Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- Solo cuatro de cada cien denuncias reciben una sentencia. El 96 por ciento de los casos de asesinatos y desapariciones de personas defensoras en México permanece impune. Por tal motivo, llamaron a generar un plan nacional de implementación y un registro de denuncias.
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Alertaron de investigaciones incompletas en las fiscalías por la omisión de la inclusión de la labor de defensa dentro de las líneas de investigación. De 113 casos de asesinatos y desapariciones documentados entre 2022 y 2026, solo cuatro cuentan con sentencia condenatoria.
Durante la audiencia sobre acceso a la justicia para personas defensoras en México del 197 Período de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la sociedad civil expuso el preocupante número de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y amenazas que enfrentan personas defensoras y periodistas.
Organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras denunciaron ante la CIDH la impunidad en el 96 por ciento de los casos de asesinatos y desapariciones de personas defensoras en México. Por tal motivo, llamaron a generar un plan nacional de implementación y un registro de denuncias. Solo cuatro de cada cien denuncias reciben una sentencia.
La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, señaló que las comunicaciones públicas al Estado mexicano evidencian la persistencia de la violencia contra personas defensoras de Derechos Humanos. Destacó la aprobación del Protocolo y llamó a implementarlo con cooperación.
Saulo Loya, de Tlachinollan, presidió la delegación de personas defensoras de Derechos Humanos de distintos territorios de México que llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos experiencias y propuestas para fortalecer la protección integral y el acceso a la justicia en México.
Marcela de Jesús, periodista y defensora de Derechos Humanos, evidenció la falta de investigaciones con perspectiva de género y enfoques interseccionales, territoriales y comunitarios. Las barreras de acceso a la justicia se agravan para quienes enfrentan discriminación y exclusión.
Sibely Cañedo, de Iniciativa Sinaloa, denunció obstáculos para acceder a las carpetas de investigación, aportar pruebas y conocer avances de las investigaciones. El temor a represalias y la exposición de datos personales también limitan la participación de las víctimas.
Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, en su intervención solicitó en sus peticiones la creación de un Plan de Implementación del Protocolo, un Registro Nacional de Delitos Contra Personas Defensoras, la creación de una Fiscalía Especializada y asistencia técnica de la CIDH.
Los representantes de los organismos de la sociedad civil afirmaron que sin justicia, por la creciente impunidad, persisten los riesgos contra las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, toda vez que la impunidad sienta un precedente altamente negativo de que no hay sanción contra quienes atenten contra las personas defensoras y los periodistas.
Al mismo tiempo, alertaron sobre los obstáculos para el acceso a la justicia ante investigaciones incompletas en las fiscalías por la omisión de la inclusión de la labor de defensa dentro de las líneas de investigación. De 113 casos de asesinatos y desapariciones de personas defensoras documentados entre 2022 y 2026, solo cuatro cuentan con sentencia condenatoria.
Al denunciar esta impunidad ante la CIDH representantes de la sociedad civil organizada exigieron implementar el Protocolo Homologado de Investigación con recursos, plazos y participación de las víctimas. El Estado asumió compromisos, por lo que se dará seguimiento para que estos se traduzcan en hechos y justicia.
El Estado mexicano reafirmó que la protección a personas defensoras se atiende de manera transversal y con disposición al diálogo, reconociendo su función fundamental en el Estado de derecho. Destacó el fortalecimiento de los mecanismos de protección, la coordinación interinstitucional y la implementación obligatoria del Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de estos delitos para todas las fiscalías del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó nota de los esfuerzos e instrumentos institucionales de México como modelo regional, pero advirtió que no es suficiente ante la persistencia de la violencia e impunidad estructural que mantiene al país como un entorno peligroso para la defensa de derechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia contra personas defensoras de Derechos Humanos y la ineficacia de normas e instancias de protección e investigación en México. Lamentó el asesinato de Reynaldo Pérez, en Chiapas, pese a contar con medidas de protección.
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