DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- El problema no es que millones de mexicanos reciban apoyos económicos. El verdadero problema es que se pretenda construir una política social permanente sin garantizar ingresos suficientes, crecimiento económico, productividad, inversión y disciplina presupuestaria.
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Los programas sociales tienen respaldo constitucional y protegen a millones de familias. Pero convertirlos en instrumento de legitimación política, sin discutir con transparencia su financiamiento y sus resultados, representa un riesgo para la estabilidad económica.
La factura del populismo, el endeudamiento y el gasto público sin responsabilidad fiscal amenaza con convertirse en una de las mayores preocupaciones económicas de México. Mientras el Gobierno presume los programas sociales como emblema de la transformación, crecen las interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el destino de los recursos y la capacidad del Estado para garantizar los derechos sociales de las próximas generaciones.
El problema no es que millones de mexicanos reciban apoyos económicos. El verdadero problema es que se pretenda construir una política social permanente sin garantizar ingresos suficientes, crecimiento económico, productividad, inversión y disciplina presupuestaria.
Un gobierno puede repartir dinero para ganar respaldo político, pero no puede repartir indefinidamente recursos que no genera sin comprometer el futuro del país.
Y cuando las presiones financieras alcanzan instituciones como el IMSS y el INFONAVIT, el asunto deja de ser una discusión contable: está en juego el patrimonio de millones de trabajadores.
El espejismo de los apoyos y la realidad de las finanzas públicas. La pregunta que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no puede evadir es sencilla: ¿de dónde saldrá el dinero para sostener una política de transferencias que crece mientras aumentan las obligaciones financieras del Estado?
Los programas sociales tienen respaldo constitucional y cumplen una función de protección para millones de familias. Pero convertirlos en instrumento de legitimación política, sin discutir con transparencia su financiamiento y sus resultados, representa un riesgo para la estabilidad económica.
La deuda pública tampoco es una abstracción. Se traduce en intereses, compromisos presupuestarios y menos margen para atender hospitales, escuelas, infraestructura, seguridad y servicios básicos.
El Presupuesto de Egresos de 2026 contempla alrededor de 1.30 billones de pesos para el servicio de la deuda. El presupuesto asignado al IMSS supera 1.59 billones. Son dimensiones que exhiben la magnitud de las obligaciones que enfrenta el Estado mexicano.
El peligro es que, ante la presión presupuestaria, se sacrifiquen inversiones productivas y servicios públicos para mantener compromisos políticos y financieros que no pueden seguir creciendo indefinidamente.
IMSS: las reservas no son una caja chica. Particularmente preocupante es la situación financiera del IMSS. Su propio Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos 2024-2025 advierte que los ingresos cubrirían los gastos hasta 2032; posteriormente sería necesario recurrir a las reservas para mantener la operación, hasta llegar a un déficit actuarial a partir de 2037.
No se trata de una denuncia de la oposición, sino de una proyección contenida en los documentos oficiales del propio Instituto. La gravedad consiste en que una institución que debería garantizar atención médica, medicamentos, hospitales, pensiones y prestaciones sociales enfrenta compromisos financieros de largo plazo que requieren decisiones responsables desde ahora.
Las reservas del IMSS tienen una finalidad legal: respaldar los seguros y las obligaciones laborales. No pueden convertirse en una fuente discrecional de financiamiento del gasto gubernamental.
INFONAVIT: el ahorro de los trabajadores bajo sospecha. Todavía más delicado es el debate sobre el INFONAVIT. La reforma publicada el 21 de febrero de 2025 abrió un nuevo esquema de operación para impulsar la construcción de vivienda mediante una empresa filial del Instituto.
El argumento oficial es atender el rezago habitacional y facilitar el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, la modificación también abrió interrogantes sobre la administración de los recursos, la fiscalización, los riesgos de inversión y los mecanismos para garantizar que el ahorro de los trabajadores no termine comprometido en operaciones deficientemente supervisadas.
La legislación establece que las subcuentas de vivienda y los créditos de los trabajadores son inviolables. Precisamente por eso, la transparencia sobre el manejo de los recursos institucionales debe ser una exigencia innegociable.
No basta con asegurar que el dinero está protegido. Hay que demostrarlo con auditorías, información pública, rendición de cuentas y resultados financieros verificables.
El ahorro de vivienda no pertenece al gobierno en turno. Es patrimonio de quienes trabajan, cotizan y esperan construir un hogar después de años de esfuerzo.
La factura llegará a los mexicanos. La combinación de endeudamiento, presiones presupuestarias, bajo crecimiento económico y compromisos crecientes representa un desafío que no puede resolverse con propaganda.
El Gobierno tiene la obligación de explicar cómo financiará sus compromisos sin debilitar las instituciones de seguridad social ni comprometer los ahorros de los trabajadores.
También debe responder si los programas sociales están acompañados de una estrategia de crecimiento económico capaz de generar empleos formales, elevar la productividad y ampliar la recaudación sin asfixiar a los contribuyentes.
Porque repartir dinero no equivale a generar riqueza. Tampoco significa combatir estructuralmente la pobreza.
La verdadera política social consiste en garantizar educación, salud, empleo digno, seguridad, vivienda y oportunidades para que las familias puedan salir adelante sin depender permanentemente de las transferencias gubernamentales.
¿Quién responderá cuando se termine el dinero? La advertencia es clara: México no puede hipotecar su futuro para sostener el presente político.
Si se debilitan las reservas institucionales, se compromete el ahorro de vivienda y se acumulan obligaciones financieras sin una base productiva suficiente, los costos terminarán trasladándose a los trabajadores, pensionados, contribuyentes y nuevas generaciones.
No se puede llamar justicia social a gastar hoy el dinero que mañana necesitarán millones de mexicanos para sobrevivir, curarse, pensionarse o tener una vivienda.
La gran pregunta para Claudia Sheinbaum y su gobierno es quién pagará la factura de la transformación cuando se agoten los márgenes presupuestarios y comiencen a faltar los recursos para sostener sus promesas.
Porque una cosa es gobernar repartiendo dinero público y otra muy distinta es gobernar creando riqueza.
Y cuando el poder confunde el patrimonio de las instituciones con una bolsa disponible para sus proyectos, quienes terminan pagando los platos rotos son siempre los mismos: los mexicanos que trabajan, ahorran y cumplen.
alfredo_daguilar@revista-mujeres.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
