Darle la vuelta a la ley…

José Antonio Hernández Fraguas

Hace poco más de tres semanas inició formalmente, oficialmente, el proceso electoral que nos llevará a elegir al o la titular del poder ejecutivo federal, a 128 senadores y senadoras de la República, a 500 diputados y diputadas federales, independientemente de los procesos electorales locales en los que se elegirán gobernadores o gobernadoras en 9 estados y diputadas y diputados locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en la gran mayoría del territorio nacional, en la que será la más grande elección de nuestra historia. Aunque en los hechos, en la realidad, ese proceso inició de manera anticipada hace varios meses, con las abiertas y descaradas campañas disfrazadas de procesos internos que terminaron con la definición, realmente, de quienes serán las dos candidatas a la presidencia de la República de los dos frentes que agrupan a varios partidos políticos, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, más lo que decida en su momento Movimiento Ciudadano.

Durante el desarrollo de esos procesos, se ha violado flagrantemente la ley y la Constitución, principalmente los artículos 41 y 134 de la misma, por parte de distintos servidores públicos, destacadamente el presidente de la República, y por los partidos, sus dirigencias y sus aspirantes, lo que deja claro que la intención es darle la vuelta a la normatividad electoral y no respetar ni los tiempos ni los límites legales, pues aún no comienza siquiera el periodo de precampañas.

Vaya complicación para el INE y el TEPJF, pues tendrán que poner orden en el proceso, ya que de no hacerlo, puede descomponerse de tal manera que se podría llegar hasta la imposibilidad de realizar las elecciones o de anularlas por violaciones graves a la legalidad. Se sabe que hay más de 1000 quejas y denuncias por actos anticipados de precampaña y de campaña que deberán ser resueltos por la comisión correspondiente del INE a la mayor brevedad posible, también que la comisión de fiscalización de ese mismo órgano, debe resolver respecto al gasto que se realizó en pintas de bardas, espectaculares y todo tipo de propaganda utilizada en esos “procesos internos” y, aunque ya se han dictado varias medidas cautelares para evitar que se sigan cometiendo faltas a la legalidad, la verdad es que los actores políticos que son notificados se burlan de las mismas aduciendo que serán acatadas, pero en realidad se profundiza en las irregularidades. Tal es el caso de la imposición de la obligación para que en las conferencias mañaneras del titular del ejecutivo, se publique un cintillo que deje claro que no se puede hacer menciones de ningún tipo que violen la legalidad electoral, a lo que el presidente respondió, con burla, que se acatará, pero que también incluirá su propia leyenda para que los conservadores, los fifís, los neoliberales no vean ese programa porque puede lastimarlos. De ese tamaño es la negación a cumplir con la normativa electoral.

¿O el cínico incumplimiento de la ley será premeditado ante la posibilidad de perder la presidencia o la mayoría en el Congreso? Pareciera que hay la clara intención de descarrilar el proceso electoral para que, si fuera necesario, no se reconozcan los posibles resultados desfavorables, por eso, las autoridades electorales deben sancionar severamente cualquier simulación o abierta violación a las normas, trátese de quien se trate, y garantizar que las distintas etapas del proceso electoral puedan desarrollarse con estricto apego a la legalidad y en las mejores condiciones democráticas.

Hay otro caso de supuesto desconocimiento de la ley que llama la atención: ante la indefinición de Movimiento Ciudadano respecto de quién pudiera ser su candidato presidencial o si se suma al frente opositor, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, levantó la mano para buscar esa candidatura, pero ante la posibilidad de que el congreso local no le autorice la licencia para retirarse del cargo, pues él no cuenta con mayoría necesaria para tal fin y los tres partidos que sí la tienen, el PRI, el PAN y el PRD, ya declararon que no autorizarán tal solicitud, al señor gobernador se le ocurrió deslizar la idea de que la candidata de ese partido pudiera ser su esposa, olvidándose, porque no puede desconocer, que para ocupar el cargo de presidente de la República se requiere tener 35 años y su esposa no alcanza esa edad. No le basta al gobernador querer hacer senadora a su esposa, ahora soltó una nueva ocurrencia. Darle la vuelta a la ley, pues.

Dura tarea la del INE y la del Tribunal Electoral, por eso, la ciudadanía debe seguir apoyando fuertemente a esas instituciones, es lo que nos queda para salvar nuestra democracia. Al tiempo.