- Por Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Lo que importa es quién organiza las elecciones, cuenta los votos y declara quién ganó, puesto que la organización y fiscalización de las elecciones poco a poco se ha ido complicando. Primero, las casillas eran instaladas en las iglesias y las parroquias, pues la circunscripción electoral era la parroquia, por lo que después de contar los votos, los integrantes de la casilla participaban en una misa solemne en la parroquia correspondiente. El primer cambio importante fue la secularización de las elecciones, por lo que la circunscripción electoral dejó de ser la parroquia y aparecieron los distritos electorales. La organización electoral estaba, entonces, completamente descentralizada y los responsables de ver que se establecieran las mesas directivas de casilla, obviamente fueron las autoridades locales, es decir, municipales y de las entidades federativas.
En 1946, con una primera ley electoral federal aparecieron las autoridades electorales centrales, una comisión electoral de vigilancia electoral; con lo que el gobierno federal tomó a su cargo la organización de las elecciones federales, contar los votos y declarar quién había ganado. A nivel local, los responsables de esta tarea fueron los gobiernos de las entidades federativas. El partido del gobierno era el que siempre ganaba y los partidos de oposición, pequeños y sin candidatos ganadores, no tenían dinero para hacer campañas electorales como las que hacían los candidatos del partido del gobierno; ni tenían recursos legales para hacer valer sus inconformidades, porque ni había recursos legales idóneos ni tribunales ante los cuales hacerlos valer.
Fue hasta 1977, después de que solo hubo un candidato presidencial registrado sin opositor alguno, salvo uno de carácter simbólico, sin registro; que vino una reforma electoral importante para dar algunos recursos a los partidos opositores y facilitar su formación y registro como partidos políticos. Para unos fue una buena oportunidad de fortalecer lo que ya hacían o para empezar a participar políticamente y reivindicar su ideología y propuestas, en tanto que para otros fue una magnífica oportunidad para hacer buenos negocios. Hubo, entonces, partidos opositores de a deveras y hubo también, como hasta la fecha, partidos opositores de mentiritas.
En 1990 y 1996 hubo dos reformas electorales muy importantes porque crearon y consolidaron autoridades electorales independientes tanto para la organización de las elecciones como para resolver las controversias que necesariamente surgen en las contiendas electorales -desde luego que ha habido otras reformas, pero no de igual calado-. Obviamente que estas reformas fueron resultado de una negociación entre el entonces partido gobernante y sus partidos opositores, que ya para ese momento la mayor parte o al menos los más importantes eran partidos opositores de a deveras; que en cada elección no quedaban satisfechos ni con los resultados ni con los procedimientos electorales vigentes, y entonces, había que corregirlos. La iniciativa de ahora es una propuesta del presidente sin negociación previa, pero que su mayoría legislativa podrá aprobar sin cambiarle una coma como veremos adelante.
En 2014 le dieron una retocadita a dichas instituciones; a una le cambiaron de nombre, de Instituto Federal Electoral lo cambiaron a Instituto Nacional Electoral, al que le agregaron algunas cosas nuevas que hacer; la otra institución siguió llamándose Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también con otra retocadita en su organización y procedimientos judiciales. Se suponía que lo más importante era que ya de entonces en adelante la persecución de los delitos electorales quedaría a cargo de un flamante órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y de paso que el presidente pudiera optar por un gobierno de coalición, lo que nunca ha sucedido.
Salvo la autoridad penal electoral que siempre se ha mantenido a la expectativa para lo que se ofrezca, pues en términos generales sólo ha hecho valer la acción penal para meter a la cárcel a los que falsifican credenciales de elector, tanto el INE como el TEPJF han podido garantizar elecciones auténticas, y no de mentiritas como eran las de antes. Tan es así que ya van tres veces que ha habido alternancia de partidos políticos en la presidencia de la república y en un montón de gubernaturas de las entidades federativas, no se diga en las presidencias y cabildos municipales. Desde luego que esto no ha resuelto los problemas del país, pero al menos ha sancionado a quienes han hecho mal su trabajo y abierto la oportunidad para que otro lo intente, gracias al voto de los electores. Se supone que para esto sirve la democracia electoral auténtica.
Lo curioso del asunto es que el candidato que ganó la elección presidencial en 2018 y cuya coalición partidista obtuvo ya hasta dos veces la mayoría en las Cámaras legislativas federales, además de que en los últimos cuatro años los candidatos de su coalición partidista han ganado veinte gubernaturas en las entidades federativas -todas esas elecciones organizadas directamente por el Instituto Nacional Electoral- resulta que ahora acusa al INE de ser un árbitro balín y propone una reforma constitucional en materia electoral. El asunto parece curioso, pero en realidad es siniestro, veamos por qué.
Se supone que en la época actual, en México, un proceso electoral, el que sea -federal, estatal o municipal-, es un proceso de control de gestión no solo de la eficiencia y resultados, sino también de la ética en el manejo de los recursos públicos. Desde luego, que en esa evaluación o intención de voto influyen otras cosas, como la marca partidista, el carisma del candidato, el dinero y propaganda de que dispongan. Pero de cualquier forma se supone que con una autoridad electoral independiente va a ganar el que en verdad tenga más votos, sin que haya hecho trampa o que haya mano negra en los resultados cantados.
Veamos ahora todo esto desde otro punto de vista de ver el asunto. El actual presidente de la república fue muy perseverante para llegar a la presidencia; tan es así que después de haber perdido dos veces se levantó de la lona y ganó. De paso hay que reconocerle también que nunca aceptó ni reconoció una derrota, siempre las victorias de sus opositores fueron resultado de fraudes electorales, según su dicho, y sin duda mucha gente le creyó y algunos le siguen creyendo. Desde luego, que cuando él ganó nunca hubo fraude, también según él y sus seguidores, aunque ya hayan empezado a salir algunos datos sobre la forma como financiaba sus campañas, por ejemplo. Pero lo que viene al caso e importa es la seguridad de que a él solo le gusta ganar, así es que hará todo lo posible para seguir ganando; lo que de entrada no debería tener nada de malo.
Pero, por lo ya expuesto es de suponerse que la iniciativa de reforma electoral es para seguir ganando las elecciones con un árbitro que, a diferencia del todavía actual al que tanto ataca, cuente los votos y se equivoque cuando tenga que equivocarse para que el presidente y su partido no vayan a perder. Pues la mera verdad es que los asuntos esos del gobierno y sus resultados como que no le han salido muy bien. Algunos porque de suyo eran difíciles, como el asunto de la seguridad, y otros porque solito se complicó las cosas, como en el caso de la desaparición del Seguro Popular al que sustituyó con una institución, el INSABI, que luego luego tuvo que desaparecer. Peor todavía con el caso de los aeropuertos, uno que dejó casi a la mitad de la construcción, con muchas sanciones que pagar, y otro al que le dio una manita de gato pero que hasta la fecha no funciona ni sirve para gran cosa, no obstante que ya lo inauguró con bombo y platillo, igual que una refinería que anda en las mismas. De las relaciones internacionales mejor ni hablamos esta vez.
Si a esto le agregamos el asunto de la militarización de la administración pública federal; de la falta de reglas de operación y de resultados objetivos para superar la pobreza que se supone tratan de reducir o abatir los programas sociales de su gobierno y, peor todavía, la utilización de fondos públicos reservados para actividades prioritarias específicas que se han destinado y se piensan destinar a sufragar el gasto público habitual o gasto corriente -donde se han volado la barda es con el asunto de las pensiones, que desde luego habré de abordar con todo detalle otro día-, además del endeudamiento externo e interno creciente. Pues es de suponerse que, en las elecciones de 20224, sea que se postule candidato otra vez mediante las reformas constitucionales necesarias, o que lo haga por interpósita persona, todo indica que ya no va a recibir más votos que todos sus opositores juntos, como sucedió en 2018; salvo que el árbitro esté vendido o comprado.
Así es que como coinciden en describir y demostrar todos los analistas independientes, académicos e imparciales del contenido de la reforma constitucional que el presidente y sus voceros pregonan, defienden y tratan de hacer pasar como una necesidad urgente, solo se trata de una artimaña para lograr tener una autoridad electoral a modo y abatir a sus opositores, aunque a algunos los tenga en el exilio, a otros en la cárcel, unos más perseguidos y los demás debidamente intimidados. Por lo que algunos partidos opositores que antes se suponían de a deveras, ahora, ya resultaron de mentiritas, pues ya hasta avalan que el INE, o como se vaya a llamar, no maneje el padrón electoral y que ellos mismos reciban menos financiamiento electoral legal y menos tiempo en radio y televisión.
Desde luego, que la perspectiva de esos analistas académicos, independientes e imparciales a los que me he referido es una convicción con la que coincido completamente; los detalles de la iniciativa presidencial ya los expuse en diferentes colaboraciones tanto en estas páginas digitales como en entrevistas en otros medios y en foros académicos universitarios. Pero que con gusto volveré a reseñar y analizar, ahora, en el debate legislativo en la materia.
- Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México (tres tomos. Centro de Investigación Jorge L. Tamayo); Las Reformas de 1996 (Centro Tamayo); Temas de Derecho Procesal Electoral (tres tomos, Secretaría de Gobernación); Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); El Presidencialismo Mexicano en la 4T (Universidad de Xalapa); Crónica de una dictadura esperada (Amazon); El presidencialismo populista autoritario mexicano de hoy: ¿prórroga, reelección o Maximato? (Amazon).
