LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MEXICO, UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Pedro Martínez Lara.
(pmtzlara@hotmail.com)
A escasos 12 meses de que concluya el sexenio presidencial del Lic. Andrés Manuel López Obrador, debe reconocerse que aún persisten grandes pendientes y poco se ha avanzado en la lucha en contra del nefasto cáncer de la corrupción que tanto ha obstaculizado el desarrollo del país. Este renglón que fue una de las banderas principales a lo largo de su campaña político-electoral, corre el riesgo de quedar ampliamente inconcluso y representar una de las asignaturas pendientes del régimen de la Cuarta Transformación, por el que votamos más de treinta millones de connacionales en julio de 2018; esta situación por lo mismo, constituye uno de los principales desafíos que tendrá que requerir de grandes esfuerzos, en los pocos meses que le quedan a este gobierno, si es que realmente se quiere cumplir con esta importante demanda de todas y todos los mexicanos, además de incluir en estos retos, los faltantes en materia de seguridad pública, la falta de atención integral en la salud de la ciudadanía y la total erradicación de los numerosos rezagos de justicia, económicos y sociales que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que han sido los sectores más olvidados y con los cuales la nación mexicana, tiene una enorme deuda histórica aún pendiente de pagar.
Sin menospreciar los grandes esfuerzos realizados en distintos ámbitos de acción institucional del actual gobierno de la República para enfrentar los grandes problemas nacionales, existen casos que por su propia naturaleza no pueden dejarse desapercibidos, como es el que mantiene en la cárcel al director de Pemex del sexenio anterior (Emilio Lozoya), en cuyo proceso se dijo que se castigaría a todas y todos aquellos servidores públicos a los que se les comprobara participación en este escandaloso asunto, al haber recibido sobornos y otras prebendas provenientes de las grandes empresas transnacionales como la ODEBRECHT y otras de capital español, que el mismo exdirector de PEMEX se encargó de repartir entre importantes personajes del sexenio de Peña Nieto .
Hay que puntualizar, además, que las instituciones responsables de determinar los grandes fraudes realizados en contra del erario público como la Auditoría Superior de la Federación, la SECODAM y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a todas luces, le quedan debiendo mucho al pueblo de México en materia de fiscalización de los fondos públicos destinados a distintos rubros presupuestales y en la determinación de cargos en los casos de corrupción, ampliamente conocidos; así como también debe ser denunciada la “tibia actuación” de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para el encarcelamiento e integración a procesos penales de quienes ya se les ha comprobado ampliamente su culpabilidad en este asunto.
Por otro lado, en varias conferencias mañaneras AMLO ha mencionado que la corrupción de los primeros niveles de mando del país ha desaparecido; sin embargo hemos leído y escuchado en diversos círculos el caso del gran fraude de SEGALMEX, por más de 9,500 millones de pesos que fueron desfalcados por integrantes del “brillante” equipo de trabajo que para dirigir ese organismo público, fue conformado por el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, para subsanar el enorme déficit alimentario que padecen amplios sectores sociales de nuestra nación, entre los que figuran numerosas poblaciones indígenas.
Respecto al caso de SEGALMEX, es inconcebible que a su titular, en lugar de someterlo a investigaciones y a proceso judicial, se le buscó reacomodo como director del Instituto de Desarrollo Municipal de la SEGOB, argumentándose que Ovalle, “fue engañado por varios de sus colaboradores que orquestaron el fraude y a los que, afortunadamente, la Fiscalía ya los tiene sujetos a proceso; no obstante lo que no se menciona, es que la mayor parte de esos servidores públicos corruptos, ya detenidos y algunos a punto de obtener su libertad, trabajaron con Ignacio Ovalle Fernández y Dante Delgado Rannauro, dentro del CEN del Partido Movimiento Ciudadano (MC), el cual es probable que se haya beneficiado con buena parte del botín obtenido por sus destacados cuadros políticos, convertido en servidores públicos en los principales cargos administrativos de SEGALMEX.; queda la duda entonces, de por qué no se ha actuado con determinación para esclarecer ese escandaloso fraude que, sin duda, ensombrece la política de anticorrupción actual.
Por otra parte, en el ámbito de nuestra entidad, en ciertas ocasiones durante las mañaneras se ha expresado con admiración y reconocimiento, la actuación de las autoridades municipales de las 417 demarcaciones que se rigen por el sistema de usos y costumbres, mencionándose sobre el manejo tan honesto que hacen de los recursos públicos, provenientes del Ramo 33 y que mensualmente les son entregados por la Secretaria de Finanzas estatal; al respecto, cabe mencionar que en ese orden de gobierno, el cáncer de la corrupción también está presente en sus administraciones; donde a cada uno de los integrantes del cabildo se les asigna, discrecionalmente, un sueldo (no siendo para nada un servicio social gratuito como lo fue en otros tiempos) y adicionalmente en numerosas ocasiones, quienes encabezan los Ayuntamientos reciben jugosos “moches” y comisiones, que les son otorgados por contratistas muchas veces recomendados por diputados o funcionarios estatales, para la asignación de diversas obras públicas, acuerdos en los que también intervienen algunos servidores públicos de los propios organismos fiscalizadores con quienes las autoridades municipales llegan a convenir, desde la elaboración de los proyectos de las obras públicas, como las comprobaciones del ejercicio de los recursos presupuestales destinados. (Continuará)
