La Guardia Nacional Civil
José Antonio Hernández Fraguas
Vaya semana la que tuvo el presidente, entre muchas otras cosas que lo hicieron enojar, destaca la resolución de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la adscripción de la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional (sedena) y devolverle el carácter civil que la Constitución le asigna.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil…”, y ese es uno de los principales argumentos para que la Corte, con el voto de ocho de sus ministros, rechazara que esa institución esté a cargo del ejército, definiendo claramente, que deberá ser adscrita a la secretaria de seguridad y protección ciudadana, como lo dispone la misma Constitución y la propia ley que crea a la guardia nacional, además de que también establece claramente que contará con un mando civil.
Ante tal claridad, era de esperarse que la Corte resolviera declarando inconstitucional la reforma que asignó ese cuerpo policial a la sedena, sin embargo, dos ministras, Yasmín Esquivel – quien por dignidad ya debió haber renunciado – y Loretta Ortíz, así como el ministro expresidente Arturo Saldívar, argumentaron que no es contrario a la Constitución que la guardia nacional esté asignada a la dependencia encargada de las fuerzas armadas (ejército y fuerza aérea) aduciendo que si el presidente de la república es civil y la sedena es una dependencia del poder ejecutivo, no ven contradicción alguna en la reforma impugnada.
Qué lamentable es ver como, por servir al ejecutivo, estos integrantes del máximo tribunal de nuestro país, defienden una posición notoriamente tergiversada y hasta inverosímil exponiendo su trayectoria y su formación profesional sabedores que ningún experto en derecho acepta sus argumentos. Si el presidente de la república es el comandante supremo de las fuerzas armadas, en esa tarea asume una función militar, de lo contrario, pensar que por ser civil no es así, sería tanto como decir que el ejército, la fuerza aérea y la marina serían también civiles con sus mandos y sus soldados y marinos, lo que obviamente no tiene sentido.
De la señora Esquivel, no puede esperarse otra forma de actuar, pues es el propio presidente de la república quien es el más interesado en que continúe como ministra y sabe que tiene un voto incondicional aunque se demuestre que no cumple con los requisitos para ese cargo, una vez que la UNAM resuelva que plagió su tesis profesional y por tanto, su título es obtenido de manera fraudulenta, pero de la ministra Ortíz y del ministro Saldívar, lo esperado es que cumplan responsablemente con su función, ambos son egresados y han sido maestros de la Escuela Libre de Derecho lo que los hace conocedores a fondo de la materia jurídica y además cuentan con los méritos suficientes para decir el derecho y velar por el respeto a la Constitución y a las leyes, pero su actuación en temas importantes y trascendentes para la nación, ha dejado mucho que desear por asumir una actitud que favorece al ejecutivo aunque éste viole flagrantemente la norma suprema y la ley.
Pues la noticia, como se suponía, hizo que el presidente se olvidara de su investidura y acusara a las ministras y a los ministros que resolvieron en favor de la Constitución de traidores, corruptos, conservadores, haciéndolos responsables de que la guardia nacional se descomponga y caiga en las prácticas de los gobiernos anteriores, descalificando así, a su propia secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Icela Rodríguez, de quien debe depender como órgano desconcentrado en los términos de la Constitución, esa institución policial y también desconociendo que fue él mismo quien propuso la creación de la guardia nacional con carácter civil al inicio de su gobierno.
Un día después, ahora con nueve votos a favor y dos en contra, por supuesto de la señora Esquivel y del ministro Zaldívar, la Corte decidió que será hasta el primero de enero del 2024 cuando se cumpla con su resolución, dando el tiempo necesario para que se realicen los ajustes administrativos y lo que corresponda para que la guardia nacional sea adscrita a la secretaría de seguridad y protección ciudadana, pero eso tampoco gustó al presidente y acusó a la Ministra Presidenta de la Corte de tratar de negociar con la secretaria Rodríguez los términos en que se aplicaría lo que se resolvió, y dictó la instrucción a todo su gabinete para “que no le tomen la llamada” a ninguno de esos que no comparten su forma de gobernar. Rompió con la Corte, pues.
Y por si fuera poco, otra vez violando la Constitución y las leyes electorales, convocó al pueblo bueno a salir a votar el próximo año para asegurarle a su partido la mayoría calificada en el congreso y entonces, antes de irse, enviar una iniciativa que sea aprobada a su gusto para que las cosas queden como quiere, incluso la revisión del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, o hasta plantearse una nueva Constitución que no tenga contrapesos para el poder único. Y así se dicen demócratas. No, bueno.
