- Por Mtro. José María Villalobos Rodríguez.
Con el antecedente de tres Convenciones Nacionales Fiscales (1925, 1933 Y 1947 y de tres Convenciones Nacionales de Causantes (1947, 1948 y 1950) y al no lograrse ponerse de acuerdo entre si los Gobernadores, renunciaron a gran parte de sus potestades tributarias y las cedieron al gobierno federal. Las reformas constitucionales de 1942 dieron pie a la generación del actual sistema de participaciones a los Estados y Municipios bajo la idea de reparto coordinado de los ingresos captados por la Federación. Producto de este entendimiento fue la creación de una forma coordinada de reparto en materia de ingresos mercantiles (60% federal, 40% estatal y la obligación de compartirla con los municipios). La primera Ley de Coordinación Fiscal data de 1953.
Es hasta 1980 que se aprueba por el Congreso un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sobre mejores bases jurídicas. Nace, entonces, el Impuesto del Valor Agregado (IVA) que reemplaza al Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles (ISIM). La Ley de Coordinación Fiscal (publicada en 1978 y vigente en 1980) tuvo hasta enero de 1988 un capítulo quinto denominado «De los fondos de aportaciones federales».
Esta estabilidad de flujos de ingresos para estados y municipios contribuyó a que creciera su dependencia financiera sobre los recursos federales – haciendo de lado el crecimiento de ingresos propios, pese a según el Informe de 1988 la Suprema Corte de Justicia aclaró que la múltiple tributación (concurrencia impositiva) no es anticonstitucional.
La evolución de las fórmulas de reparto en los cuatro últimos sexenios ha ido incorporando algunos elementos de subsidiaridad (que los estados prósperos apoyen a los que aún no lo son). Pese a su buena intención los flujos de mayores ingresos para las entidades con mayor atraso socioeconómico proveniente de estados prósperos no han dado el resultado deseado a causa de una confusa estrategia de gasto local más orientado a apaciguar protestas de liderazgos carroñeros en vez de fortalecer la calidad y cobertura de servicios públicos básicos. Para rematarla las dos descentralizaciones (salud y educación) implementadas por el Presidente Ernesto Zedillo fueron fallidas.
Engendraron un sin fin de abusos en todo el territorio nacional. En salud, la pandemia vigente del COVID 19 los exhibió claramente y la actual zozobra financiera de los gobiernos locales tiene sus raíces en tales descentralizaciones.
Hace tres meses que el gobernador del estado de México presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte (número de registro 10078) el primero de julio 2021 en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre los resultados relativos a la población del Estado de México que proyectó que se desprenden de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva
Edición (ENOEN) Cifras durante el Primer Trimestre del 2021 publicada el 17 de mayo el Censo 20201 del INEGI- que fue la primera encuesta en usar los datos del Censo 2020.
La razón de esta discrepancia radica en que al reducir el número de habitantes al Estado de México se le restaron cerca de 400 millones de pesos por concepto de participaciones federales a su gobierno y afectó además a sus municipios. En su demanda el Gobierno del Estado de México solicita que la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos de la Dirección Adjunta de
Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP realice el cálculo de la liquidación provisional de participaciones federales para el resto del año 2021 tomando como base para ello la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el Primer Trimestre de 2021 y de manera indirecta el Censo de Población y Vivienda 2020 y el marco de muestreo de Viviendas -citados en la propia encuesta. Es correcto el reclamo del Gobernador del Estado de México.
El andamiaje federación – estados – municipios tiene en los datos de INEGI su pilar. Si existe alguna duda sobre la metodología debe estar abierto al escrutinio judicial o ciudadano. ¿Por qué es tan relevante la veracidad en la información demográfica geoestadística? Veamos los casos recientes de los miles de familias por las inundaciones de 2021 que han descubierto irregularidades sobre la tenencia de la tierra y el uso de suelo. Al verificar el padrón de damnificados en el cerro del
Chiquihuite- en el estado de México- salieron sinfín de documentos falsos sobre el uso de suelo, omisión en permisos de construcción y en la comprobación del registro catastral que respalda los derechos de propiedad.
Han surgido muy a la mexicana pseudodamnificados que buscan mediante engaños obtener gratis fondos federales. Las tecnologías de la información disponible a bajo costo -como los drones- permiten obtener evidencias cuando se trata de engañar para medrar con dinero públicos. Así en el sexenio 2000- 2006 se utilizó la verificación satelital del uso del suelo agrícola en el censo de cafetaleros para asigna apoyos ante la caída internacional de precios. Se encontraron miles de «cafeticultores de a mentiritas»- declaraban predios ociosos como zonas de cafetales. Especialmente en Veracruz se tuvo un ahorro significativo y se logró depurar el padrón de verdaderos productores.
Igualmente es factible usar tecnología para eventos como el flujo migratorio hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano- que parece llegó para quedarse. Miles de extranjeros porfiaran en llegar al cielo de la frontera norte (Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo) pensando alcanzar el sueño americano dispuestos a pagar el purgatorio de ingresar por la frontera sur (Chiapas) y atravesar México.
Con el apoyo de traficantes será mayor la cantidad de gente que prefiera vivir bajo del puente en Nuevo Laredo que donde gobiernan los Mara Salvatrucha o en sitios donde el cambio climático con huracanes o sequías arrasó su calidad de vida. Como nación «federal» no estamos preparados fiscalmente para que de inmediato estos aspirantes se asienten en suelo urbano próspero.
Urge en México construir nuevos acuerdos fiscales entre ciudadanía y los niveles de gobierno e instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para protección a Refugiados y los gobiernos de origen y destino de esta gente. Hace años que entre la Unión Europea y Turquía se implementó un financiamiento comunitario a favor de Turquía que le paga a esta nación un apoyo anual per cápita por refugiado sirio que recibe.
De no tomar medidas eficientes, sincronizadas y humanitarias la inseguridad –que ya permea en amplias zonas de nuestro país- terminará por cubrir el territorio que le falta controlar. Por los eventos aquí esbozados urge una reforma hacendaria integral.
A junio de 1980 México contaba con 67 millones de habitantes, para 2025 el Consejo Nacional de Población proyecta que seremos 133 millones 352 mil 400. En el ámbito fiscal actual un salto poblacional de tal dimensión en el ámbito no se cura con aspirinas o medidas paliativas. El tiempo apremia.
