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  • El modus operandi del Estado mexicano es siempre apostar al cansancio de las víctimas y premiar a los funcionarios que sirven para solapar asesinos, sicarios, torturadores, feminicidas y más, si se trata de crímenes ejecutados por elementos del Ejército y de las corporaciones policiacas.

Nora VILLEGAS*

 

CIUDAD DE MÉXICO.– Hace 25 años, el 19 de octubre de 2001, Digan Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho de la calle Zacatecas, en la colonia Roma de la Ciudad de México. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una averiguación previa para esclarecer el caso.

El día de hoy, 19 de octubre de 2026, ninguna autoridad ha podido identificar al autor o autores, ni intelectuales, ni materiales de la muerte de Digna, como siempre, el agente del Ministerio Público de la PGJDF estableció una línea de investigación que apuntaba a que había sido un suicidio, pero Digna habría recibido dos impactos de bala, lo que causó reacciones inmediatas, por parte de la familia y compañeros de Digna Ochoa y Plácido.

Hasta el día de su muerte, Digna Ochoa fue una abogada, veracruzana, que litigaba principalmente, violaciones a los derechos humanos contra personas de origen indígena y campesino, en los que estaban involucrados elementos del ejército y policías.

A pesar de haber recibido dos disparos; uno en la pierna y otro en la cabeza, en la escena del crimen, las autoridades encontraron una nota en la que amenazaban a los colaboradores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), donde Digna trabajaba, que les podría pasar lo mismo; a pesar de haber sido amenazada, secuestrada e interrogada en 1999, las autoridades ministeriales no han dado, hasta la fecha, con los asesinos.

Uno de los encargados de la investigación fue el entonces agente del Ministerio Público Renato Sales Heredia, cuyo papel dentro del caso fue tan pobre y mediocre, que, a petición de la familia de Digna, se tuvo que crear la Agencia del Ministerio Público Especializada para la Investigación de los Hechos del Fallecimiento de la C. Digna Ochoa y Plácido, de la que fue titular Margarita Guerra y Tejada, quien, en 2003, determinó el no ejercicio de la acción penal, debido a que, como resultado de sus investigaciones, Digna se había suicidado.

Sin embargo, pese a la información falsa que se filtró a los medios de comunicación, sobre la vida sentimental de Digna, así como la intención de desacreditar el material fotográfico presentado por la familia de la víctima, en donde Digna presentaba signos de violencia, Margarita Guerra aseguró que la conclusión de la investigación era que se trató de un suicidio simulado.

Es decir, de acuerdo con los hallazgos de la investigación, según la PGJDF, Digna simuló un asesinato, antes de suicidarse. Tras los absurdos argumentos expuestos por las autoridades, los cuales se basaron en pruebas periciales como la ubicación del cuerpo, falta de signos de violencia, falta de señales de haber forzado la cerradura de la puerta, una herida en la pierna izquierda que tenía ocho días de anterioridad, los disparos fueron de contacto, no a distancia, el orden cronológico de las lesiones y la más contundente, que el arma con la que fue asesinada era de su propiedad, como si poseer un arma, impidiera a otra persona, usarla.

Fueron tan graves los intentos de denostación del caso, que, periodistas, intelectuales, peritos especializados extranjeros que consultó la familia, desaprobaron las mentirosas y revictimizantes conclusiones a las que llegó la PGJDF del caso, por lo que su familia lo llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que exigió al Estado mexicano cumplir con el compromiso de reparación del daño ocasionado a la memoria de Digna Ochoa y Plácido, cosa que, hasta hoy, no ha sucedido.

En cambio, el estado ha premiado a Renato Sales Heredia con diferentes cargos públicos, incluso, como comisionado Nacional de Seguridad, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, coordinador Nacional Antisecuestro, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en la entonces Procuraduría General de la República, procurador de Campeche, entre otros puestazos.

Por su parte, Margarita Guerra y Tejada, a pesar de su demostrada ineficiencia en casos jurídicos como el de la muerte del magistrado Polo Uscanga, ha sido magistrada, subprocuradora de Procedimientos Penales en la PGJDF, docente en la UNAM, conferencista sobre violencia familiar, entre otros cargos.

Definitivamente, el modus operandi del Estado mexicano es apostar al cansancio de las víctimas directas e indirectas, al desprestigio de quienes sufren a consecuencia de la violencia estructural y la impunidad y premia a los funcionarios que sirven para solapar asesinos, sicarios, torturadores, feminicidas y más, si se trata de crímenes ejecutados por elementos del Ejército y de las corporaciones policiacas.

 

* Periodista egresada de la UNAM. Amplia experiencia en el campo laboral más por necesidad que por convicción. Amante apasionada de las causas perdidas, de las buenas historias, de la vida, la libertad y sus enjuagues.

norvill_23@yahoo.com.mx