ESTADO DE DERECHO
Heraclio Bonilla Gutiérrez
Continuamente escuchamos a distintos actores de la vida pública, hablar de
Estado de Derecho, sin embargo, la mayoría de ellos, especialmente los políticos,
ignoran el significado de dicha expresión.
En mi formación académica, muy temprano aprendí que las palabras, aparte de su
significado, tienen un uso correcto. En ambos casos, es recomendable consultar
los diccionarios.
En nuestro país, dominado por la cultura de la ilegalidad, que junto con la pobreza
y la ignorancia, son la herencia de aproximadamente un siglo de priísmo, los
titulares del poder ejecutivo en los tres niveles de gobierno, tienden a expresar su
resentimiento social, abusando del poder que el cargo les confiere, pero
afortunadamente, sus conductas abusivas están reguladas y sancionadas por los
códigos penales.
Como hombre de izquierda que soy desde mi temprana juventud, y formado bajo
un modelo educativo que enseña a razonar y no solo a creer, tengo una visión
personal de lo que mi país debe ser y trabajo desde mis ámbitos de acción para
que se logre.
Desconfío de los proyectos políticos personales, normalmente mezquinos, porque
la experiencia me ha demostrado que los políticos tienen más coincidencias que
diferencias; no importa la ideología que digan defender, una vez que logran su
objetivo, que no es la transformación social, sino el cargo desde el que pretenden
materializar sus sueños, se vuelven iguales, es decir: otro político.
Estoy seguro que siempre ha sido así, pero hoy, gracias a las redes sociales,
podemos enterarnos en tiempo real de los abusos de poder. Dije que se da en los
tres niveles de gobierno, pero debido a su magnitud, se hacen más visibles los
cometidos por el ejecutivo federal y por los ejecutivos estatales.
Hoy quiero hablar de tres casos ejemplares: el del Fiscal General de la República,
el de la Jueza de Veracruz y el del Fiscal General del Estado de Morelos.
Sobre el primero pesan acusaciones de diversos delitos, entre los que destacan
haber distraído sumas multimillonarias de la Fundación Jenkins, propietaria de la
Universidad de las Américas, así como el encarcelamiento de una anciana sin
prueba alguna, sin embargo, gracias al manto de impunidad que lo cubre desde
palacio nacional, sigue cobrando, que no trabajando, sin que existan evidencias de
que por lo menos se presente en su oficina pública.
La Jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida en la Ciudad de México, con
claros indicios de una persecución judicial por parte del Gobernador de Veracruz
Cuitláhuac García y sus adeptos dentro del poder judicial de ese Estado, violando
sus derechos humanos fundamentales, pues contaba con un amparo, es un caso
que con toda seguridad causará estragos en la tranquilidad de dicho gobernador
conforme se vaya acercando el fin de su mandato. La comunidad judicial estará
muy pendiente para brindarle su apoyo a dicha jueza, pues de lo contrario,
estarían cavando su propia tumba.
La detención del Fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, quien dijo que su
detención tiene como propósito proteger al gobernador de ese Estado, el futbolista
Cuauhtémoc Blanco, quien está siendo investigado en cuatro carpetas de
investigación iniciadas en la fiscalía de la que aún es titular, sí, aún es titular,
porque la primera consecuencia de la declaración de procedencia, es separarlo de
su cargo, lo cual, como es público y notorio, no ha ocurrido.
Este caso, será recordado por mucho tiempo, porque el fiscal, al momento de su
detención, contaba con inmunidad procesal, lo que significa que legalmente no
pude ser sometido a procedimiento penal, debió ser sometido a una declaración
de procedencia y, en su caso, proceder en su contra, tal como ocurrió con Andrés
Manuel López Obrador cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, la obnubilación que sufren los políticos cuando tienen poder, les
hace cometer todo tipo de arbitrariedades, pero cada vez, la sociedad está más
enterada de los mecanismos de defensa en contra de tales actos.
Aclaro, en ninguno de los casos citados, estoy a favor o en contra de la
responsabilidad que pudieran tener los personajes, hablo de la burla a la ley en los
procedimientos. Debemos entender que “La ley sí es la ley”.
Estado de Derecho, es una corriente político-jurídica que surge en el siglo XVIII,
contra los abusos de quienes detentaban el poder público; representa el triunfo del
liberalismo sobre el absolutismo y el despotismo ilustrado; se fue perfeccionando
como lo sigue haciendo hoy, con el mismo propósito.
Una de sus definiciones dice: el Estado de Derecho es el Estado sometido al
Derecho; es decir, el Estado, cuyo poder y actividad vienen regulados y
controlados por la ley.
Derecho y ley, deben entenderse como la voluntad general, es decir, como la
voluntad del pueblo. He dicho que los políticos se sustraen a la realidad y asumen
que ellos son el Estado, el Derecho, la Ley, regresando al nefasto pasado en que
se acuñó la frase “el Estado soy yo”, sin razonar que precisamente contra ese
pensamiento, surgió el Estado de Derecho.
Quienes hoy, gracias al voto popular, ejercen el poder ejecutivo en cualquiera de
los tres niveles en nuestro país, deben tomar en cuenta que su ejercicio es
transitorio y breve, sin embargo, las acciones judiciales en su contra, en la
mayoría de los casos, tienen términos de prescripción mucho más largos.
El acto público que ejemplifica la materialización del Estado de Derecho, es la
protesta que rinde el Presidente de la República y los servidores públicos al tomar
posesión de su cargo: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo
hiciere que la Nación me lo demande”.
Esta expresión mediante la que el servidor público de más alta jerarquía en
nuestro país, se somete voluntariamente a la Constitución y a las leyes que de ella
emanen, formalmente, somete a todos los servidores públicos, del mismo modo
que lo hace con el resto de ciudadanos, al imperio de la ley y de las instituciones
encargadas de aplicarla.
Gobernantes y gobernados quedamos sujetos, de manera general, en las mismas
condiciones a las mismas leyes. Así debiera ser, porque el principio material
fundamental del Estado de Derecho, es la garantía de la dignidad humana, lo que
significa que no hay ciudadanos de primera y de segunda, o que existe una clase
privilegiada y otra desprotegida.
Les sugiero que entiendan que México es un país que vive un Estado de Derecho,
lo que significa que todos los actos de los servidores públicos, están delimitados
por la ley. Ningún servidor público está por encima de la ley, es mejor que lo
recuerden en libertad y no presos.
Chinuni (pilón en mixteco): todos lo mexicanos tenemos el deber de leer nuestra
Constitución Política, pero no solo eso, ese deber se complementa con el
intercambio de ideas respecto de lo que cada uno comprende de su lectura.
