Ernesto Ruiz
“La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano tan vital como el agua o el buen pan.”
Edward Abbey
En la costa de Oaxaca, hablar de territorio costero no es referirse únicamente a una franja de arena con alto valor inmobiliario o turístico. Las playas, dunas, humedales y sistemas lagunares forman parte de un equilibrio ecológico complejo donde convergen procesos naturales indispensables para la vida marina, la seguridad de las poblaciones costeras y la propia economía regional. Sin embargo, ese equilibrio vuelve a verse amenazado por decisiones de infraestructura tomadas sin rigor técnico ni respaldo legal. El caso más reciente ocurre en Zicatela, donde el Ayuntamiento de Santa María Colotepec impulsa la construcción de un estacionamiento sobre la franja costera.
Esta obra resulta todavía más grave si consideramos el momento histórico que vive este litoral. En marzo pasado, Puerto Escondido —con Zicatela como uno de sus ejes emblemáticos— fue consagrado oficialmente como la 14ª Reserva Mundial de Surf por la coalición internacional Save The Waves, un reconocimiento que abarca cerca de 10 kilómetros de costa y ocho olas de clase mundial. Aunque no es una declaratoria con fuerza legal, tampoco es un simple trofeo turístico: conlleva un plan local de conservación, entre cuyas prioridades está atender la erosión de Zicatela, y supone un compromiso público con la protección de las dunas y la prevención del desarrollo costero insostenible. Contradecir ese estatus metiendo maquinaria y cemento en el frente de playa es dar la espalda al mundo y poner en riesgo el patrimonio natural que sostiene la identidad de la región.
Durante los últimos años, bajo la bandera del “reordenamiento urbano” o del impulso al turismo, diversas autoridades municipales han caído en la tentación de confundir desarrollo con planchas de concreto. Nadie niega que la movilidad y la falta de espacios para vehículos en Zicatela y Brisas de Zicatela representen un problema cotidiano. El error radica en pretender resolver un conflicto vial sacrificando ecosistemas altamente vulnerables. Hay alternativas: estacionamientos ubicados fuera de la franja costera, conectados con la playa mediante transporte local y andadores peatonales.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿puede una autoridad municipal ejecutar obras de infraestructura junto al mar sin contar con autorizaciones ambientales federales? La respuesta es contundente: no. Y no solamente por una razón de prudencia ecológica, sino por mandato expreso de la legislación ambiental mexicana.
De acuerdo con el artículo 28, fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las obras y actividades en ecosistemas costeros, así como en sus litorales o zonas federales, requieren previamente la autorización en materia de impacto ambiental expedida por la SEMARNAT. Y la propia ley no deja lugar a dudas sobre lo que esto abarca: su artículo 3, fracción XIII Bis, define como ecosistemas costeros a las playas y a las dunas costeras. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha exhibido públicamente ninguna autorización en materia de impacto ambiental para esta obra.
A ello se suma un segundo frente de ilegalidad. Si la obra ocupa la Zona Federal Marítimo Terrestre, el Ayuntamiento necesita además una concesión o un acuerdo de destino otorgado por la SEMARNAT; sin ese título no puede disponer de un bien de la nación. Y como a las playas de Oaxaca arriban cada temporada tortugas marinas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, cualquier obra en la franja de arena debe respetar la NOM-162-SEMARNAT-2012, que establece las especificaciones para proteger su hábitat de anidación.
Desde el punto de vista científico, la importancia de las dunas costeras está ampliamente documentada. La doctora Patricia Moreno-Casasola, investigadora del Instituto de Ecología (INECOL) y referente obligado en el estudio de las costas mexicanas, ha documentado en diversas obras que las dunas protegen a la costa durante tormentas y huracanes, funcionan como una barrera que impide que el agua de mar salinice los pozos y terrenos costeros, y son hábitat de numerosas plantas y animales, entre ellos las tortugas marinas que necesitan la playa para desovar. Además, actúan como reservorios naturales de arena que alimentan las playas y las rompientes. Compactar la arena, remover vegetación pionera o verter concreto sobre estos sistemas rompe el intercambio de arena entre la duna y el mar, acelera la erosión de la playa, puede alterar la calidad de la ola de Zicatela y aumenta el riesgo de inundaciones para los propios habitantes y prestadores de servicios.
Paradójicamente, el verdadero desarrollo no está peleado con el medio ambiente; por el contrario, depende de su conservación. Destruir la franja natural de Zicatela para meter más automóviles hasta la orilla de la playa es una contradicción urbana y económica: se deteriora precisamente el ecosistema que sostiene la declaratoria de Reserva Mundial de Surf y la vida turística y deportiva de toda la costa.
Por ello, desde este espacio expreso mi plena solidaridad con la comunidad surfista, los comités de gestión de la Reserva Mundial de Surf, los colectivos ambientalistas, las personas vigilantes de playa y los vecinos de Zicatela y Brisas de Zicatela que han levantado la voz en defensa de su territorio costero. Su exigencia no es un capricho ni un obstáculo al progreso; es la defensa legítima del derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución.
Según la información con la que cuento, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se han presentado alrededor de cien denuncias por esta obra. La Procuraduría no puede guardar silencio: el artículo 191 de la LGEEPA la obliga a notificar a cada denunciante, dentro de los 10 días siguientes a su presentación, el trámite que le dio a su denuncia. Hago, en consecuencia, un llamado enérgico a la Profepa para que actúe sin dilación e inicie el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia que corresponde, ordene la clausura inmediata de las obras que carezcan de autorización en materia de impacto ambiental y, en su caso, presente ante la Fiscalía General de la República las denuncias penales que procedan, como se lo exige el artículo 182 de la misma ley. Y a quien todavía no lo haya hecho: cualquier persona puede presentar una denuncia popular ante la Profepa (artículo 189 de la LGEEPA).
Al final del día, defender las dunas y las playas de Zicatela no es solamente una causa ambiental. Es una exigencia de legalidad, congruencia institucional y justicia intergeneracional. La ley ambiental no admite excepciones cuando el infractor es una autoridad municipal; por el contrario, el gobierno debe ser el primero en cumplirla. En tiempos donde la crisis climática golpea con mayor fuerza nuestras costas, estoy seguro de que el futuro de Oaxaca no se construye sepultando sus ecosistemas bajo el cemento, sino respetando la naturaleza y haciendo valer el Estado de derecho.
