Lizbeth Bravo
En México, una mujer puede conquistar una candidatura, ganar una elección, ocupar una regiduría, una presidencia municipal o cualquier otro espacio de poder y, aun así, descubrir que llegar no significa estar a salvo.
La violencia política contra las mujeres tiene muchas caras. Algunas empiezan con insultos, campañas de desprestigio, amenazas, acoso digital, obstáculos para ejercer un cargo, cuestionamientos sobre su vida privada o ataques dirigidos contra su cuerpo y su familia. Pero en los casos más extremos, la violencia política deja de ser una metáfora, se convierte en una bala.
El problema es que México todavía no tiene una estadística oficial que permita saber con precisión cuántas mujeres han sido asesinadas específicamente por violencia política en razón de género. Y esa ausencia también dice algo. El Instituto Nacional Electoral cuenta con un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; al 10 de marzo de 2026 acumulaba 476 registros ordenados por distintas autoridades, correspondientes a 432 personas inscritas por resoluciones relacionadas con VPMRG desde septiembre de 2020. Pero ese registro contabiliza personas sancionadas, no homicidios.
Es decir, sabemos que la violencia existe, sabemos que se denuncia, sabemos que se sanciona, pero todavía no contamos con una estadística nacional que permita dimensionar cuántas mujeres han sido asesinadas por ejercer o intentar ejercer poder político. Y mientras las estadísticas tienen ese vacío, los nombres existen.
Gisela Gaytán fue asesinada el 1 de abril de 2024 mientras iniciaba su campaña por la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Había solicitado seguridad para realizar su campaña. Murió a tiros durante un acto proselitista.
Esmeralda Garzón, regidora de Tixtla, Guerrero, fue asesinada en junio de 2024 cuando hombres armados le dispararon al salir de su domicilio. No era candidata en aquella elección, pero era una mujer con presencia política en un territorio marcado por la violencia criminal.
En 2025, la violencia volvió a mostrar que el poder municipal puede convertirse en una zona de riesgo mortal para las mujeres.
Yesenia Lara, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, fue asesinada durante una caravana de campaña. En el ataque murieron también otras tres personas y tres resultaron heridas.
Días antes, en Jalisco, Cecilia Ruvalcaba, regidora de Teocaltiche, enfermera y excandidata a la presidencia municipal, fue asesinada dentro del hospital comunitario donde trabajaba. Los agresores ingresaron al lugar y fueron directamente por ella. El móvil del crimen no estaba esclarecido en ese momento.
Estos casos deben analizarse con cuidado, no sería correcto afirmar automáticamente que todos fueron feminicidios o que todos fueron asesinatos cometidos por razones de género. Corresponde a las investigaciones ministeriales y judiciales determinar el móvil. Pero tampoco podemos ignorar el patrón, mujeres que participan en la vida pública asesinadas en territorios donde ejercer poder significa disputar intereses políticos, económicos y criminales.
El propio INE reconoce que la violencia política contra las mujeres puede manifestarse mediante amenazas, hostigamiento, agresiones, campañas de desprestigio, estereotipos y expresiones discriminatorias. Es una violencia que pretende desalentar la participación de las mujeres y reproducir desigualdades históricas.
Durante el proceso electoral judicial 2024-2025, el INE documentó que las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación concentraron 94.1% de los casos de violencia política de género identificados en medios convencionales y 98.3% de los registrados en redes sociales. En medios predominó la violencia simbólica, mientras que en redes sociales el ciberacoso tuvo un peso importante.
Primero se intenta desacreditar a la mujer. Después se cuestiona su capacidad. Se habla de su apariencia, de su familia, de su vida sexual, de sus vínculos, de su carácter. Se le acusa de ambiciosa, manipuladora, histérica, incompetente o corrupta. Se construye una narrativa para convencer a los demás de que ella no debería estar ahí.
El propio INE señala que entre 2009 y 2024 las mujeres constituyeron la mayoría del electorado participante en los procesos electorales y que hoy existen órganos de representación con integración paritaria. Pero la propia institución reconoce que persisten desigualdades, particularmente en el ámbito municipal, y que la paridad todavía no se traduce en condiciones libres de violencia.
Por eso necesitamos mejores registros, investigaciones con perspectiva de género, mecanismos efectivos de protección, fiscalías capaces de investigar los móviles políticos y de género, sanciones que no se queden en el papel y, sobre todo, una política de Estado que permita identificar cuándo una agresión contra una mujer que participa en política forma parte de un patrón de violencia destinado a impedirle ejercer sus derechos.
