochable crimen, está en el ambiente que permite que un día sí y otro también, periodistas sean asesinados. Por una parte, las balas que los gobiernos de MORENA escupen en sus conferencias «informativas» contra medios y periodistas, sembrando un clima de linchamiento y odio hacia comunicadores —durante el gobierno de AMLO, según Artículo 19, asesinaron a 47 periodistas, las agresiones subieron un 62% y en las mañaneras se documentaron 179 agresiones verbales con etiquetas como «prensa fifí» o «mercenarios», discurso que replicaron al menos 25 gobernadores morenistas— y por otra, la impunidad que abarata el sicariato pues más del 90% de los casos quedan sin resolver.
La espiral de violencia contra la prensa no es un subproducto del crimen organizado, más bien parece una estrategia deliberada para silenciar la incomodidad. José Elías Romero Apis señala: “el mejor contrapeso del poder es la crítica que proviene de las libertades de pensamiento y de expresión”. Pero en el México de hoy, ejercer ese contrapeso se ha vuelto una sentencia de muerte. Reporteros Sin Fronteras colocó a México en 2025 como el segundo país más letal del mundo para periodistas, solo detrás de Gaza, con nueve asesinatos y 28 desaparecidos. El Comité para la Protección de los Periodistas documentó seis casos solo en ese año, todos sin resolver, y advirtió que la combinación de “corrupción generalizada y la poderosa influencia de grupos delictivos sobre la policía y la actividad política” ha impedido que los responsables sean procesados.
Lo más aterrador es que el peligro no viene de una sola dirección. Es una tormenta perfecta: el crimen organizado que no tolera que se investiguen sus negocios, los gobiernos que estigmatizan desde el pódium y una ciudadanía a la que se le ha inoculado el veneno de la desconfianza hacia los medios. El asesinato de Alejandro Leyva es el síntoma más reciente de una enfermedad sistémica. Él mismo había denunciado amenazas y responsabilizado públicamente a funcionarios del gobierno de Oaxaca. Su pecado, el de tantos periodistas incómodos, fue el de “preguntar, señalar, exhibir”.
Mientras el poder político alimenta el odio con discursos que califican a la prensa de “fifí” o “mercenaria” y el Estado falla en su deber de protección, el mensaje para quienes aún se atreven a informar es brutalmente claro: en este México, la verdad tiene un precio, y cada vez más, ese precio es la vida.
