NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS nestoryuri@yahoo.com
Andrés Manuel López Obrador introdujo en México la figura de la revocación de
mandato como una supuesta figura de democracia directa, una oportunidad para
que los ciudadanos pudieran decidir si el presidente en funciones debía continuar o
ser destituido antes de concluir su periodo. Sin embargo, la experiencia de 2022
demostró que, en manos del gobierno de AMLO, esta figura se convirtió en un
instrumento de control político disfrazado de participación ciudadana. Lo que
debería ser un mecanismo de rendición de cuentas se transformó en un acto de
legitimación para un régimen que controla todas las instituciones del Estado.
La teoría de la revocación es SIMPLE: si un presidente incumple o pierde la
confianza de la población, puede ser removido de su cargo. En la realidad, su
eficacia depende de la independencia de las instituciones que la aplican, de la
pluralidad de los medios de comunicación y del equilibrio de los poderes. Ninguna
de estas condiciones existe hoy en México.
El proceso de revocación de 2022 puso de relieve estas distorsiones. La consulta
enfrentó una participación mínima, mientras el gobierno desplegaba recursos
públicos, comunicación oficial y movilización de simpatizantes para asegurar un
resultado favorable, la oposición, dispersa y sin acceso a medios ni recursos
equivalentes, quedó marginada. La “consulta democrática” se volvió así una farsa:
un mecanismo diseñado no para medir la voluntad ciudadana, sino para reforzar la
narrativa oficial de un presidente popular e indispensable.
La retórica oficial ha sido igualmente preocupante. Presentar la revocación de
mandato como expresión de la “voluntad del pueblo” implica reducir la política a
una dicotomía: apoyar al presidente o ser etiquetado como enemigo del pueblo,
conservador y neoliberal.
El fenómeno mexicano no es único. Regímenes populistas de distintos países han
usado mecanismos de “democracia directa” para consolidar su poder. En América
Latina, plebiscitos y referendos se han convertido en herramientas para legitimar
decisiones del Ejecutivo y desactivar la oposición. La clave está en el control del
aparato estatal y la capacidad de influir en la opinión pública: quien controla los
medios, los recursos y la logística electoral puede prácticamente garantizar
cualquier resultado.
El problema estructural es evidente: la revocación de mandato solo funciona como
verdadera herramienta democrática cuando las instituciones que regulan su
aplicación son autónomas. En México, la concentración de poder en manos del
Ejecutivo y su partido ha convertido este mecanismo en un instrumento de
manipulación y legitimación. El INE y el TRIFE son hoy meros instrumentos al
servicio del ejecutivo.
La historia enseña que la participación ciudadana no puede sostenerse en un
sistema donde las instituciones clave están subordinadas. México necesita órganos
autónomos, medios independientes y contrapesos efectivos que garanticen que la
democracia no dependa del carisma de un líder. Sin esto, figuras como la
revocación de mandato sirven más para reforzar la autoridad de quien gobierna
que para ofrecer mecanismos reales de rendición de cuentas.
Hoy, la revocación de mandato en México es más ritual que herramienta. Su
existencia no ha alterado la concentración del poder; por el contrario, ha
normalizado la dependencia política de los ciudadanos y ha reforzado la narrativa
de un presidente emérito intocable y una presidenta sometida a sus órdenes.
Mientras las instituciones democráticas siguen debilitándose, la única voz que
permanece libre es la de la prensa independiente, cuya resistencia se vuelve crucial
para mantener un mínimo de equilibrio y vigilancia sobre quienes detentan el
poder.
En conclusión, la revocación de mandato, lejos de ser una conquista ciudadana, se
ha convertido en un símbolo de la fragilidad institucional mexicana. No es la
democracia directa lo que peligra, sino la capacidad de los ciudadanos de influir en
decisiones políticas cuando el poder se centraliza y los contrapesos desaparecen.
México enfrenta hoy un dilema: continuar legitimando un gobierno absoluto bajo
la ilusión de participación o reconstruir instituciones que permitan que la
democracia funcione de verdad, más allá del teatro de las consultas y los
plebiscitos.
Aplicada la revocación al ámbito de lo local es simplemente repetir los vicios de lo
que hizo AMLO durante su gobierno. El gobernador Jara tiene el control absoluto
de las instituciones locales, el control de muchas plumas y portales digitales y, lo
principal, el control del dinero. Con estos controles, una revocación será solo una
farsa que terminará por provocar el efecto contrario. En lugar de que el gobernador
rinda cuentas, terminará alzándose como triunfador y artificialmente fortalecido.
