El presupuesto de la venganza
José Antonio Hernández Fraguas
Seguramente esta semana, si no es que hoy mismo lunes, quedará aprobado el presupuesto de egresos de la federación para el año 2024, pues las diputadas y diputados del oficialismo tienen prisa por autorizar, sin cambiarle una coma, el gasto para el próximo año.
En la comisión correspondiente fue aprobado por legisladores de Morena, el PT y el Verde, por mayoría simple, que es la que se requiere para ello, lo que ya se conoce mediáticamente como “el presupuesto de la venganza” y hoy será sometido al pleno de la Cámara para su discusión y aprobación, la que seguro se alcanzará con la mayoría oficialista sin tomar en cuenta los argumentos y las reservas en contra.
El dictamen a discusión contempla una reducción de más de trece mil millones de pesos en el gasto para varios órganos autónomos constitucionales, como el INE, el INAI, el TEPJF y, por supuesto, el Poder Judicial Federal; se reducen los recursos para los estados y los municipios, reforzando un absurdo centralismo, un gobierno de una sola persona, contrario a lo que sucede en la mayoría de países democráticos, en donde se apoya el empoderamiento y fortalecimiento de los gobiernos locales; no considera ni un peso de apoyo para la reconstrucción de Acapulco y los demás municipios de Guerrero afectados por el huracán “Otis” y claro, asigna recursos muy elevados para las obras insignia del sexenio, los proyectos prioritarios del presidente, como el Tren Maya, Refinería Dos bocas y otros.
Se pone en grave riesgo el proceso electoral, pues siendo la más grande de las elecciones en la historia, se reduce el presupuesto de las autoridades encargadas de organizar, garantizar, revisar y sancionar que haya elecciones limpias y que se asegure la posibilidad de que todas y todos los electores puedan participar libremente en la jornada electoral. Y ya se acusa que la intención real con esa disminución de recursos, es la manipulación del proceso electoral.
Se sigue castigando (presupuestal y políticamente) al órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, con lo que, se dice, se busca esconder en la opacidad el uso de recursos públicos para favorecer a las y los candidatos de los partidos afines al régimen.
Y claro, se sigue afectando al Poder Judicial, pues ya se ha probado con suficiencia que, si se le quitan recursos, se pone en riesgo la impartición de justicia en el país y, con ello, se genera un grave daño en la seguridad jurídica de las personas.
En efecto, parece una venganza en contra de aquellas instituciones que son un real contrapeso al Ejecutivo o que no se pliegan a los intereses del régimen, y se hace de lado el principio de división de poderes y de autonomía constitucional consagrados, precisamente, en la Constitución.
Pero para la promoción política sí hay recursos suficientes, como para tapizar el país de propaganda en bardas y espectaculares y en “asambleas informativas”, lo que ya se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en campañas adelantadas con todo cinismo y sin el menor apego a la legalidad. Por ejemplo: el principal promotor legislativo de esos recortes presupuestales, Ignacio Mier, coordinador de los legisladores de MORENA, tiene una grosera cantidad de anuncios espectaculares en todo su estado (Puebla), pues busca ser candidato a gobernador, y en su slogan promocional se anuncia como “el legislador más cercano a AMLO”, con lo que no solo reconoce su obediencia para aprobar todo sin cambiar una coma, sino que acepta la sumisión de una parte del Legislativo para favorecer a un proyecto político. Lo mismo sucede en todos los demás estados de la República, en donde parece que se volvió una mala y desagradable moda publicar la cara de cualquier aspirante a cualquier cargo, con la consecuente contaminación visual y el fastidio de la gente que tiene que soportar esas imágenes, audios, spots, bardas y panfletos.
Todavía no empiezan ni las precampañas, pero en todas partes de México aparecen esas violaciones flagrantes a las leyes electorales. No hay lugar en donde no se note ese despliegue irregular y el despilfarro de recursos, como si se tuviera miedo a la competencia o no se tuviera la seguridad de ganar en buena lid. Hay opiniones en el sentido de que si se donara un porcentaje de ese gasto exagerado para las personas afectadas en Acapulco o para resarcir el daño a la infraestructura, mucho contribuiría a cambiar la situación crítica en la que están viviendo nuestros hermanos de Guerrero, y probablemente sería más eficiente para los intereses de quienes se promocionan, mostrando solidaridad y sensibilidad ante la desgracia.
Castigo y venganza, pues, para quien no acata las disposiciones; olvido en el presupuesto para la atención a los afectados por la naturaleza; reducción de recursos para estados y municipios y simulación y despilfarro en sus prioridades políticas. Así vendrá el presupuesto para el próximo año, a menos que los legisladores escucharan y representaran realmente al pueblo y pudieran cambiar la asignación de recursos para asegurar nuestra democracia, garantizar una eficaz impartición de justicia, conservar los contrapesos, mantener el espíritu republicano y ayudar a quienes realmente lo necesitan. Al tiempo.
