Alexandra MARTINEZ DE AGUILAR*
Durante el último mes, el escenario político mexicano ha sido testigo de significativos movimientos legislativos, marcados por la presentación y discusión de iniciativas de reforma. A continuación, se destacan algunas de las más relevantes en el mes pasado, que abarcan temas cruciales como la representación política, la seguridad nacional, la protección del ahorro social y la lucha contra el lavado de dinero.
Reforma Electoral
El tema podría tratarse en el próximo curso legislativo, que comienza en septiembre para buscar reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), recortar el financiamiento público de los partidos y modificar el sistema de legisladores plurinominales para evaluar la posibilidad de eliminarlos. En caso de aprobarse esta última medida, su implementación se llevaría a cabo después del proceso electoral de 2027 con el objetivo central es limitar la participación en el Congreso de la Unión de personas que no fueron electas de manera directa, es decir, que no recibieron el voto ciudadano en las urnas para cerrarle el paso a intereses particulares y prácticas de reparto de cuotas partidistas.
Reforma a la Ley de la Guardia Nacional (GN)
Se aprobó, en lo general y en lo particular con modificaciones, la nueva Ley de la Guardia Nacional, compuesta por 96 artículos. Esta legislación incluye diversas disposiciones secundarias que regulan la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre los aspectos clave se establece que el titular de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de General de División y será designado por el Secretario de la Defensa. Asimismo, se autoriza a la GN a llevar a cabo operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones, utilizar “usuarios simulados” y acceder a datos georreferenciados, siempre con autorización judicial. También se otorgan nuevas facultades al Ejército, incluyendo la posibilidad de que sus integrantes se postulen a cargos de elección popular. Para ello, los militares deberán solicitar una licencia especial conforme al artículo 44, fracción III, de la Ley de la GN. Esta disposición se complementa con el artículo 55, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que los aspirantes no se encuentren en servicio activo ni ejerzan mando policial al menos 90 días antes de la elección.
Reforma a la Ley del Seguro Social
Se reformaron los incisos a) y b) de la fracción II, así como el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, con el objetivo de fortalecer la protección de los ahorros individuales y regulares los retiros parciales por desempleo de la subcuenta de retiro.
Tras la reforma, se contemplan dos modalidades de retiro: Si la cuenta individual tiene al menos tres años de antigüedad y el trabajador ha cotizado 12 bimestres, podrá retirar en una sola exhibición un monto equivalente a 30 días de su salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas. Si la cuenta tiene cinco años o más, podrá retirarse la cantidad que resulte menor entre: 90 días del salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas, el 11.5% del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o las semanas disponibles, si fueran menos de 250.
Modificaciones a la Ley Antilavado
El Senado aprobó, en lo general y en lo particular, diversas modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Estas reformas otorgan mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir el financiamiento al terrorismo y al narcotráfico. Se obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a notificar a la UIF cuando se detecten posibles delitos de lavado de dinero, con el fin de presentar denuncias, identificar redes delictivas, recuperar activos y evitar la impunidad. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) queda facultada para solicitar información a cualquier autoridad o ente autónomo sobre operaciones sospechosas. También se reformó el artículo 51 de la Ley, para que se proporcione toda información y documentación requerida por la SHCP en el ejercicio de sus funciones.
Un cambio adicional relevante es el establecimiento de montos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS) en lugar de pesos, para identificar operaciones inusuales, como depósitos en efectivo a tarjetas de crédito o de prepago, así como pagos de honorarios, cuando no se actualicen los registros en los padrones de proveedores. Por ejemplo, un depósito de 90 mil pesos podría considerarse sospechoso si no se cumplen los requisitos de registro.
Por otro lado, la presidenta informó que mandará 17 iniciativas de reforma a diversas leyes para el periodo extraordinario de sesiones (concluyó el 2 de julio) mientras que las reformas al Poder Judicial (se discutirá el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley para el Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo) y a la Ley de Salud (se analizará en materia de vapeadores) quedarán pendientes para su posible aprobación en septiembre de 2025.
*Lic. en Ciencias Políticas interesada en aprender continuamente de todo y de todos.
