Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
- Lo preocupante no es únicamente el conflicto social, sino que el gobierno pasa de las patadas mundialistas al juego brusco de la represión política como ha ocurrido en Zacatecas y en la propia Ciudad de México por parte de la policía contra los productores del campo inconformes.
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Reprimir agricultores y transportistas no resolverá la crisis. Exhibirá ante el mundo una realidad que ningún espectáculo deportivo puede ocultar: la existencia de un país profundamente desigual donde quienes producen alimentos y sostienen la economía viven abandonados.
México se prepara para recibir al mundo con estadios llenos, ceremonias espectaculares y el discurso oficial de que el Mundial 2026 mostrará “el rostro moderno” del país. Sin embargo, detrás de la fiesta futbolera crece otro escenario mucho menos glamuroso: el de las protestas nacionales de agricultores y transportistas que denuncian abandono, inseguridad, extorsión y ruina económica.
Lo preocupante no es únicamente el conflicto social, sino que el gobierno pasa de las patadas mundialistas al juego brusco de la represión política como ha ocurrido en Zacatecas y en la propia Ciudad de México por parte de la policía contra los productores del campo inconformes.
Mientras el balón rueda como símbolo de unidad internacional, en carreteras y campos mexicanos se acumula el enojo de miles de productores y operadores del transporte que aseguran haber sido ignorados durante años.
Diversas organizaciones campesinas y transportistas han advertido incluso a la FIFA sobre posibles movilizaciones durante el Mundial, argumentando que la crisis del campo y la violencia en carreteras han llegado a niveles insoportables.
El problema de fondo no nació con el Mundial. Las protestas vienen escalando desde hace meses. Los agricultores denuncian importaciones indiscriminadas de granos, falta de precios de garantía reales y abandono institucional. Los transportistas, por su parte, aseguran vivir bajo el asedio permanente de grupos criminales, cobros ilegales y robos constantes en carreteras.
David Estévez, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) previo a la reunión en la Secretaría de Gobernación, denunció que en lo que va del año, 18 operadores transportistas han desaparecido. No se tiene información de ellos. Las pérdidas son del orden de los 6 mil millones de pesos.
El líder transportista lamentó que los acuerdos firmados en noviembre no se han llevado a cabo cómo se dijo. Exige una respuesta rápida a sus demandas al advertir que las movilizaciones continuarán pese al Mundial de Futbol.
Pero ahora existe un ingrediente adicional: la obsesión gubernamental por proteger la imagen internacional del país ante el escaparate global de la Copa del Mundo. Y cuando un gobierno coloca la imagen por encima de las causas sociales, el riesgo de criminalizar la protesta aumenta peligrosamente.
Las señales ya aparecen. Sectores oficiales han comenzado a insinuar que algunas movilizaciones podrían tener “motivaciones políticas” o pretender “boicotear” el Mundial. Ese lenguaje no es inocente. Históricamente, en México y en muchas partes del mundo, el primer paso hacia la represión consiste en deslegitimar la inconformidad social y convertir a los manifestantes en enemigos del interés nacional.
Resulta paradójico que mientras el gobierno promueve campañas de hospitalidad para los visitantes extranjeros, miles de mexicanos que producen alimentos y movilizan mercancías tengan que bloquear carreteras para ser escuchados. La contradicción es brutal: se invierten miles de millones para garantizar seguridad en estadios, mientras el campesino y el transportista siguen desprotegidos frente al crimen organizado y la precariedad económica.
El trasfondo es aún más delicado. El campo mexicano atraviesa una crisis estructural agravada por políticas comerciales que favorecen importaciones y grandes corporativos agroindustriales. A ello se suma el aumento de costos de producción, sequías, inseguridad y falta de financiamiento. En el caso del transporte, el deterioro de la seguridad carretera amenaza no solo la economía, sino la vida misma de los operadores.
Por eso las protestas no son simples actos de presión política; representan un grito de supervivencia.
Sin embargo, en la lógica del poder, cualquier protesta que empañe un evento internacional suele considerarse una amenaza de Estado. Ya ocurrió en otros países sede de eventos deportivos globales donde las autoridades privilegiaron la “estabilidad mediática” antes que la justicia social. El riesgo de que México siga esa ruta no puede minimizarse.
La tentación autoritaria aparece cuando el gobierno intenta garantizar “orden” a cualquier costo. Entonces llegan los cercos policiacos, los desalojos violentos, las carpetas de investigación, los delitos fabricados y el uso faccioso de la fuerza pública. De las patadas mundialistas en la cancha se pasa rápidamente a las patadas represivas contra quienes protestan en las calles.
El problema es que reprimir agricultores y transportistas no resolverá la crisis. Al contrario, exhibiría ante el mundo una realidad que ningún espectáculo deportivo puede ocultar: la existencia de un país profundamente desigual donde quienes producen alimentos y sostienen la economía viven abandonados.
La verdadera amenaza para la imagen internacional de México no son las protestas, sino la incapacidad gubernamental para atender sus causas. Porque ningún Mundial puede tapar indefinidamente la inseguridad, la pobreza rural, el colapso del campo ni el control criminal de amplias rutas carreteras.
Si el gobierno realmente quiere evitar conflictos durante la Copa del Mundo, el camino no es la represión, sino el diálogo auténtico, los acuerdos verificables y soluciones estructurales. De lo contrario, el balón mundialista podría terminar convirtiéndose en símbolo de una dolorosa contradicción nacional: un país que celebra goles frente a las cámaras mientras patea a sus propios ciudadanos detrás del espectáculo.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
