Por: MARIUMA MUNIRA VADILLO BRAVO
De nadie es desconocido que uno de los compromisos que llevaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial fue su lucha contra la corrupción y la impunidad, presentando compromisos, para acabar con el lastre de la corrupción y la impunidad en las esferas políticas y en los sistemas de seguridad e impartición de justicia.
Al llegar a la presidencia, dentro de sus primeras acciones legislativas se encuentra, la de presentar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 108 y 111 constitucional, con el propósito que se retirara el fuero al Presidente de la República cuando se le acusara de cometer una serie de delitos que estimaba eran de extrema gravedad y que causaban un severo daño al Estado y pueblo mexicano.
En México, la percepción de la corrupción venía experimentando una caída continua desde el año 2015, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, fue hasta el año 2019 que México detiene esa caída en la percepción. Sin embargo, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la posición 36 de 36 países miembros.
México en la evaluación del Índice de Percepción de la Corrupción del año 2019, que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países, se encuentra en el lugar 130.
Motivos sobran para aplaudir esta lucha contra la corrupción, en el imaginario colectivo mexicano el eco de la corrupción e impunidad en la actualidad resuena demasiado fuerte, la perspectiva del fuero constitucional que protege a los servidores públicos de alto rango, se ve como una herramienta que les sirve como escudo para realizar abusos en el ejercicio de sus funciones, y por lo tanto a quedar impunes ante toda actividad ilícita, lo que ha llevado al fuero a un rechazo generalizado por parte de los ciudadanos.
La principal justificación de los argumentos de nuestro presidente, radican en que el fuero no debía ser un impedimento para poder sustanciar procesos penales en contra de todos aquellos servidores públicos que tuvieran este supuesto beneficio, ya que el principio de igualdad ante la ley, aunado a la imparcialidad de la justicia, no deberían de hacer ninguna distinción o sujetar a determinados servidores públicos a un criterio meramente discrecional en el momento que cometan alguna falta a la normatividad vigente, basado en una o varias conductas contrarias a derecho.
La constitución vigente en nuestro país, establece una protección a los servidores públicos que consiste en otorgarles inmunidad procesal hasta en tanto lo autorice la Cámara de Diputados, cuando se les impute la comisión de delitos durante su encargo. Esta inmunidad constitucional se creó con la finalidad de proteger el funcionamiento de los poderes públicos y actualmente, también, de los órganos constitucionales autónomos.
No obstante, esta figura está desvirtuada por los propios servidores públicos y se ve como el medio idóneo para sustraerse de la justicia y garantizar la impunidad, por lo que la sociedad reclama con fundamentos sólidos su eliminación.
Ya basta de esos abusos de poder de los funcionarios públicos, desde los que han salido cínicamente a decir que sólo han robado poquito, hasta aquellos que se han coludido con las mafias del narcotráfico, de los que han lapidado los bienes del estado y de los que se enriquecen ilícitamente ostentando cargos públicos, por medio de la corrupción.
Por ello, toma especial relevancia la aprobación en el Senado de la República el pasado 26 de noviembre donde con 89 votos a favor y 23 en contra, se aprobó el dictamen de reforma constitucional para eliminar el fuero presidencial, iniciativa promovida por el presidente, con la cual el primer mandatario podrá ser imputado y juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales, traición a la patria y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier otra persona.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de decreto se remitió a las 32 legislaturas locales para su ratificación, la cual requiere la mitad más una de éstas.
Junto con el aval del fin del fuero presidencial, los senadores pactaron el impulso de una reforma que también desaparezca el fuero de legisladores y se les pueda imputar el mismo cuadro de delitos que al presidente y de todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
La ciudadanía está cansada de la corrupción de los líderes y las instituciones, se necesita una mayor integridad política, seguir impulsando el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en la federación y en las entidades federativas y en los tres poderes. El esfuerzo por controlar la corrupción debe ser de todos.
La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Delegada de Atención Regional en el Istmo del Gobierno del Estado de Oaxaca, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
