FELIPE SÁNCHEZ
15/JULIO/2026
¿INSTITUCIONAL?
COMPARTO el siguiente comentario que circula en redes sociales sobre un asunto que ha tenido gran impacto en el ámbito noticioso en Oaxaca, al grado que hasta en la “semanera” del gobernador SALOMÓN JARA se abordó el tema.
REPRODUZCO las líneas: “Lo ocurrido en días recientes en Oaxaca rebasó el límite del escándalo político para entrar de lleno en el terreno de lo que analistas y ciudadanos señalan como una presunta ‘mafia institucional’. La retención, según una nota de La Jornada del pasado 13 de julio, de un taxi foráneo con reporte de robo, que mediante rastreo GPS fue localizado presuntamente bajo resguardo o posesión de Heriberto Porras Vásquez —comisionado municipal de Mazatlán Villa de Flores—, destapó una cloaca sobre la cual la ciudadanía ya sospechaba y que hoy cuenta con registros, videos y nombres. No estaríamos ante un simple trámite burocrático lento; se perfila un supuesto modus operandi donde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) mantendría retenidos vehículos de las víctimas bajo el argumento de ‘investigación’, para luego, presuntamente, ser entregados para uso político.
“Frente a la gravedad de los hechos, el gobernador Salomón Jara Cruz optó por una postura que muchos califican de indebida minimización en su conferencia semanal. Lejos de exigir una investigación profunda y una depuración en la Fiscalía, o demandar la entrega inmediata del patrimonio a los verdaderos dueños, Jara intentó justificar la situación bajo la premisa de que ‘pobres autoridades municipales, no tienen para un carro’. ¿Quién puede tomar en serio semejante afirmación?
“Esta posición resulta no solo absurda, sino profundamente cuestionable. Es de dominio público que lo primero que suelen hacer diversas autoridades al rendir protesta no es revisar el bando de policía, sino estrenar camionetas de lujo con cargo al erario. Si el gobernador genuinamente cree que a sus alcaldes les faltan vehículos, la solución es muy sencilla: que les ceda el desfile de camionetas oficiales que diariamente saturan la vía pública en la calle donde él vive o las que rodean sus oficinas. Esas unidades, que frecuentemente complican el tránsito de peatones y vecinos, bastarían para equipar a medio estado sin necesidad de afectar el sustento de un taxista o de un ciudadano particular.
“La gravedad de lo dicho por el gobernador va mucho más allá de una declaración desafortunada; radica en lo que se percibe como la normalización de una irregularidad desde la cúpula del poder. Al declarar abiertamente que él mismo ha solicitado al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla que otorgue estos vehículos asegurados a funcionarios, Jara Cruz habría vulnerado la autonomía constitucional de la FGEO. La Fiscalía es un órgano independiente, no una oficina de asignación de unidades usadas para el Ejecutivo. El resguardo de un auto robado responde a una estricta cadena de custodia a cargo del Ministerio Público bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, no al criterio discrecional de un mandatario.
“Desde una perspectiva jurídica y periodística, las propias palabras del gobernador podrían interpretarse como una presunta autoincriminación. Emitir este tipo de instrucciones y presionar al titular de un órgano autónomo para desviar bienes de particulares hacia el uso de terceros podría configurar conductas contrarias al servicio público, tales como probable abuso de autoridad o desvío de recursos, entre otras. Por su parte, el fiscal Rodríguez Alamilla no podría escudarse en la ‘obediencia debida’; acatar una instrucción contraria a la ley lo colocaría en una posición de probable coautoría en este supuesto desvío de recursos. Lo que el gobernador califica como ‘apoyo a los municipios’ se perfila, en la realidad, como un esquema de presunta corrupción institucionalizada que revictimiza a los ciudadanos. Oaxaca no merece una Fiscalía bajo sospecha de actuar como ‘desmanteladora’, ni un gobierno que valide un supuesto despojo”.
Hasta aquí la reproducción del texto. El debate queda abierto sobre un tema de indudable interés público que exige absoluta claridad de nuestras instituciones.
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