- Por José Antonio Hernández Fraguas.
Así la discusión en el Senado de la República ante la tragedia de Ciudae Juárez, en la que 39 personas perdieron la vida, encerradas, sin ningún apoyo, en medio del fuego y desesperadas por tratar de salir de una celda ilegal ( “albergue” le llaman ), ante la indolencia de los guardias o empleados del área de Migración del gobierno federal.
Las y los senadores, en un intenso debate, se dijeron de todo, desde la exigencia de la renuncia inmediata de los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y del titular de Migración, acusados de ser los responsables de lo que llamaron crimen de Estado, hasta la defensa exagerada y abyecta del gobierno por parte de sus incondicionales, pasando por la necesidad de citar a comparecer a esos funcionarios para que den una explicación ante el rotundo fracaso de la política migratoria en el país.
Este lamentable suceso, en el que pierden la vida y terminan gravemente lesionados un número muy importante de personas de Centro y Sudamérica, destapó la corrupción, la incompetencia y hasta la frivolidad con que es tratado en nuestro país un tema tan delicado.
Primero, el presidente acusa a los migrantes que estaban privados de su libertad, de iniciar una protesta, insinuando que ellos son responsables de su propia muerte; luego, el secretario de Gobernación le pasa la responsabilidad a Marcelo Ebrard, ya que por un acuerdo interno, es Relaciones Exteriores a quien le competen los asuntos de migración, aun cuando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo defina ese tema como responsabilidad única de Gobernación y, al final, el canciller le regresa la pelota a Adán Augusto López, su competidor por la candidatura presidencial, mientras el titular de Migración permanecía escondido, sin dar la cara.
La secretaria de Seguridad Pública, por instrucciones directas de su jefe, se presenta al otro día de los hechos, en una conferencia de prensa, a decir lo de siempre, que se investigará hasta las últimas consecuencias, que no se cubrirá a ningún responsable, sea quien sea, y que la FGR realizará lo que le corresponde para determinar quienes resulten los posibles culpables de esa tragedia. Después se anuncia que ya se ubicó a ocho posibles responsables y que ya hay cuatro órdenes de detención, por supuesto, para los guardias y empleados de menor nivel, luego se dice que es una empresa privada la que estaba contratada para la seguridad en ese “albergue”. De renuncias o ceses, nada obviamente, pareciera que la indicación fue: Cuiden a mis corcholatas y a mi amigo, el titular de Migración.
Las reacciones a nivel internacional y en el ámbito interno no se hicieron esperar, generando una conciencia general de que lo sucedido es un crimen de Estado y, por tanto, debe asumirse la responsabilidad por el gobierno federal, castigar a quien resulte responsable y revisar su política migratoria para evitar que sigan sucediendo esos abusos y atrocidades en el trato a los migrantes que cruzan por el país para llegar a Estados Unidos.
Cuando ocurrió la tragedia en la guardería ABC, culparon al ex presidente Calderón; con la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, culparon a Peña Nieto; ahora, se cae la Línea 12 del Metro y la culpa es de los pernos; ahora mueren 39 migrantes y la culpa es de ellos mismos. Este gobierno no pierde, siempre hay otros datos, se elude la responsabilidad de una manera simplona y cínica, basta con que el presidente diga que ya no son iguales, para que no se reconozca nada que pueda afectar su proyecto político.
En este caso, el gobierno mexicano tenía bajo su custodia y resguardo a esas personas, que al enterarse que iban a ser deportados a sus países de origen, protestaron quemando las colchonetas en que dormían, y cuando el fuego fue incontrolable, lo humano y lo protocolario hubiera sido que se abriera la puerta de la celda para evitar la desgracia, pero al contrario, nadie buscó la forma de apoyarles, seguramente por seguir las instrucciones, por incapacidad o por miedo, prefirieron verlos morir encerrados, lo que implica una grave responsabilidad para el estado en ese lamentable crimen.
¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Decía efusivamente el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, en ese debate del miércoles pasado. ¿Qué más tiene que pasar, para que se garantice una política migratoria eficiente, que vele por los derechos humanos y que asegure un trato digno a quienes salen de sus países de origen y pasan por México para buscar un mejor futuro, así como nosotros exigimos el mismo trato para los connacionales que cruzan la frontera con Estados Unidos?
Ante las constantes fallas del gobierno, la polarización creada a propósito desde la presidencia, ante la indiferencia y la intolerancia, ante las descalificaciones y los insultos y ante la notoria incapacidad y la soberbia de no reconocer que se ha incumplido con lo que se ofreció a la nación, siempre con salidas fáciles y cómodas, la interrogante es, efectivamente, ¿qué más tiene que pasar para que se reaccione? ¡Cuidado, el pueblo bueno también se cansa!
