LA POLITICA INDIGENA DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PEDRO MARTINEZ LARA
(pmtzlara@hotmail.com)
A unos cuantos días de la aplastante victoria de la Dra. Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del pasado domingo 2 de junio, es importante hacer algunas precisiones sobre cuáles deben ser las primeras decisiones que deberá tomar la primera Presidenta de México, con respecto a los sectores más empobrecidos y más discriminados de nuestro país y que son sin duda, los pueblos originarios y las comunidades afro mexicanas que juntos conforman una población que rebasa los 27 millones de mexicanas y mexicanos (mediante el criterio de la auto adscripción), los cuales han continuado ocupando los sitios más elevados en las estadísticas de pobreza extrema y marginación a pesar de los esfuerzos realizados por el Presidente AMLO, quien logró reducir en más de cinco millones de personas, los índices de pobreza de nuestro país como lo muestran los datos publicados por el CONEVAL y el propio INEGI, donde con seguridad va incluida una parte de dicha población originaria.
Sin duda alguna la Doctora Sheinbaum ya tiene en mente sus propias ideas de como deberá abordar la gran problemática que por siglos han venido arrastrando estos millones de compatriotas que tanto han aportado en las luchas libertarias de este país y en la construcción del progreso hasta ahora alcanzado, mismo que es disfrutado por amplios sectores de la sociedad nacional, pero que desafortunadamente a ellos no ha llegado aún a beneficiarlos, ya que poniendo como ejemplo la generación de energía hidroeléctrica mediante las presas construidas en zona de Tuxtepec, Oaxaca, donde las comunidades Mazatecas y Chinantecas cedieron sus terrenos para que se instalaran las plantas generadoras que benefician a las grandes ciudades del centro del país; podemos ver como todavía en muchas de esas comunidades se siguen alumbrando con candiles de petróleo porque nadie les ha apoyado para hacer las ampliaciones de la red eléctrica y por lo mismo permanecen excluidas del servicio, al que ellas contribuyeron desde hace muchas décadas.
La nueva titular del Ejecutivo Federal, seguramente habrá de designar como titular del INPI a una mujer indígena verdaderamente capaz, porque son las mujeres indígenas las que más han padecido en carne propia la discriminación y la exclusión por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujeres. Es pertinente un cambio de personas y de políticas públicas en el INPI, ya basta de poner a personajes que no tienen la emoción social para dirigir con excelencia un organismo que tiene una misión tan importante que es la de atender a las y los auténticos dueños originarios de este país en donde estamos viviendo más de 130 millones de mexicanas y mexicanos y que en lugar de apoyarlos por todo lo que han contribuido al desarrollo nacional, los despreciamos y los discriminamos como lo hizo el pasado Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien se pitorreaba por su manera de hablar en una lengua que no es la suya.
Ya basta de poner al frente del INPI a personajes farsantes que mienten, roban y traicionan a los pueblos indígenas y comunidades afro mexicanas, se requiere de personas honestas que no se conviertan en caciques de sus propios hermanos que sean capaces de dirigir a este organismo con la participación directa de auténticos líderes indígenas y no de sus amigos y familiares que solo llegan a los puestos de dirección de esa dependencia para ofender la dignidad de las mujeres indígenas y para enriquecerse con los negocios que hacen con el presupuesto que le corresponde a estos pueblos. Con la nueva reforma enviada al Congreso de la Unión por el presidente López Obrador y que seguramente será aprobada por todas las fracciones parlamentarias, se requiere que el INPI sea dirigido por un equipo de trabajo eficiente y honesto para que puedan generar los mecanismos y medidas más idóneas para estar en condiciones de instrumentar dichas reformas que le otorgan a estos pueblos originarios el respeto a su autonomía, el carácter de sujetos de derecho público y el pleno ejercicio de su libre autodeterminación por lo mismo, se necesita de verdaderos luchadores sociales comprometidos que defiendan sobre todo los derechos humanos de las y los habitantes de las comunidades indígenas y afro mexicanas, solo así se podrán erradicar los graves vicios que persisten al interior de las oficinas centrales y regionales del INPI.
Hace falta dar mayor participación a los indígenas en la construcción de su propio desarrollo con respeto a su identidad étnica; que ellos y ellas operen y conduzcan sus propias iniciativas programáticas, que se cree el Banco Indígena para apoyar proyectos productivos para sus comunidades y que esta instancia sea operada por ellos mismos. Que las mujeres indígenas tengan derecho a la capacitación productiva y a ingresar a las universidades para que puedan empoderarse realmente. Que se elabore el padrón de comunidades indígenas para la identificación de las personas que deben ser sujetas de las reformas legislativas a favor de dichos pueblos. Que mensualmente el INPI informe a las comunidades indígenas y afro-mexicanas sobre el manejo presupuestal de sus programas; que en los puestos de dirección de los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas no se designen a familiares, ni amigos de quienes dirigen dicho organismo. Que el INPI se convierta en el coordinador de las acciones institucionales que van dirigidas a las comunidades indígenas y que presione a las dependencias que ignoren en sus programas a las y los habitantes de las comunidades originarias.
Que año con año la Presidenta de la República sostenga una reunión para la revisión del desempeño institucional y programático de todas las dependencias del gobierno federal y estatales sobre sus acciones en las comunidades indígenas con la participación de todos los representantes de dichas comunidades originarias. Que se mejore de manera integral la metodología para las consultas en materia indígena, que los partidos políticos no designen como candidatos a personas que no tengan el respaldo de las comunidades indígenas y postulen a quienes se hayan destacado por sus servicios a las comunidades. Que los organismos estatales de atención a los pueblos indígenas sean ocupados por personas que tengan suficientes méritos y hayan destacado en la defensa de los derechos de estos pueblos y no se utilicen esos espacios por los Gobernadores, como pago de cuotas a los partidos y organizaciones politiqueras.
Finalmente que se instaure una evaluación a mitad del sexenio del mandato del puesto de Director o Directora del INPI, ya que si alguien no funciona o traiciona a los pueblos indígenas o cae en cualquier acto de corrupción, debe ser cesado en forma inmediata por la Presidenta de la República.
